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​​Ipys Venezuela denuncia abusos del Estado contra los medios y defensores de DDHH

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  • En dos informes presentados en el marco del 156º periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Ipys Venezuela reveló cómo el Estado venezolano legaliza las delaciones en la TV estatal, mientras el aparato judicial castiga las denuncias de corrupción en medios.

Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Ipys Venezuela, explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el país persiste un patrón de seguimiento y vigilancia policial que deriva en delaciones televisadas, lideradas por altos funcionarios de los poderes públicos, y que estas acciones se han agudizado luego de la “institucionalización de una serie de mecanismos que aúpan las labores de inteligencia y profundizan la opacidad”.
“Esta práctica se ha hecho recurrente con los reportes de supuestos patriotas cooperantes, informantes tácticos,  a los que acostumbra citar Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, en su programa de TV, “Con el Mazo Dando”, con la finalidad de hostigar principalmente a activistas de DDHH. Para esto se utiliza la señal del VTV, el principal canal del Estado, y el medio con mayor alcance en el país”.
En un seguimiento riguroso de este programa que realizó IPYS Venezuela, determinó que en los primeros 8 meses de 2015, 58 activistas de DDHH recibieron acusaciones infundadas a través de este espacio de televisión.
La periodista y defensora de la libertad de expresión denunció un incremento de procedimientos judiciales contra periodistas, medios y activistas de DDHH durante el gobierno de Nicolás Maduro, y destacó que la mayoría de estas acciones se acompañaron con medidas de censura que prohíben las coberturas sobre criminalidad, violencia y corrupción:
“De 64 acciones legales que registró el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, entre 2002 y 2015, 29 corresponden a delitos de difamación e injuria, en los que se ha afectado a 36 personas acusadas. Más de la mitad de los afectados por las demandas de difamación e injuria corresponde a los 22 directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla, acusados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello”.
En ambas sesiones (“Denuncias sobre hostigamiento y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela” y “Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”) Ipys Venezuela compartió con las organizaciones Civilis, Provea, Codevida, Laboratorio de Paz, Venezuela Diversa, Transparencia Venezuela, Observatorio Venezolano de Prisiones, Fenasopadres, Asamblea de Educación, Acción Solidaria en VIH, Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

“Pueden seguir diciendo que yo soy el malo, pero nos vemos en los tribunales”, dijo Diosdado Cabello.

Las delaciones se apoderan de la TV estatal de #Venezuela

Balance sobre el abuso de poder de funcionarios públicos

Informe del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) en el marco del 156º periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos

 

Resumen ejecutivo

Con fundamento a lo que establecen los tratados internacionales en materia de libertad de expresión, IPYS Venezuela considera que el Estado venezolano debe cesar, de manera inmediata, con la práctica de criminalización que lideran altos funcionarios a través de los medios de comunicación estatales, principalmente contra periodistas, representantes de medios de comunicación, activistas y organizaciones de DDHH.

Para ello se deben iniciar procesos de investigación independientes y transparentes sobre lo actos de intimidación y represalias  que reciben diferentes sectores de la sociedad a través de espacios de los medios estatales. Es imperante que se eliminen las prácticas de vigilancia y de inteligencia policial que derivan en delaciones televisadas amparadas en el poder que tienen altos funcionarios estatales.

Estos son los exhortos que realiza el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, (IPYS Venezuela) al Estado venezolano en el marco del 156º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de DDHH.

Estos llamados se hacen urgentes ante el uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones que predomina en Venezuela. Al menos 578 ciudadanos fueron víctimas de las acciones de hostigamiento que emitió el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a través de su programa de televisión, Con el mazo dado, transmitido en Venezolana de Televisión, el principal canal estatal de Venezuela, durante 30 ediciones de este espacio televisivo, transmitidas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2015.

En este lapso, 58 activistas de DDHH y miembros de organizaciones de la sociedad civil fueron víctimas de acusaciones infundadas, que se emitieron en “Los Mazazos”, una sección de este programa dedicado a leer delaciones, que en muchos casos vulneran el derecho a la privacidad y al derecho a defender los DDHH.

Los defensores y ONG de DDHH forman parte de los 9 sectores que constantemente fueron criminalizados en los primeros 8 meses de 2015, en el espacio de televisión que conduce el Presidente de la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello mantuvo un discurso agraviante contra militantes y dirigentes de partidos políticos, representantes de instancias de relaciones exteriores y representaciones diplomáticas, periodistas, editores y dueños de medios de comunicación.

