IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Los registros sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información que lleva de forma permanente el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) evidencian que el manejo informativo por parte del gobierno nacional sobre la salud del presidente de la República Hugo Chávez ha sido poco transparente y ha tenido como correlato un discurso agresivo hacia la prensa nacional y extranjera.
Diversos representantes del Poder Ejecutivo, de manera recurrente, descalifican, intimidan y acusan a los periodistas y medios de desconocer la legitimidad del gobierno, por el hecho de presentar informaciones, desde diversas fuentes, sobre la situación de salud que afecta al primer mandatario nacional.
Desde que el Presidente informó, el 8 de diciembre de 2012, que debía someterse a una nueva intervención quirúrgica, en Cuba, por la aparición de nuevas células cancerígenas, debido a una reincidencia del cáncer que padece desde mediados del 2011, representantes del Poder Ejecutivo, han acusado a los medios de comunicación nacionales y extranjeros de mantener una “campaña de desestabilización”, por el supuesto manejo “mal intencionado” de la cobertura informativa del estado de salud del mandatario y la situación de la conducción del país en su ausencia del territorio nacional.
Pluralidad y diversidad de los medios en riesgo
En este contexto, se ha registrado el inicio de procedimientos administrativos sancionatorios, ha habido un uso recurente de las alocuciones oficiales obligatorias, de radio y televisión (mayormente, en cadena nacional) y la utilización reiterada de los medios estatales para la divulgación de mensajes en los que se criminaliza la labor informativa de los medios privados e independientes. Esta situación atenta contra los fundamentos de pluralidad y diversidad en los que se asienta la libertad de expresión, principio indispensable en la convivencia democrática. Asimismo, estas reacciones oficiales contra la prensa desfavorecen el clima sociopolítico en el país, que además, está marcado por la imprecisa y escaza difusión, de parte del sector oficial, de información corroborada con fuentes calificadas, pertinente y oportuna; así como la por la generación de rumores, que podrían afectar la estabilidad del país. Esta situación responde a la radicalización de una política gubernamental que limita el acceso a la información pública, derecho fundamental que permite a los ciudadanos conocer, sin ningún tipo de sesgo, detalles sobre los asuntos de interés colectivo, en relación a las instituciones estatales y los funcionarios públicos. De esta manera, la opacidad ha marcado la estrategia informativa del gobierno nacional en cuanto a la enfermedad del presidente de la República Hugo Chávez. La claridad, precisión y calificación de informaciones especializadas han sido los grandes ausentes. A pesar que Nicolás Maduro, vicepresidente de la República, y Ernesto Villegas, Ministro de Comunicación, ha enviado al país alrededor de 30 mensajes oficiales sobre la salud del Presidente, desde el 10 de diciembre de 2012, estos comunicados carecen de rigurosidad, por lo que se puede considerar que los medios de comunicación y los ciudadanos no han podido conocer información médica validada, de manos de profesionales certificados de esta área, que describan la situación de salud que ha afectado al primer mandatario nacional, desde junio de 2011. Asimismo, la sociedad en general no ha tenido acceso a un informe especializado, preparado por una junta médica venezolana que puntualice esta situación. Ante este panorama, se limita el derecho de los ciudadanos a saber las condiciones detalladas sobre la salud del presidente de la República, por ser información de interés colectivo, y se violentan los principios de la libertad de expresión e información pública, consagrados en los artículos 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Estado de salud del presidente como información de interés público
La actitud que han mantenido de las autoridades públicas hacia los medios y los periodistas, ante el manejo informativo de la salud del Presidente, ratifica una agudización de las limitaciones y la hostilidad que afecta la libertad de expresión en el país, en los últimos años.. Así lo constatan los datos de IPYS Venezuela en 2012, cuando se contabilizaron, al menos, 200 casos de ataques y agresiones contra trabajadores y empresas de comunicación social. Esta cifra representa el mayor registro de violaciones contra la prensa, en los últimos 10 años; incluso duplicando los casos registrados en 2011, cuando se reportaron 94 incidentes. De igual manera, los representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han querido subordinar la libertad de expresión e información apelando al respeto a la privacidad, del presidente de la República, olvidando que la información precisa, rigurosa y especializada, sobre el estado del primer mandatario nacional, es un asunto primordial de interés para todos los sectores de la sociedad, con fundamento en los artículos os artículos 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público” (Principio Nº 10). Y agrega: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” (Principio Nº 11). Siendo la condición de salud del Presidente de la República una situación que afecta sus funciones, resulta fundamental que los ciudadanos tengan acceso a información, clara y oportuna al