Censurado pero no derrotado. Así se siente el realizador Pocho Álvarez, a casi dos meses de que la firma española Ares Rights, a nombre de EcuadorTV , lograra bajar de YouTube.com su corto ‘Acoso a Intag’ por haber usado sin permiso imágenes del canal público.

“Ni siquiera usé insultos, lo único que dije es que la palabra de la presidencia de la República ensombrece porque no dice la verdad”, asegura Álvarez, quien nunca había escuchado de esta compañía, que reclamó los derechos de autor por las imágenes de EcuadorTV.

En la sabatina 341 del 28 de septiembre, el presidente Rafael Correa arremetió contra la gente de Intag por haberse resistido a la minería, una resistencia que realizan desde hace 15 años, y su ministro José Serrano lo sabe porque fue su abogado por algunos años, relata Álvarez, al recordar que cuando oyó eso se le descompuso el alma. Por eso decidió usar imágenes de su película ‘A cielo abierto, derechos minados’ (2009) con unas pocas de esa sabatina, citándola, y subir un video de 9 minutos a YouTube.

Cuando el corto tenía como 3.000 visitas lo bloquearon y cuando otras personas lo subieron nuevamente lo volvieron a bloquear, asegura Álvarez, quien lleva la cuenta de que la censura se dio cinco veces.

Pero, añade, además de la censura aquí lo que existe es el quebrantamiento de todos los derechos de autor y el más elemental es el de la cita. “Hay una realidad de persecución a aquello que al Gobierno le incomoda, es la evidencia más clara de que se busca controlar las redes sociales, se busca sacar del aire aquello que le incomoda al poder”, reflexiona.

Hace dos semanas Álvarez preestrenó su nueva obra, sobre la vida y pensamiento de Fernando Conejo Velasco, intelectual de izquierda que murió en un accidente en 1978 sin ver el retorno a la democracia por el que había luchado. Sabe que esta obra podría no ser bienvenida, pero “la crítica que no molesta se llama adulo”.

Álvarez no es el único censurado por reclamos de la compañía Ares Rights. En YouTube se han bajado el corto Cómo miente el presidente de la República, que se refiere a los insultos de Correa al cantautor Jaime Guevara y las protestas por la explotación del Yasuní, subido por EcuadorLibreRed, y el documental Rafael Correa: Retrato de un Padre de la Patria, del colombiano Santiago Villa.

Villa logró que su documental fuera puesto nuevamente en la web al enviar una carta a YouTube en la que argumentaba que había tomado imágenes de EcuadorTV con su respectivo crédito y que estas eran de interés público por lo que había hecho “uso legítimo” de ellas. En definitiva que se estaba violando su derecho a la libre expresión y que la intención de Ares Rights era política.

Ares Rights también actúa con Google, Twitter, Scribd y otras empresas de EE.UU., donde está vigente la Ley de Derechos de Autor Digitales del Milenio (DMCA por sus siglas en inglés) y que protege los derechos de autor en la Internet. Como ya advirtió Adam Steinbaugh, abogado que tiene un blog sobre temas legales y tecnología, algunos reclamos de Ares Rights son infundados pues caen en el “uso legítimo” de imágenes de Ecuador TV y, en otros casos, esta registra contenido digital que no sería de su propiedad.

Steinbaugh cita los sucesos de junio pasado cuando se posteó en Twitter una foto de un cartel de “Wanted” (Se busca). Esta incluía la foto de Jorge Glas Viejó, acusado de violar a una menor de edad y dejarla embarazada. Casi inmediatamente, desde Barcelona, Jonathan Palma Ruiz registró esas imágenes como suyas en Safecreative, Ares Rights pidió a Twitter quitar esa foto de la cuenta “Gordita Horrorosa” y lo logró. En el formulario que envió vía correo electrónico, Ares Rights indicó que sabe que podría ser demandada por no reportar correctamente el supuesto abuso de derechos de autor y aseguró, bajo juramento, tener autorización del propietario.

Ares Rights no es una empresa muy activa en redes sociales. En Facebook tiene 39 seguidores, mientras que en Twitter tiene 37 y en el 2013 ha posteado solo en once ocasiones.

En su sitio web (www.ares-e.com) solo ha subido un video en el que se promociona como una empresa que lucha contra la piratería. Con un capital de 3.100 euros, Ares aparece como parte del Grupo Microsat (ver imagen), de Barcelona, con servicios de “control de contenidos y reputación en Internet”.

De acuerdo con bases de datos abiertas españolas, su administrador, desde abril pasado, es Juan Casals Casals, quien reemplazó a Juan José Nos. Estas dos personas, junto a Ricard Soler Kopp y María Teresa Losada Pérez aparecen indistintamente y reemplazándose unos con otros, como administradores o apoderados, en más de una veintena de empresas cuyas actividades van desde la construcción hasta la venta de software. Dieciséis de las 25 firmas tienen sede en la calle Marina, en Barcelona.

Este Diario llamó a esas oficinas y ahí se informó que Ares Rights ni Palma Ruiz formaban parte del Grupo desde hace dos años. Ante la insistencia de por qué aún aparece en su página web, Raimon Santamaría, de Oyster Technologies, indicó vía telefónica que era porque en ocasiones se daba algún servicio a algún cliente. El 8 de noviembre se envió un mail a Santamaría para que se lo transmitiera a Palma, con preguntas específicas sobre su relación con el Gobierno ecuatoriano, pero no se obtuvo respuesta.