Defensores de DDHH en riesgo por delaciones en medios públicos

Al menos 578 ciudadanos fueron víctimas de las acciones de hostigamiento que emitió el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a través de su programa de televisión, “Con el mazo dando”, transmitido en Venezolana de Televisión, el principal canal estatal de Venezuela. Así lo demuestra el registro que realizó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, durante 30 ediciones de este espacio televisivo, transmitidas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2015.

Esta práctica evidencia un uso abusivo del poder del Estado en materia de comunicaciones, y demuestra un patrón de criminalización a través de medios de servicio público. En este lapso el Presidente del Parlamento dirigió 1.539 acusaciones contra ciudadanos de diferentes sectores políticos, económicos y sociales, fundamentándose en reportes de supuestos “patriotas cooperantes” que fungen como delatores anónimos y cumplen funciones de vigilancia e inteligencia policial. Estas acusaciones ocurrieron a lo largo de 90 horas de programación, que representan casi 4 días de transmisión continua.

Las organizaciones no gubernamentales -la mayoría de ellas dedicadas a la promoción y defensa de DDHH- destacaron en la medición como el tercer sector más afectado por las campañas de criminalización que lidera Diosdado Cabello, quien también es el Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, actualmente en el gobierno. Cabello, además, es candidato en la actual campaña para las elecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo 6 de diciembre.

En los primeros 8 meses de 2015, 58 activistas de DDHH y miembros de organizaciones de la sociedad civil fueron víctimas de acusaciones infundadas, que se emitieron en “Los Mazazos”, una sección de este programa dedicado a leer delaciones, que en muchos casos vulneran el derecho a la privacidad y al derecho a defender los DDHH.

Desde este espacio se dirigieron acusaciones contra miembros de organizaciones nacionales como el  Observatorio Venezolano de Conflictividad Social; el Foro Penal Venezolano, el Programa Venezolano de Educación Acción en DDHH, Espacio Público, Control Ciudadano, Cofavic, el Observatorio  Venezolano de Prisiones, Una Ventana para la Libertad, Transparencia Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, entre otros. También, fueron hostigados representantes de instancias internacionales como Human Rights Foundation y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos.

Al menos 13 acusaciones y delaciones convirtieron a Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en el defensor de DDHH con mayores señalamientos de parte de Diosdado Cabello y su red de patriotas cooperantes. Entre los más vulnerables también estuvieron Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, y Marino Alvarado, ex coordinador de Provea, con 12 y 11 señalamientos. También hubo señalamientos recurrentes en contra de Carlos Correa (Espacio Público); Rafael Uzcátegui (Provea) Rocío San Miguel (Control Ciudadano); Ligia Bolívar, (CDH-UCAB); Carlos Nieto Palma (Una Ventana a la Libertad); Liliana Ortega (Cofavic); Feliciano Reyna (Civilis DDHH), Rocío Guijarro (Cedice), Rodrigo Diamanti (Un Mundo Sin Mordaza), María de Freitas (Transparencia Venezuela), entre otros.

De acuerdo al análisis que realizó IPYS Venezuela, las reseñas de activistas de DDHH revelaron un patrón de vigilancia y seguimiento que atenta contra la privacidad y la libertad de los defensores de DDHH para hacer su trabajo sin ningún tipo de amenazas, riesgos ni presiones. Fueron acusados de participar en actividades de “desestabilización”, “conspiración”, y de atentar contra el gobierno por las acciones de incidencia ante organismos internacionales como la ONU y la OEA. Se reveló información confidencial de reuniones privadas e itinerarios de viajes, y actividades en las que supuestamente participaron activistas de DDHH. El discurso que mantuvo el Presidente de la Asamblea Nacional, en su espacio de televisión, estuvo orientado a descalificar las actividades de promoción y defensa de DDHH. Además, insistió en acusaciones infundadas de la supuesta ilegalidad de la labor que realizan los activistas de DDHH en Venezuela. Las acusaciones recurrentes durante los ocho primeros meses del año podrían exponer a los activistas a otro tipo de riesgos por la labor que realizan. La medición de IPYS Venezuela, también, demuestra que las organizaciones no gubernamentales representan a uno de los sectores que enfrentan mayores acciones de hostigamiento en Venezuela.

También, Cabello criticó que activistas de DDHH y expertos internacionales levantaran su voz de alerta ante los señalamientos recurrentes en este programa de TV.