respecto. Ante estos hechos que colocan en riesgo la garantía y el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, IPYS Venezuela exhorta al Estado venezolano a informar, con basamentos de una junta médica, de manera clara, real y transparente, sobre el estado de salud del Presidente. Asimismo, solicita cesar con la sistemática hostilidad hacia la labor de la prensa nacional y extranjera y garantizar las medidas necesarias para que los periodistas y medios de comunicación ejerzan su labor sin ningún tipo de riesgo, amenazas y censura. De igual manera, IPYS Venezuela hace un llamado a los periodistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros, a realizar su labor informativa apegados a los principios éticos que fundamentan el ejercicio periodístico. A continuación, se presenta un análisis sobre el ataque a los medios de comunicación y las dimensiones de las limitaciones al acceso a la información pública promovidas por el gobierno nacional en el manejo informativo en relación al estado de salud del Presidente.
1.- Poder ejecutivo criminaliza la labor informativa de la prensa
IPYS Venezuela presenta una reseña de los obstáculos que ha enfrentado la prensa en Venezuela, durante la cobertura informativa sobre la salud del presidente y los retos para la vida democrática, ante el inicio de un nuevo periodo constitucional. Asimismo, estos hechos reiterados comportan un riesgo para el pleno respeto, garantía y respeto a la libertad de expresión e información, según lo planteado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, no se corresponden con los principios estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
Procedimientos Sancionatorios
La Tele, Candela Pura 91.9 FM, y Es 96.9 FM
Durante estos días, se han iniciado investigaciones contra medios de comunicación por supuestas infracciones. Uno de los casos, ocurrió el 03 de enero de 2013, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), dependencia ejecutiva encargada de la regulación de las actividades de telecomunicación en el país, adscrita a la Vicepresidencia de la República, abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra la televisora privada, La Tele; y las emisoras Candela Pura 91.9 FM, y Es 96.9 FM (medios con sede en Caracas, Distrito Federal) por no haber transmitido la cadena nacional de radio y televisión, de obligatoria difusión por disposición de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, y Medios Electrónicos. Estos mensajes obligatorios y recurrente resultan contrarios a los principios de pluralidad y diversidad que sustentan la libertad de expresión. Estos procedimientos administrativos sancionatorios podrían derivar en sanciones a estos medios. Pedro Maldonado, director de Conatel informó: “se pudo verificar que existieron tres medios de comunicación que no se pegaron a la cadena presidencial y uno de ellos se pegó con algún retraso o la transmitió con algún retraso”. Ésta era una alocución oficial del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en la que ofrecía un boletín vinculado al estado de salud del Presidente Hugo Chávez. Pedro Maldonado, director de Conatel que este organismo está vigilante para “realizar cualquier tipo de procedimiento administrativo que permita salvaguardar los derechos a la paz, a la tranquilidad y al sosiego del pueblo venezolano”
Globovisión:
El 09 de enero de 2013, por presuntamente incitar al “desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas”, y generar “zozobra”, y “alteraciones del orden público”, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un procedimiento administrativo sancionatorio a la planta televisiva privada Globovisión. Esta investigación se realiza por la difusión de 4 micros audiovisuales referentes a artículos de la Constitución Nacional, y comparaciones de declaraciones de autoridades del Estado Venezolano. Esta acción incluyó una medida cautelar mediante la cual se ordenó a la televisora retirar los micros del aire de forma inmediata, lo que constituye una acción de censura, contraria al derecho a la defensa y al debido proceso. Para Conatel, la divulgación de estos contenidos por parte de Globovisión podría considerarse como una “presunta conducta infractora”, debido a que pudiesen “promover el odio o las intolerancias por razones políticas, hacer apología o incitar a las alteraciones del orden público, fomentar la zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público; o que se desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas, podrían ocasionar una importante lesión al interés público, la soberanía y la seguridad de la nación”. Éste es el octavo procedimiento administrativo que inicia Conatel contra Globovisión, medio que mantiene una línea crítica de la gestión gubernamental actual en el país. En uno de ellos se le aplicó una sanción administrativa, que comprendía una multa por la cobertura informativa del canal. Con este precedente, de aprobarse este procedimiento administrativo sancionatorio por parte de Conatel, según el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, se pudiese aplicar una “multa de hasta un 10% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción, y/o suspensión hasta por setenta y dos horas continuas de sus transmisiones”. En el caso de que ente regulador considere que el medio reincidió en la infracción, pudiese revocar la “habilitación administrativa y concesión”, permisos otorgados para la operación de la planta televisiva.
