IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
IPYS Venezuela registró, a través de contactos directos, que 130 reporteros y trabajadores de la prensa denunciaron obstáculos en el cumplimiento de sus funciones informativas durante el contexto de las protestas. Entre estas violaciones se cuentan 16 detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de seguridad del Estado, y 40 agresiones por parte de estos mismos cuerpos de seguridad y protestantes que simpatizan con los sectores oficialistas y de oposición.
Durante febrero y marzo de 2014, 18 reporteros dieron su testimonio a IPYS Venezuela para relatar que sus equipos de trabajo fueron robados por simpatizantes de ambos sectores políticos, o confiscados por funcionarios de seguridad del Estado, quienes decomisaron libretas de anotaciones y obligaron a borrar imágenes y grabaciones registradas en Caracas y varios estados del país. Solo en algunos casos, les fueron devueltas sus herramientas de trabajo.
Casos recientes.
El 6 de abril de 2014, Nairobi Pinto, jefa de corresponsalía en Globovisión, canal de noticias las 24 horas y de capital privado, fue secuestrada por dos sujetos encapuchados, quienes con arma en mano obligaron a la periodista abordar el vehículo Chevy de color azul con el que se desplazaron frente al edificio donde reside la periodista, ubicado en Los Chaguaramos, Caracas. El hecho ocurrió alrededor de las cuatro y media de la tarde del domingo.
Yozelyn Pinto, hermana de la periodista informó para Globovisión, que la misma se encontraba en la planta baja del mencionado edificio, dispuesta a retirarse del lugar, cuando dos sujetos encapuchados y armados arribaron al lugar con un vehículo Chevy de color azul metálico, la obligaron a salir del edificio, y posteriormente a abordar el vehículo.
Mayela León, directora general de Globovisión, relató a IPYS que desconocen la identidad de los captores de la periodista Nairobi Pinto, así como también el motivo de su secuestro. Por los momentos se están haciendo las averiguaciones correspondientes con las autoridades.
El 22 de marzo de 2014, Mildred Manrique, periodista del diario 2001, permaneció detenida 4 horas, luego de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana la trasladaran al destacamento 51 de ese cuerpo de seguridad del Estado. Manrique fue arrestada cuando los efectivos militares se encontraban haciendo un allanamiento en el complejo residencial donde habita la periodista, ubicada en el sector Altamira, zona este de la ciudad capital. Manrique fue interrogada en calidad de testigo.
De acuerdo con información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización gremial de periodistas en el país, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se llevaron de la casa de la reportera una computadora Apple, dos laptop, 1 tablet, fotografías y la reja de la puerta principal. La reportera también dijo que la puerta de su residencia recibió numerosos golpes con un mazo de acero.
Así como, las reporteras Manrique y Méndez, numerosos reporteros de prensa nacional e internacional denunciaron haber sido víctimas en los últimos días de agresiones y detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado venezolano y manifestantes que simpatizan con el oficialismo y la oposición.
Amenazas y mensajes intimidatorios.
El periodista Sergio Ruiz Torres, relató a IPYS que el 4 de abril de 2014 consiguió sobre el parabrisas de su vehículo un panfleto con un mensaje impreso por el “Colectivo de Defensa de la Revolución – Guayana”. Esta organización utilizó la palabra “ultimátum” para advertir al reportero sobre su conocimiento sobre las denuncias que ha hecho, a través de su cuenta virtual de Twitter y otros canales informativos, en los que ha dejado clara su posición crítica frente al gobierno regional del estado Bolívar.
Parte del mensaje dice: “Ciudadano, usted ha sido identificado como uno de esos comunicadores de la ultraderecha, empeñados en manchar la imagen de nuestra revolución y el legado que nos ha dejado el comandante supremo Hugo Chávez Frías…”. Asimismo, dice: “Periodista, pero ante todo burgués y escuálido, estás plenamente identificado, sabemos dónde vives y dónde te mueves, prueba de ellos estamos dejándole esta notificación en su vehículo felizmente estacionado frente a su casa.”
Asimismo, afirmó que dada su postura crítica y el hecho de no haberse doblegado a “los deseos del gobierno regional del estado Bolívar”, comenzaron a sucederle varias irregularidades.