El Presidente del Parlamento alegó, paradójicamente, el 29 de julio de 2015, que quienes critican su espacio de televisión no toleran la libertad de expresión. “¿Cuál es la libertad de expresión que hay aquí que esta gente cree? ¿La de ellos nada más? ¿Yo no tengo derecho a decir lo que yo crea? Porque yo soy de El Furrial (estado Monagas), seguramente, sí, además soy un piche capitán ahí recién ascendido. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué son tan contradictorios ustedes? Se van a jugar aquí, libertad de expresión, entonces se van a darle la vuelta al mundo a decir que hay que cerrar un programa”. Estas declaraciones las emitió luego de que un grupo de expertos del Comité de DDHH de Naciones Unidas pidiera a Diosdado Cabello el cese del patrón de hostigamiento contra defensores de DDHH.

Estas prácticas de hostigamiento televisivo, además, violan el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que “toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”. La Declaración de Principios de la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostiene que “la protección a la reputación debe estar garantizada” en particular, en situaciones, en las que los ciudadanos sean ofendidos por un “funcionario público o persona pública”.

Sectores afectados

Los defensores y organizaciones de DDHH forman parte de los 9 sectores que constantemente fueron criminalizados en los primeros 8 meses de 2015, en el espacio de televisión que conduce el Presidente de la Asamblea Nacional.

Los militantes y dirigentes de partidos políticos (48%); así como representantes de instancias de relaciones exteriores y representaciones diplomáticas (14%) fueron los dos sectores más atacados. En tercer lugar están las organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas dedicadas a la defensa de DDHH nacionales e internacionales (10%). Luego estuvieron periodistas, editores y dueños de medios de comunicación (10%). También Diosdado Cabello se hizo eco de delaciones contra personas vinculadas a empresas privadas (7%); estudiantes y académicos (5%); gobiernos locales y regionales de oposición (4%); y la iglesia católica (2%).Presentación12

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Periodistas y medios de comunicación

 El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela leyó 123 delaciones contra 57 periodistas, editores y dueños de medios de comunicación.

Nombrado en 19 reportes de “patriotas cooperantes, el más afectado de este grupo fue Miguel Henrique Otero, presidente de El Nacional, sobre quien pesa una demanda por difamación e injuria, que emprendió, justamente en abril de 2015, Diosdado Cabello. Otero enfrenta una causa judicial junto con Teodoro Petkoff (3), director de Tal Cual y Alberto Federico Ravell (3), director del portal La Patilla.

Unos de los casos de hostigamiento contra periodistas emitidos por Diosdado Cabello estuvo relacionado con la labor periodística que realiza Jesús Alberto Yajure, reportero de investigación del portal de noticias Runrunes, quien recibió dos advertencias televisadas por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, durante el mes de agosto de 2015.

Esta situación se generó luego de que el periodista investigara y publicara el reportaje titulado Hay 2 “patriotas cooperantes” entre la mujer descuartizada y Araminta González.  En este trabajo, que se difundió el 11 de agosto, el reportero mostraba las circunstancias que rodearon el caso de la ciudadana venezolana Araminta González, quien fue detenida de manera arbitraria el 24 de julio de 2014, bajo “cargos de terrorismo, asociación para delinquir y elaboración de explosivos”, luego de haber sido delatada por José Rafael Pérez Venta y Carlos Trejo, supuestos militantes de partidos de oposición, quienes habrían sido los responsables materiales e intelectuales, respectivamente, del asesinato de Liana Hergueta, una ciudadana que fue ultimada y desmembrada el 6 de agosto, según la información que han dado fuentes oficiales.

El 12 de agosto de 2015, Cabello[1] dijo que es “extraño” que los medios de comunicación “hayan difundido estas falsas informaciones mucho antes que los cuerpos de seguridad e inteligencia practicaran la detención de los responsables de este abominable hecho. Esto si es bueno investigarlo. ¿Por qué los medios de comunicación jugaron adelantado? ¿Qué saben? ¿Cuál fue el dato que les llegó? Yo no puedo decir muchas cosas porque mañana lo va a decir el ministro” de Interior Justicia y Paz.

Ese mismo día, el portal Con el Mazo Dando[2] publicó una información que recibió de “la Asociación de Patriotas Cooperantes”, en el que desmentían los hallazgos de la investigación de Yajure. “Es extraño que estos medios de comunicación hayan difundido esta falsa información por las redes sociales mucho antes de que los cuerpos de seguridad e inteligencia practicaran la detención de los responsables de este abominable hecho. Esto es bueno investigarlo”.