Ver Alerta: Investigan a planta televisiva por presunta incitación al desconocimiento de autoridades ejecutivas
Esta investigación coincidió con las declaraciones que había ofrecido horas antes, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; y Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, en alocuciones en vivo transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión, quienes solicitaron a Conatel sancionar a Globovisión por crear zozobra y manipular la información al realizar una errada interpretación del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se refiere al inicio de un nuevo período constitucional, así como el procedimiento de juramentación del presidente electo mediante votaciones populares. Posteriormente, el 10 de enero de 2013, el ministro de Comunicación e Información avaló este procedimiento y argumentó que el canal tenía derecho a la defensa y que había que esperar los resultados de la investigación que realiza Conatel. Además, dijo que la planta televisiva había hecho un uso irresponsable de la Constitución al no mostrar por completo su artículo 231.
Uso abusivo del poder estatal
Representantes del poder ejecutivo han ofrecido declaraciones contra las actuaciones de los medios de comunicación y los periodistas. Estas acciones, que han sido reiteradas, demuestran un uso abusivo del poder estatal, para desacreditar la labor informativa de la prensa en Venezuela.
Guerra psicológica
El 03 de enero de 2013, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, en cadena nacional de radio y TV, leyó un comunicado oficial que expresaba: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela advierte al pueblo venezolano sobre la guerra psicológica que el entramado mediático trasnacional ha desatado alrededor de la salud del Jefe del Estado, con el fin último de desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela, desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre y acabar con la Revolución Bolivariana liderada por Chávez. Propósitos éstos que chocan con la férrea unidad del Gobierno Bolivariano, el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alrededor del liderazgo e ideario político del Comandante Hugo Chávez”
Estos planteamientos fueron ratificados, el 04 de enero de 2013, por el movimiento Periodismo Necesario, coalición de comunicadores sociales y periodistas, que mantienen simpatía con la gestión del Presidente Hugo Chávez, al manifestar que los medios privados tienen el “propósito de generar zozobra en la población” y realizan un manejo informativo inadecuado sobre la salud del primer mandatario nacional. Por su parte, el 16 de enero de 2013, Roy Chaderton, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, en durante la sesión permanente de esta instancia, calificó al canal privado Globovisión como una “guarida (nido) de delincuentes mediáticos”. Chaderton hizo esta aseveración en respuesta a la intervención del embajador de Panamá, Guillermo Cochéz ante el organismo sobre la situación de Venezuela, y sus recientes declaraciones a Globovisión.