El periodista aseguró haber cambiado su número telefónico, luego de recibir varias llamadas de números desconocidos. Ruiz Torres admitió no haber prestado mayor atención a la situación hasta que este año comenzó a recibir amenazas y ataques contra su propiedad, los cuales despertaron su inquietud.
El 26 de febrero de 2014, el automóvil del periodista fue golpeado presuntamente con un bate u objeto contundente. La parrilla del mismo resultó afectada.
De igual manera, IPYS Venezuela contactó a la reportera Vicelys Fadul, quien relató que el jueves 27 de marzo de 2014 consiguió sobre el parabrisas de su vehículo un panfleto con un mensaje impreso presuntamente “Operación Defensa de la Revolución Socialista, Antiimperialista, Chavista y Madurista”. Esta organización utilizó la palabra “ultimátum” para advertir a la reportera sobre su conocimiento sobre las denuncias que ha hecho, a través de su cuenta virtual de Twitter y otros canales informativos.
En el mensaje, que tiene varias imágenes que hacen alusión a movimientos que simpatizan con el gobierno nacional, señalan a Fadul como una reportera que “se ha encargado de desacreditarlos, creando una matriz de opinión, exponiéndolos a la crítica pública, además de promover las actuaciones desestabilizadoras de los grupos fascistas y apátridas que pretenden derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, seguramente financiadas y pagadas por la derecha escuálida y burgués que tienen incendiado al país”.
La reportera considera que el panfleto fue enviado con la intención de intimidarla, puesto que también le advierten “que está plenamente identificada”, y aseguran conocen el lugar donde labora, así como el lugar donde vive su familia. Asimismo se ordenan a la reportera que “pare inmediatamente el ataque comunicacional que tiene montado o aténgase a las consecuencias porque este frente de defensa revolucionaria no le temblará el pulso para hacer cumplir la Constitución y mantener vivo el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías”, le advierten.
Casos más conocidos.
En la madrugada del 2 de marzo de 2014, los tribunales de Caracas dieron libertad plena a Francesca Commissari, fotorreportera de nacionalidad italiana, quien permaneció más de 24 horas privada de libertad, luego de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, la detuvieron junto con otras 46 personas el 28 de febrero pasado, cuando cumplía funciones informativas en Altamira, zona este de la ciudad Caracas, capital del país (ver alerta: http://ipys.org.ve/alerta/caracas-detienen-y-despojan-de-su-camara-a-reportera-grafica-de-nacionalidad-italiana-mientras-daba-cobertura-a-manifestaciones/).
Nizar El Fakih, representante legal de Francesca Commissari y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), relató a IPYS que el abogado fiscal y juez del tribunal al que fue presentada reconocieron que la detención contra la reportera fue arbitraria, puesto que en el expediente policial no se encontró evidencia que vinculara a la reportera con un acto delictivo.
Aunque en el expediente policial no se relata que a Commissari se le despojara de su cámara fotográfica; el abogado aseguró que en el expediente público que reposa en el Tribunal 2do. de Control Penal de Caracas, se señala que testigos en el lugar de la detención, pudieron ver cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le arrebataron a la fotorreportera su herramienta de trabajo de las manos. ” A Francesca la despojaron de sus pertenencias. Le quitaron su herramienta trabajo. En este caso sería un robo porque le despojan la cámara con violencia”.
Por ejemplo, la detención arbitraria por más de 12 horas que sufrió Gianfranco Di Giacomantonio, periodista de nacionalidad italiana y corresponsal de Abruzzo 24, televisora italiana, el 24 de febrero pasado, cuando fue detenido por funcionarios de la policía del estado Aragua, región central del país. Di Giacomantonio se encontraba cubriendo una protesta en el sector El Limón, capital del municipio Mario Briceño Iragorri.
El viernes 21 de febrero de 2014, el viceministro del Ministerio de Información y Comunicación (MINCI), notificó a los reporteros del canal de noticias CNN en Español, Patricia Janiot, su productora; Rafael Romo, corresponsal de CNN Internacional; y Osmary Hernández, corresponsal; que se les había revocado el permiso que otorga el gobierno para trabajar como periodistas en Venezuela.