El 19 de agosto en la noche, durante su programa TV, Diosdado Cabello[3] citó el caso del asesinato de Liana Hergueta, y se preguntó: ¿Por qué la primera noticia la saca un periodista de apellido Yajure, de Runrunes? ¿Por qué la saca? ¿A quién conoce Yajure?”. “Cuéntanos, no te sientas perseguido, cuéntanos nada más? Todo es un vínculo. “Montan una matriz y así queda”.

Partidos políticos

Los reportes de seguimiento y vigilancia más constantes que lee Diosdado Cabello involucran a activistas y dirigentes de partidos políticos. De enero a agosto de 2015, hubo 841 delaciones contra este sector, que afectaron a 271 personas.

[1] https://youtu.be/52xvdZz8_8c

[2] http://www.conelmazodando.com.ve/carta-de-los-patriotas-cooperantes-a-la-charca-y-sus-escualidos/

[3] https://youtu.be/ywp7o733HJc

Los más señalados fueron los líderes Leopoldo López, María Corina Machado y Chúo Torrealba, quienes además fueron nombrados en los 30 los programas analizados por IPYS Venezuela. Justamente, estos tres representantes de plataformas políticas de oposición han sido despersonalizados con un discurso denigrante. Diosdado Cabello no los llama por sus nombres sino que se refiere a ellos a través de apodos despectivos: El monstruo de Ramo Verde (Leopoldo López); María Violencia (María Corina Machado).

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El perfil de los patriotas cooperantes

Este registro de afectos que realizó IPYS Venezuela involucra a ciudadanos de diferentes sectores, que llegaron al programa señaladas por patriotas cooperantes, de acuerdo a las afirmaciones insistentes que realiza Diosdado Cabello.

Según dijo en el programa del 19 de agosto 2015  “la figura del Patriota Cooperante existe y son venezolanos patriotas que aman la patria y están en las instituciones y están en todas partes, andan en la calle en los pueblos, escuchan tienen un teléfono y graban con un teléfono lo que le salga que vaya por el medio”.

El patriota cooperante está lejos de ser una figura inocua. Según una investigación de Alberto Yajure[1], publicada en el portal Runrunes el 24 de julio de este año,  al menos 20 causas judiciales de 2014 contra dirigentes, estudiantes y manifestantes compartían el hecho de que las acusaciones y delaciones eran de anónimos, de supuesto patriotas cooperantes.

Patrón de vigilancia

Las delaciones de los patriotas cooperantes evidencian un patrón de vigilancia y de seguimiento que se agudiza luego de la institucionalización de una serie de mecanismos que aúpan las labores de inteligencia y profundizan la opacidad.

Desde 2013, en el país se han creado organismos de investigación policial con el poder restringir la libertad de expresión y el derecho a la información, como el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) cuya Dirección de Investigaciones Sociales tiene el objetivo de hacer seguimiento a las informaciones para “neutralizar y derrotar los planes desestabilizadores en contra de la Nación”.

El Estado también fundó la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEG). En sus finalidades podemos encontrar: “neutralizar y controlar las actividades que pudieran llevarse a cabo relacionadas con las actuaciones de grupos generadores de violencia”, según lo que establece el artículo 3, del decreto de constitución del BEG, publicado Gaceta Oficial n° N°40.440.

Anuncios oficiales

El abuso del poder de las comunicaciones en el que incurre Diosdado Cabello, a través de su programa de televisión, llega a abarcar la toma de decisiones oficiales de distintos voceros de los poderes públicos, que comprometen el pleno respeto a los DDHH, así como el derecho a la privacidad de las comunicaciones personales.

[1] http://runrun.es/rr-es-plus/214791/se-buscan-sapos-asi-operan-los-patriotas-cooperantes.html

  • El 20 de agosto de 2015 el presidente Nicolás Maduro anuncio en el programa Con el mazo dando el cierre de la frontera en Táchira.

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  • El 9 de junio de 2015, la Asamblea Nacional replicó el mensaje de Diosdado Cabello en el que se violó el derecho a la privacidad.

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  • El 16 de julio de 2015, Nicolás Maduro aplaude la actuación de Diosdado Cabello y la Asamblea Nacional, en asuntos que son de competencia gubernamental.

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Balance del excesivo poder estatal

En los primeros 9 meses de 2015, IPYS Venezuela registró 294 casos de violaciones a la libertad de expresión. Este número comprende 368 violaciones al derecho que tienen los ciudadanos para expresarse o informarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Al menos, 124 de estos casos estuvieron relacionados al uso abusivo del poder en comunicaciones por parte del Estado. Esta situación de cuenta de la actuación discrecional de parte de los poderes públicos que vulneran la libertad de expresión.

