IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
- Catalina Botero presentó Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión con ocho países de Latinoamérica
- En Venezuela, el evento fue organizado por IPYS Venezuela
Caracas, 14 de julio de 2014. La Relatoría para la Libertad de Expresión para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, presentó un informe especial donde aborda la violencia contra periodistas. Ocho países de la región (Colombia, Brasil, Argentina, México, Perú, Honduras, Guatemala y Venezuela) representados por organizaciones de la sociedad civil, participaron vía hangout. En Venezuela, estuvo organizado por el Instituto Prensa y Sociedad.
La periodista y directora del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela), Marianela Balbi, presentó junto a Tinedo Guía (presidente del CNP) y Marco Ruiz (secretario general del SNTP) una visión en torno a las obligaciones que tienen los Estados de garantizar la protección de los trabajadores de la prensa. Balbi dejó claro que “los ataques contra periodistas violan la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión” y señaló que las restricciones de acceso a cobertura sobre hechos de situaciones de violencia vulneran el derecho a la información que tiene todo ciudadano.
Dijo Marianela Balbi que la violencia contra los periodistas les impide ejercer su derecho a buscar, cubrir y difundir información y genera un efecto de hostigamiento y amedrentamiento contra los demás periodistas, que afecta sin duda la información transmitida y priva así a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen.
Por su parte, Tinedo Guía recordó que los Estados tienen el deber de garantizar que periodistas no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma de sus derechos. Marco Ruiz lamentó que en lo que va de año en Venezuela se hayan registrado 231 agresiones contra 165 trabajadores de la prensa durante coberturas periodísticas, principalmente de protestas. Resaltó que la mayoría de estos ataques han sido responsabilidad de funcionarios del Estado venezolano.
Durante la presentación del informe quedó clara la fragilidad de la libertad de expresión en Latinoamérica en el periodo actual, y se conminó a los gobiernos a respetar éste y otros derechos relacionados con el tema.
Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, quien presidió el foro, señaló que los gobiernos utilizan hoy en día mecanismos sofisticados para cercenar la libertad de prensa, como establecer medidas cautelares contra periodistas que impiden su libre ejercicio, supuestamente para protegerlos, mientras en sus discursos, como confirma Ana Ortega, representante de C-Libre de Hondura, esos mismo gobiernos incitan a la violencia contra los periodistas. Dijo Botero que los programas de protección a los periodistas deben ser dirigidos por personas capacitadas, y que no pueden ser usados para interceptar ni limitar la labor periodística propia de una sociedad democrática.
Por otro lado, Botero reflexionó en torno a la censura, y dijo que cada vez que un periodista es violentado significa que al Estado le molesta lo que dice: “Cuando se atenta contra un periodista es clarísimo que hay un mensaje de que hay algo que no se puede decir”.
Por su parte Paula Martins, de Artículo19 (Brasil), enfatizó en la necesidad de emprender campañas sistemáticas para exigir y promover el respeto a los periodistas, y propuso la creación de un observatorio que se dedique al seguimiento de la situación de violencia contra los periodistas.
El informe advierte también que son los servidores públicos quienes “deben tener una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden constituirse en formas de injerencia directa o indirecta en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de información”.
Posteriormente, Ipys Venezuela presentó un foro local en el que participaron Héctor Faúndez, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público y presidente de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, e Inti Rodríguez, coordinador de medios del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien fuera víctima de un secuestro durante los acontecimientos de febrero 2014 en Venezuela. Haz click en este enlace para visualizar el foro: https://www.youtube.com/watch?v=xOmHnXGFReQ#t=115
Asimismo se puede tener acceso a la noticia “Venezuela: alertan sobre la violencia en contra de periodistas”, de La Voz de América a través de este enlace: http://www.voanoticias.com/