Contra la prensa extranjera
El Vicepresidente de la República en varias oportunidades, ha acusado a los medios internacionales de tratar de “crear incertidumbre” e “irrespetar” al pueblo venezolano. El 03 de enero de 2013, en una alocución oficial en cadena nacional Maduro señaló: “han salido artículos, declaraciones en diarios españoles como ABC (…) o Radio Caracol de Colombia, que todos los días irrespeta o pretende irrespetar el pueblo de Venezuela, que se meten con las cosas más sensibles de la vida del comandante Chávez, como lo son sus hijas, sus hijos, su madre, su padre, sus familiares. Radio Caracol, aquí al lado en Colombia, ha (utilizado) su página web (como) fuente de mentiras, manipulaciones, de campañas para tratar de crear incertidumbre”. En su línea discursiva contra la labor de la prensa nacional e internacional, Maduro agregó: “no exageramos cuando decimos que esos periodistas de esa ultraderecha tienen un alma miserable. Absolutamente, miserable, y responden a planes antipatria”
Antes de este hecho, el Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, descalificó una nota periodística titulada “Crecen los rumores sobre la muerte de Chávez”, escrita por Milagros Rodríguez, colaboradora de la agencia de noticias italiana Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata). La periodista señalaba que en Caracas se generaban nuevos rumores ante las “incongruencias” de los partes médicos del Presidente, ofrecidos por autoridades ejecutivas del país. En reacción, en una alocución oficial del 21 de diciembre de 2012. Maduro señaló: “pedimos respeto ante estos titulares, ¡ya basta!, pedimos que respeten a los familiares del presidente Chávez, a sus padres, hermanos y a todo el pueblo venezolano”. También, dijo que la nota desarrolla “un conjunto de especulaciones, de mentiras, de incongruencias, de gente que no existe”. Agregó: “Ellos dan esta noticia, que luego ponen a recorrer en las redes sociales, y para luego justificar la noticia realizan entrevistas fantasmas, nosotros decimos responsablemente que el Presidente está estable, cumpliendo con su tratamiento y atendido por sus médicos”.
Ver Alerta: Vicepresidente de la República descalificó trabajo periodístico de una agencia de noticias extranjera
El Colegio Nacional de Periodista exigió al Vicepresidente de la República y a las autoridades cesar sus descalificaciones, respetar la labor informativa de los periodistas, y a garantizar el acceso de la prensa a los hechos noticiosos que ocurren en el país.
2.- Control informativo y opacidad vulneran el derecho de los ciudadanos a saber
Estos ataques a la prensa se han derivado del control informativo que ha mantenido el Poder Ejecutivo sobre la enfermedad del Presidente. Desde junio de 2011, los ciudadanos y los medios de comunicación no han conocido información clara, completa y especializada, sobre el estado de salud del Presidente. La vocería de la enfermedad del Presidente la asumió el mismo primer mandatario, desde sus inicios hasta el 8 diciembre de 2012, cuando informó que debía someterse a una nueva intervención quirúrgica por la aparición de nuevas células cancerígenas. Desde ese tiempo, el Vicepresidente de la República y el Ministro de Comunicación e Información han dirigido al país alrededor de 30 comunicaciones oficiales, que no han mostrado un sustento riguroso de especialistas de la medicina que confirmen y expliquen al país la situación de salud del Presidente. Por esta razón, aún cuando las autoridades ejecutivas alegan haber comunicado al país, a través de alocuciones oficiales de radio y TV, de manera diaria, sobre el estado de salud del primer mandatario
http://youtu.be/7OSgZAZsQOc
Ver También: Así se ha informado sobre la salud del presidente Chávez durante los últimos 2 meses
Ver También: Cronología informativa de la salud del Comandante Presidente Hugo Chávez (+Videos)
En Venezuela ha prevalecido una política de secretismo, con información controlada por el Estado, que no se están sustentadas en informes públicos de una junta médica, que puedan confirmar estos hechos. Asimismo, las autoridades ejecutivas han enviado reiterados mensajes en los que se intenta resguardar el derecho a la privacidad del Presidente por encima del derecho a la información pública, aun cuando se trata de un funcionario público y en cuyo caso el acceso a la información pública debe ser una garantía suprema como en toda sociedad democrática.