Datos indispensables

Entre enero y septiembre de 2015, IPYS Venezuela registró:

  • 55 declaraciones agraviantes del altos funcionarios del Estado
  • 23 ciberagresiones con fines intimidatorios en contra de periodistas y medios de comunicación.
  • 16 hechos que vinculan el uso sistemático de televisoras estatales para agraviar periodistas y activistas en Derechos Humanos.
  • 12 detenciones arbitrarias ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
  • 11 campañas de agravio.
  • 2 casos de intercepciones ilegales de llamadas telefónicas, que fueron confirmadas.
  • 1 casos está vinculado al uso de información para desprestigiar periodistas.

Recomendaciones

Ante estos hechos, IPYS Venezuela recomienda a la Comisión Interamericana de DDHH, exhortar al Estado venezolano:

  • Garantizar las condiciones necesarias para lo periodistas, defensores de DDHH puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos amenazas ni presiones por parte de altos funcionarios del Estado.
  • Cesar la práctica de criminalización que lideran altos funcionarios a través de los medios de comunicación estatales, principalmente contra periodistas, representantes de medios de comunicación, activistas y organizaciones de DDHH.
  • Investigar los actos de intimidación y represalias que reciben diferentes sectores de la sociedad a través de espacios de los medios estatales
  • Impedir a los funcionarios estatales emitir declaraciones agraviantes contra defensores de DDHH que asisten a las instancias internacionales.
  • Garantizar el honor y la reputación de periodistas y activistas de DDHH, así como el derecho a la privacidad en sus comunicaciones.
  • Cesar las prácticas de vigilancia y de inteligencia policial que derivan en delaciones televisadas.

Descarga aquí el informe:

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El aparato judicial castiga las denuncias de corrupción

Balance sobre los procedimientos judiciales en #Venezuela

Informe del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) en el marco del 156º periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos

 

 

Resumen ejecutivo

Los procedimientos judiciales contra periodistas, medios y activistas de DDHH se incrementaron en el gobierno de Nicolás Maduro. La mayoría de estas acciones judiciales se acompañaron con medidas de censura que prohíben las coberturas sobre criminalidad, violencia y corrupción.

De 64 acciones legales que registró el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, entre 2002 y 2015, 29 corresponden a delitos de difamación e injuria, en los que se ha afectado a 36 personas acusadas.

La mitad de los afectados por las demandas de difamación e injuria corresponde a 22 directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla, acusados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Mientras este tipo de delitos tiende a eliminarse de las leyes de los distintos países de América Latina, en Venezuela estas acusaciones no solo han aumentado, sino que han sido desproporcionadas: Las demandas han venido compañanadas de la  solicitud de la aplicación de multas, prohibiciónes de salida del país y órdenes de traslado forzoso a tribunales, en este caso, admás, las medidas judiciales han sido desproporcionadas.

IPYS Venezuela insiste en la necesidad de que el Estado venezolano inicie un proceso de revisión legislativa a fin de que se eliminen las normativas que avalan los delitos penales por difamación e injuria en Venezuela, instrumentos jurídicos que han venido siendo utilizados por altos funcionarios del Estado para castigar a periodistas y medios de comunicación, que han publicado denuncias y han revelado hechos de corrupción, criminalidad y violencia.

La derogación de estas leyes penales que criminalizan la expresión es un paso urgente y fundamental, que puede permitir que en Venezuela se garanticen plenamente las condiciones para el ejercicio del periodismo, como una fuerza de contrapoder y de escrutinio público, indispensable para la democracia.

Demandas penales contra el periodismo

Los procedimientos judiciales amenazan la libre expresión e información en Venezuela. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela registró al menos 64 acciones judiciales en contra de periodistas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos de entre 2002 y 2015. Estos casos han comprendido, principalmente, demandas por difamación en injuria, la supuesta violación de los derechos de la infancia y hechos de manipulación informativa en contra del gobierno.

Estas acciones legales se han caracterizado por establecer medidas de censura previa y opiniones adelantadas que han vulnerado el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al menos 29 de estos casos corresponden a las demandas por los delitos de difamación e injuria que, en su mayoría, han ejercido altos funcionarios del Estado contra periodistas, directivos y dueños de medios de comunicación.