La marca Ares Rights fue registrada por la firma española Wikipiedra, uno de cuyos administradores solidarios es Palma. En el 2010, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ordenó a Wikipiedra y a Palma pasar un dominio a la multinacional Vodafone. Según la OMPI, Vodafone probó que la dirección creaba confusión, que Wikipiedra no tenía derecho sobre el nombre y que lo había registrado de mala fe.

Wikipiedra funciona en Sant Boi de Llobregat, zona industrial en las afueras de Barcelona. Precisamente en el reclamo de junio pasado por la foto de Twitter aparece una dirección en el mismo sector y ya no en la calle Marina.

Correos electrónicos enviados por este Diario a la dirección de Palma y de Ares Rights no tuvieron respuesta, así como numerosas llamadas telefónicas. El representante de EcuadorTV , Enrique Arosemena, no respondió a un pedido de entrevista con este Diario. Tampoco lo hizo el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, a quien se le envió un correo electrónico el pasado 8 de noviembre y luego una carta.

Tampoco lo ha hecho el secretario de Inteligencia, Pablo Romero, a cuyo nombre actuó Ares Rights para quitar documentos de la Senain, que daban cuenta de compra de equipos de espionaje.

Posiblemente vuelvan a bloquear otro trabajo de Álvarez, pero él tampoco va a reclamar a YouTube porque quiere que quede como estigma de una realidad que se vive en el país. “Cuando más silencio buscan, más cantos hay que tener… Me podrán callar a mí, pero no podrán impedir que mis trabajos circulen y de eso se trata”.

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Quejas
O el 30% de los reclamos de Ares Rights registrados se relacionan con instituciones, funcionarios o proveedores del Gobierno ecuatoriano.

Cuando más silencio buscan, más cantos hay que tener… Me podrán callar a mí, pero no podrán impedir que mis trabajos circulen y de eso se trata”.
Pocho Álvarez
Director

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‘Efectos Intimidatorios’ revela los reclamos de los españoles

En Estados Unidos existe una página web llamada Chilling Effects (Efectos Intimidatorios), manejada por la Fundación Electronic Frontier y los consultorios legales de siete prestigiosas universidades norteamericanas.

Su objetivo es dar a conocer y defender los derechos de las personas en la Internet y por ello mantiene una base de datos con los reclamos de derechos de autor digitales.

Según esta base, Jonathan Palma Ruiz y/o Ares Rights han presentado 40 pedidos desde septiembre del 2010 hasta la fecha, es decir, casi tres años, solo contando los proveedores Google y Twitter.

En todos esos pedidos, Palma y/o Ares Rights firmaron un formulario vía electrónica en el que aseguraron bajo juramento que ese material era suyo o del cliente al que representan, y afirmaron que se estaban violando los derechos de autor.

Según ese registro, de los 40 reclamos de Ares Rights, solo 19, menos del 50% están relacionados con películas piratas.

Doce de los 40, es decir el 30%, tienen relación con instituciones, funcionarios o proveedores del Gobierno ecuatoriano y con el Movimiento Alianza PAIS.

Es más, según el registro de transparencia de Google.com, solo en el 2013, uno de los principales clientes de Ares para pedir que se bloquee material de la web es el secretario de Comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado.

Otros clientes de la compañía han sido, en el 2012, Juan Manuel Abal Medina jr, exsecretario de Comunicación de la presidenta argentina Cristina Fernández. Y en el 2011, los políticos mexicanos Eruviel Ávila  y Miguel Ángel Osorio Chong, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otro cliente de Ares Rights fue la argentina Illuminati Lab, para retirar documentos que contenían una propuesta para monitoreo e inteligencia de redes sociales en el Ecuador durante la campaña electoral de principios de este año. En septiembre pasado se puso otra queja a nombre de Business Initiatives Directions, para bloquear algunos blogs que denunciaban que esta firma española entregaría premios a cambio de contribuciones.

Este año, Wikipiedra ha inscrito los dominios web de dos otras empresas españolas que se dedican básicamente a la misma actividad: www.deimos-e.com (Deimos Threats) y www.decisionesinformadas.org (TenthMan). Deimos ya tiene un video bloqueado en YouTube, en tanto que TenthMan subió el martes pasado su primer promocional.

Sin fronteras
La web es global

Otro de los censurados ha sido Emilio Palacio, el exeditor de Opinión de Diario EL UNIVERSO, asilado en Miami.

Ahora tiene un canal en Vimeo.com y asegura que la única manera de escapar de la censura es no tomar imágenes de las sabatinas.

En uno de sus artículos citó el link de un corto que había subido un seguidor del presidente y poco después esas tomas también fueron retiradas por pedido de Ares Rights.

En su cuenta Twitter, Ares asegura: “No facturamos posibles, solo resultados”.

 

Para leer los trabajos en el sitio original:

Ares Rights, ¿combate la piratería o intenta controlar la Internet?

‘Efectos Intimidatorios’ revela los reclamos de los españoles