De manera emblemática, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, dijo el 10 de enero de 2013, que:
Nadie ha ocultado que el Presidente ha atravesado por una situación compleja y delicada. Aquí ha habido infinidad de comunicaciones a la nación. De hecho, pregúntale a este pueblo si está informado o no. El pueblo sabe que Chávez está pasando por una situación compleja y difícil, que es lo importante, al fin y al cabo; no si le acaban de agarrar una vía o si le acaban de tomar una muestra de sangre. Eso no, eso forma parte de la privacidad de todo ser humano. Todo el que ha tenido un familiar o ha estado enfermo, lo comprende. Se sabe que el Presidente tiene una situación compleja y difícil, que tiene una insuficiencia respiratoria producto de una infección pulmonar, eso lo hemos dicho, y él está batallando.
Por su parte, el 5 de enero de 2013, en el marco de la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, Vicepresidente de la República manifestó que el Presidente de la República “tiene derecho a su privacidad y a recuperarse”.
Por ello, exhortó a los medios a que:
Respeten la democracia”, a apegarse apéguense a la verdad y “no jugar con candela” (advertencia de no incentivar a la violencia). También, hizo la advertencia: “tenemos cargos públicos, vamos a actuar para que se respete al pueblo de Venezuela.
3.- Supremacía del interés colectivo debe prevalecer en el manejo informativo oficial
En esta coyuntura que atraviesa el país, hay que recordar que debe garantizarse la supremacía del derecho a la libertad de expresión y a la información, debido a que debe prevalecer el interés público de conocer y manejar información completa y acertada sobre la salud del principal dirigente del país.
En palabras de Héctor Faúndez, abogado, experto en esta área,
La actividad de los funcionarios debe ser transparente, y debe desarrollarse a la luz pública; después de todo el propósito de la libertad de expresión es, precisamente, poder juzgar y evaluar la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas.
Agrega que la vida privada de los funcionarios públicos, no puede desligarse de los asuntos de la administración del Estado. Explica:
La forma como una persona conduzca su vida privada, además de reflejar su carácter, también permite juzgar su honestidad y pulcritud en el manejo de los asuntos del Estado, así como su capacidad física y mental para hacerlo correctamente.
Faúndez, 2004. Los Límites de la libertad de expresión, pág. 652
Sin embargo, la presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Moreales, en una entrevista en el programa Contra golpe transmitido por Venezolana de Televisión el 21 de enero de 2013, aseguró:
Tenemos una información permanente del estado de salud del presidente de la República. Hay una línea muy delgada que hay que respetar. El presidente tiene derecho a la privacidad de su persona, y además el derecho a la salud. Entonces, sería perturbar una situación que viene de una manera natural desenvolviéndose, con los médicos de su confianza, y de su familia. No tendría ningún sentido, que nosotros irrumpiéramos de una manera irrespetuosa en la privacidad del jefe del jefe de Estado, en este momento.
Asimismo, manifestó:
En este momento no hay condiciones objetivas para que permitan al Tribunal Supremo de Justicia plantear la necesidad de una junta médica.
Evidencias y Veracidad
Entre tanto, la Alianza por la Libertad de Expresión, coalición de ONG, organizaciones gremiales y académicas venezolanas, de la que IPYS Venezuela forma parte, exhortó a los “poderes públicos a que presenten a la brevedad información clara, completa, de fuentes calificadas, con pruebas y evidencias que permitan la comprobación de su veracidad, que no requiera un acto de fe por parte de los ciudadanos, sobre el estado de la salud del presidente, que ayude superar con suficiencia las dudas que surjan en cualquier sector de la sociedad”
La proporción de información transparente, validada y sin ningún tipo de sesgo de parte de las autoridades gubernamentales del país garantizará que los todos poderes públicos, en respeto a la institucionalidad e independencias, así como las diversas instancias de la vida pública, y los ciudadanos en general puedan tomar decisiones acertadas sobre la conducción de sus actividades rutinarias, e incidirá en que cesen las especulaciones y rumores.