Esta situación se han intensificado a largo de la gestión presidencial de Nicolás Maduro, abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre 2013 y 2015, IPYS Venezuela ha contabilizado 25 procedimientos judiciales por razones informativas y de opinión, hechos que son contrarios a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión y las disposiciones de la Constitución Nacional.

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Juicio sin precedentes

Los 5 procedimientos judiciales que registró IPYS Venezuela durante los primeros 9 meses de 2015 derivaron de acciones penales por los delitos de difamación e injuria, bajo el argumento de supuestamente afectar el honor y la reputación de altos funcionarios nacionales y regionales.

El caso más emblemático ha sido la querella privada interpuesta por el Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, en contra de 22 directivos y miembros de los consejos editoriales de los periódicos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital La Patilla, luego de que estos medios reprodujeran, en el mes de enero, un reportaje que escribió un periodista del ABC de España, en el que se revelaba información de investigaciones internacionales que podrían vincular a Diosdado Cabellos con el narcotráfico.

Luego de que estos medios venezolanos replicaron esta información, Cabello insistió a amenazar a sus directivos. “Nos vemos en los tribunales”, fue una las reiteradas advertencias que lanzó a través de su programa de televisión, “Con el mazo dando”, que se transmite en Venezolana de Televisión, el principal y más antiguo canal del Estado.

Desde la perspectiva de libertad de expresión, este caso no tiene precedentes en el país, pues ha sido la demanda que involucra la mayor cantidad de afectados, porque el Presidente de la Asamblea Nacional consideró que, a su “juicio”, este grupo tenía responsabilidades jurídicas por haberle afectado su honor y su reputación.

Esta demanda no solo impone una restricción penal en contra de 22 personas, también establece una orden de presentación semanal en tribunales y se les prohíbe salir del país sin permiso del poder judicial.

A esta causa se suman una demanda civil[1]. El 12 de agosto de 2015, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana también admitió una demanda civil mercantil interpuesta por Diosdado Cabello. El monto, que asciende a un mil millones de bolívares (1.000.000.000 Bs.), podría elevarse el doble de ser solicitado por el Juez, más 30% de honorarios por costos procesales. Esta suma correspondería a 2.300.000.000 bolívares, a la tasa de cambio oficial venezolana más baja, de 6,30 bolívares[2], sería un total de trescientos sesenta y cinco millones, setenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco dólares (365.079.365 millones de dólares)[3].

El afán del presidente del Congreso

El 21 de abril de 2015, Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, demandó a directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla por el supuesto delitos de “exposición al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación”, establecido en el artículo 442 del Código Penal Venezolano, así como por supuestas responsabilidades de “difamación agravada”, de acuerdo a lo que estipula el artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta acción legal podría terminar en la privación de libertad de los acusados, así como el pago de una multa económica, que puede oscilar entre 100 y 2000 unidades tributarias, de acuerdo a lo que establece la ley[4].

Esta acción legal involucra a 15 directivos y miembros de El Nacional, 4 de Tal Cual y 3 de La Patilla. Tres medios que tienen sede en Caracas y han mantenido una línea crítica a la actual gestión gubernamental. Los afectados son: Miguel Henrique Otero Castillo; Ramiro Oscar Molina Ríos; Mariana Otero Castillo; Argenis Rafael Martínez Mota; José Simón Elarba Haddad; Oswaldo Karam Macia;  Luis Carlos Serra Carmona; Juan Andrés Wallis Brandt; Omar José Delgado Lugo; Jorge Papatzikos Gianopulos;  Vivianne De Lourdes Font Fernández;  Ramón José Medina Simancas; Beatriz Cecilia De Majo De Algisi; Carmen Elena Macia Fortique;  Leopoldo Eduardo López Mendoza; Teodoro Petkoff Malec; Juan Antonio Rafael Golia Amodio; Francisco Layrisse; Manuel Antonio Puyana Santander; Alberto Federico Ravell Arreaza; Isabel Cristina Ravell Nolck; David Alberto Morán Bohorquez.

En menos de un mes, el tribunal admitió la demanda que presentó Diosdado Cabello.  El 12 de mayo de 2015, la jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, se apegó a la solicitud que hizo el Presidente de la Asamblea Nacional y también ordenó una medida sustitutiva de libertad que implica la prohibición de salida del país de los demandados, sin autorización del tribunal. Además, los directivos implicados se someten a un régimen de presentación de cada ocho días en tribunales.