La periodista Patricia Janiot se encontraba produciendo, desde el jueves 20 de febrero de 2014, un trabajo especial sobre la situación política de Venezuela para la cadena CNN, y también estaba tramitando una entrevista con el presidente Maduro. Sin embargo, el viernes se le notificó que el permiso otorgado por el gobierno venezolano para trabajar en el país se les había sido retirado. La periodista se fue del país en horas del mediodía del viernes.
Otras violaciones.
Por otro lado, se produjo una medida de censura por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones contra la señal que emitía la televisora internacional NTN24 a través de los servicios de televisión por suscripción, y seguidamente el bloqueo para el acceso al sitio web del canal. También se mira con preocupación la amenaza que hizo el presidente Nicolás Maduro en relación con sacar la señal de Cable de la programación de los canales ofrecidos por suscripción en Venezuela, luego de acusarlos de promover una propaganda de guerra en el país, relacionados con los hechos de violencia registrados en las manifestaciones estudiantiles en rechazo a su gobierno. (Ver alerta: http://ipys.org.ve/alerta/caracas-presidente-de-la-republica-nicolas-maduro-amenazo-con-sacar-senal-de-cnn-de-las-empresas-que-ofrecen-servicios-de-television-por-suscripcion/ ).
De igual forma se ha registrado bloqueo parcial en la red social Twitter y lentitud e interrupciones en el servicio de internet ABA, que ofrece la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), que provee el servicio a más del 80 por ciento de los usuarios del país.
Otro de los aspectos que han causado mayor preocupación ha sido el bloqueo informativo que realizaron los medios radioeléctricos del país a la cobertura de los acontecimientos del día 12 de febrero, negándole a la ciudadanía el derecho a la información de interés público y de relevancia para la propia seguridad de los habitantes de las ciudades donde se desarrollaban las manifestaciones. La Alianza para la Libertad de Expresión a la cual pertenece IPYS Venezuela, emitió un Comunicado donde alerta sobre esta situación irregular y violatoria del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información Ver Comunicado.
También se han registrado ataques contra la sedes de las estatales Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Venezolana de Televisión, en Caracas, en el cual resultó herida de bala una trabajadora de la planta de televisión estatal, y el camarógrafo de la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del estado Mérida.
Todos estos hechos han ocurrido dentro del contexto de conflictividad que se registra en el país tras numerosas manifestaciones estudiantiles realizadas en las últimas semanas, en distintos estados, en rechazo a “los altos índices de muertes por hechos violentos registrados en el territorio nacional, la escasez de alimentos, medicinas y otros insumos, y el elevado índice de inflación que deriva en altos costos de bienes y servicios”. Protestas que han sido reprimidas con balas por cuerpos de seguridad o atacadas por grupos violentos, según denuncias de los periodistas que han estado cubriendo los acontecimientos. Como consecuencia se han registrado 33 fallecimientos, así decenas de personas detenidas en Caracas y varios estados del país.
La situación se ha agravado debido a las amenazas y advertencias hechas desde altos funcionarios del gobierno y por parte del Directorio de Responsabilidad Social (cuerpo colegiado adscrito a Conatel y responsable de supervisar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) a los medios de comunicación radioeléctricos y electrónicos, de posibles sanciones que se podrían derivar de la cobertura que han hecho de las manifestaciones registrados en el país. Como consecuencia los principales medios de comunicación del país han incurrido en invisibilizaciones y omisiones informativas.
IPYS Venezuela observa con preocupación que los casos en los que se registraron agresiones en contra de los trabajadores de la prensa, existe un uso excesivo de la fuerza por parte de los que cuerpos de seguridad del Estado que dificulta su labor reporteril y coarta el derecho a la información.
Asimismo, se aprecia abuso del poder estatal en relación con el bloque de contenidos multimedia a través de la plataforma de red virtual Twitter, denunciado por usuarios web de todo el país, así como también la orden de Estado sobre sacar la señal del canal internacional de noticias NTN24 de las empresas que ofrecen servicios de radio y televisión por suscripción.
