IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
#CIDHAudienciasVenezuela
Sociedad civil presentó sus alegatos
- Las organizaciones exhortaron al Estado venezolano a que garantice las condiciones necesarias para que los periodistas y trabajadores de los medios estatales, privados, comunitarios, y periodistas independientes, puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones.
- Exigieron al Estado venezolano a que ajuste sus actuaciones a los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión que prohíben las presiones y mecanismos de censura.
- Exigieron al Estado venezolano a que dé cumplimiento al derecho del ciudadano a saber, contemplado en el pacto internacional de derechos civiles y políticos.
Durante la audiencia sobre “Situación de libertad de expresión y derecho al acceso a la información pública”, celebrada en el marco del 153 Periodo de sesiones del la CIDH, en el que participaron en representación de la sociedad civil Ipys Venezuela, SNTP Venezuela, CDH Ucab y Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad presentó los resultados del Estudio 2014 de Censura y Autocensura en Periodistas y Medios de Venezuela.
“Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que las órdenes y presiones directas e indirectas se han hecho cada vez más frecuentes al punto de que se está afectando la independencia, la pluralidad, la calidad informativa y el derecho de los ciudadanos a saber”, expresó la directora general de Ipys Venezuela, periodista Marianela Balbi.
De acuerdo a los resultados del estudio mencionado, “los periodistas consultados refirieron que se han vuelto naturales las acciones coercitivas de grupos de poder estatales y no estatales, transformando a Venezuela en una sociedad desinformada, donde priva la opacidad y se ha comprometido la autonomía de sus instituciones, incluso aquellas que escrutan el poder”.
“Este estudio de IPYS Venezuela —puntualizó Balbi—, constata que la criminalización y el desprestigio del oficio del periodismo, por el uso permanente de un discurso hostil y por la manera cómo han sido señalados como parte interesada de los conflictos sociopolíticos, desvaloriza la función del periodismo como oficio que garantiza la denuncia”.
Por su parte, Mariengracia Chirinos, directora de Libertades Informativas del Instuto Prensa y Sociedad Venezuela, explicó que, “según la percepción de 225 consultados, en Venezuela la mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por las instituciones del Estado: 34% de los encuestados considera que el poder ejecutivo emite órdenes directas en materia de censura, 17% señala actuaciones del poder judicial que derivan en censura, y 14% refiere la misma actuación del poder legislativo”.Según el estudio presentado por Ipys, los periodistas refieren como el principal obstáculo a su labor el cierre de las fuentes de información, así como las constantes limitaciones al derecho del acceso a la información pública. “Con base a estos resultados —señala Chirinos—, desde IPYS Venezuela consideramos que las restricciones al derecho de los ciudadanos a saber es una forma de censura. Ésta es una práctica constante en instituciones estatales, que niegan información, según lo indicó el 79% de los consultados, y 32% acusa la misma situación en organizaciones privadas.
Chirinos destacó que, en consecuencia, 93% de los periodistas piden la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que “se puede entender, entonces, que una herramienta jurídica de este rango permitiría mejorar los niveles de transparencia en la gestión pública”.
Uno de los asuntos más inquietantes del estudio que refleja la percepción de 225 periodistas de Venezuela de medios privados, estatales y comunitarios, de los 13 principales estados de Venezuela, es el hecho de que las presiones directas e indirectas que se ejercen sobre los periodistas han provocado una situación de autocensura que, cada vez, se siente con más fuerza entre los periodistas de Venezuela. Tanto es así, que 29% de los entrevistados consideró que se ha autocensurado.
Marco Ruiz Sindicato, (Sindicato de Trabajadores de la Prensa) expuso la situación laboral de 280 trabajadores de la prensa que perdieron sus empleos o se vieron forzados a renunciar por presiones y cambios en la propiedad de los medios en Globovisión, Últimas Noticias y El Universal. Los efectos de la escasez de papel en el empleo de periodistas de El Nacional y El Impulso también serán presentados.
En representación de Espacio Público, Gloria Salazar destacó que en 2014, la represión aplicada por los cuerpos de seguridad durante las protestas de febrero de 2014, presentó 316% de aumento de manifestaciones y 835% de represión y 475% detenciones, un síntoma de que las causas de la conflictividad no se han resuelto, sino que ha habido una política represiva.
Finalmente Beatriz Borges, representante de CDH UCAB, en nombre de las organizaciones presentes pidió a la CIDH que exhorte al Estado venezolano a que garantice las condiciones necesarias para que los periodistas y trabajadores de los medios estatales, privados, comunitarios, y periodistas independientes, puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones. Pidió a la CIDH que exija al Estado venezolano ajustar sus actuaciones a los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión que prohíben las presiones y mecanismos de censura, y que exija también a que dé cumplimiento al derecho del ciudadano a saber, contemplado en el pacto internacional de derechos civiles y políticos.
El representante del Estado venezolano, Luis Britto García, cuestionó a la CIDH: “Concurro una vez más a esta comisión que condena a Venezuela. En Venezuela hay la más absoluta libertad de expresión. Los medios son vendidos y comprados como en cualquier país democrático, y el Estado no puede fijar la política comunicacional”.
En representación de la Relatoría, Rose-Marie Antoine preguntó por qué Venezuela no cuenta con una ley de acceso a la información, y pidió información concreta en torno a la venta de medios de información en Venezuela, para saber si hay un cambio en el patrón. Edison Lanza explicó que el Estado tiene la obligación de informar acerca de quiénes son los propietarios de los medios y preguntó, en otro orden, si el Estado ha asumido la responsabilidad de brindar protección a los periodistas que cubren eventos en situación de riesgo, y si hay algún tipo de campaña pública para que la ciudadanía entienda que los periodistas que están manifestaciones se encuentran haciendo su trabajo y no manifestando. Asimismo, interrogó también en relación a que si existe en Venezuela algún mecanismo de reinstalación de periodistas injustamente despedidos.
Intervención de Venezuela en las #CIDHAudiencias (Video)