Aunque en el texto acusatorio suscrito por Cabello se argumenta que la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante el tribunal de la causa obedece a “presunciones razonables” de peligro de fuga y de obstaculización de la justicia, estas medidas sustitutivas de libertad han sido cuestionadas porque vulneran el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 5 de agosto de 2015, el Tribunal Vigésimo Noveno de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas instó a los 22 miembros de los consejos editoriales de estos medios a comparecer en tribunales con el fin de designar a sus defensores en relación con la demanda por el delito de difamación agravada continuada[5].

Presentación forzosa ante los tribunales

Hasta el mes de septiembre de 2015, no se habían presentado en tribunales 12 de los demandados. Dos de ellos no lo habían hecho por razones de salud: Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, y Beatriz de Majo, involucrada por la junta directiva de El Nacional. El abogado de Majo informó ante el tribunal que se trata de una persona de avanzada edad, y que además había una confusión en la demanda, porque ella nunca había ejercido labores que la vincularan a los medios de comunicación, por lo que tampoco pertenecía a la junta directiva de ese diario.

Otros doce de los demandados aún no se han presentado ante el tribunal: Miguel Henrique Otero Castillo, Mariana Otero Castillo, Oswaldo Karam, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianpopulos, Carmen Elena Macia Fortique, Leopoldo López Gil, quienes forman parte del diario El Nacional. Por el semanario Tal Cual no han acudido Francisco José Layrisse Ramírez, mientras que por la La Patilla faltan presentarse Alberto Federico Ravell Arreaza e Isabel Cristina Ravell Nolk.

Luego de la publicación de 3 carteles en el que el órgano judicial solicitaba la presentación de los demandados, el 6 de octubre de 2015 el Tribunal Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó una orden al Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL), división del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICP), para el traslado a la fuerza de estas personas.

IPYS Venezuela tuvo conocimiento de que estas personas se encuentran fuera del país, sin embargo esa misma semana funcionarios policiales visitaron los tres medios con la orden de trasladarlos hasta los tribunales.

También en la orden se observa una unión de causas en contra del semanario Tal Cual, pues se presentan hechos supuestamente ocurridos en fecha 08-10-2012, 17-01-2014 y 23-01-2014 donde se sancionó con medidas sustitutivas de libertad a: Teodoro Pekoff, Juan Antonio Golia, Carlos Genatios, Manuel Antonio Puyana y Francisco José Layrisse. Esto obedece a otras demandas que enfrenta Tal Cual. Una de ellas también fue hecha por Diosdado Cabello, contra los directivos de este diario en 2014, por un artículo de opinión que se publicó en este diario, por el que el Presidente de la Asamblea Nacional se sintió ofendido. A juicio de Humberto de Paola, abogado de Tal Cual, juntar estas causas es un hecho irregular.

En el editorial de Tal Cual, publicado el 14 de agosto de 2015, sus directivos consideran que la intención de Diosdado Cabello es clara: “quebrar a este periódico y apuntalar la censura que ha venido implantándose en el país”, y aseveran que el semanario mantendrá su posición sobre el hecho de que no se ha cometido delito alguno al replicar la información publicada por el diario ABC de España.

IPYS Venezuela ha registrado 9 procedimientos judiciales en contra del impreso y sus directivos, por la cobertura de informaciones y opiniones de columnistas que hacen crítica a la gestión gubernamental.

Multa desproporcionada

El 17 de agosto de 2015 se tuvo conocimiento de una sentencia emitida por Juan Carlos Valera, juez de un tribunal civil del Área Metropolitana de Caracas, quien dictó una medida de prohibición para enajenar y gravar sobre el edificio sede de la C.A Editora El Nacional, como medida de la demanda por daño moral interpuesta por Cabello. La confirmación oficial de la medida se obtuvo a través de una circular suscrita por el director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Dante Rivas[6].

Esta decisión resulta apresurada y desproporcionada. Así lo considera Juan Garantón, representante judicial de Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, quien aseguró que el juez Valera no demoró más de 48 horas en fallar en contra de El Nacional, puesto que el presidente del Parlamento anunció en su programa televisivo, “Con el mazo dando”, que la demanda civil fue admitida el 12 de agosto.

Otra de las demandas por difamación e injuria registradas durante 2015[7] ocurrió contra Sebastiana Barráez, periodista venezolana que labora para el semanario Quinto Día, con sede en Caracas. Barráez recibió el 25 de mayo de 2015 una notificación sobre una  demanda por difamación agravada, que ejerció el concejal del municipio Carirubana, del estado Falcón y dirigente regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Kyle Baldayo. La demanda fue efectuada en el Tribunal Tercero de la ciudad de Coro, capital de la entidad, admitida por la jueza Karina Zavala.

El concejal Baldayo actuó judicialmente en contra de la periodista, luego de que Barráez publicara, en septiembre de 2006, el extracto de una conversación grabada en 2005, cuando el candidato a la concejalía -para esa fecha- hablaba con un contratista con quien estipulaba el monto correspondiente a la comisión por una obra[8].

Aunque la demanda que pesó sobre el concejal en el Ministerio Público fue sobreseída, y él mismo reconoció en un programa televisivo que se trataba de su voz, el funcionario demandó a Barráez, por el seguimiento que ella ha realizado a los hechos de corrupción en el estado Falcón, relacionadas a obras inconclusas, abuso de poder que vinculan a funcionarios públicos y militantes del partido oficial.

Abuso del poder del Estado

Los procedimientos judiciales que amenazan la expresión en Venezuela se han agudizado en un escenario de alta conflictividad y polarización sociopolítica. Este panorama se ha derivado de la ausencia de independencia de los poderes públicos, la falta de respuestas oportunas a las exigencias sociales y políticas de los ciudadanos, así como el debilitamiento de los mecanismos de justicia

Estas acciones legales, además, han sido acompañadas por un discurso agraviante que han mantenido altos funcionarios públicos en contra de periodistas y medios de comunicación que revelan hechos de corrupción e irregularidades vinculadas con la gestión gubernamental.

Autoridades estatales de Venezuela, con frecuencia, acusan a periodistas y directivos de medios regionales, nacionales e internacionales de liderar campañas de desprestigio en contra de autoridades gubernamentales. Esto con el fin de criminalizar la labor periodística y promover la autocensura entre periodistas y fuentes de información. De acuerdo al registro de IPYS Venezuela, en los primeros nueve meses de 2015, 204 casos de violaciones a la libertad de expresión fueron cometidos por funcionarios públicos. Esta cifra demuestra la responsabilidad directa del Estado en al menos 70% de total de incidentes reportados, que entre enero y septiembre de 2015, sumaron 294.

Discurso agraviante

Durante este lapso (enero – mayo), Diosdado Cabello emitió 8 amenazas de acción legal en contra de los medios nacionales diario El Nacional, el semanario Tal Cual y el portal digital La Patilla, así como también contra el diario español ABC, por la reproducción de la información periodística publicada en el diario ABC[9]. El Presidente del Parlamento aseveró que los medios de comunicación debían abstenerse de publicar informaciones que pudiesen vulnerar el honor y la reputación de una persona si no contaban con las pruebas que corroboraran las informaciones publicadas, y aseguró que se apoyaría en lo establecido en el derecho interno venezolano para defenderse de los señalamientos en su contra.

La demanda que ejerció Diosdado Cabello -quien además es Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y candidato parlamentario para los comicios del 6 de diciembre de 2015- fue respaldada por el Presidente la República, Nicolás Maduro Moros[10], y la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez[11], quienes rechazaron las acusaciones en contra del presidente del

parlamento. Insistieron que esta es una campaña mediática internacional que busca acusar al gobierno de ser responsable de violaciones de DDHH, y de mantener un “narcoestado”.

Earle Herrera, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialistas Unido de Venezuela (Psuv) también rechazó públicamente la presunta campaña mediática que se emprendió en contra de Diosdado Cabello, al afirmar que los medios internacionales, como ABC de España y The Wall Street Journal, publicaron información sobre la supuesta investigación que pesa sobre el presidente del Parlamento sin presentar evidencia alguna que corroboren dichas informaciones[12].

El Tribunal Supremo de Justicia expresó su solidaridad con el presidente del parlamento venezolano[13]. Desde el poder judicial se argumentó que la información difundida por medios internacionales y replicada por los medios demandados carecen “de veracidad” y “acarrean las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional”. Estas pueden considerarse opiniones adelantadas que vician el derecho al debido proceso, debido a que hay un proceso judicial que está en curso. El TSJ no mencionó medios ni noticias específicas. Pero su pronunciamiento ocurrió luego que el 18 de mayo de 2015, el diario The Wall Street Journal, periódico de Estados Unidos, afirmara que se adelantaban investigaciones relacionadas con funcionarios venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, por irregularidades y supuestos vínculos con narcotráfico.

Para el Tribunal Supremo de Justicia los señalamientos de los medios pretenden “atentar contra la soberanía, la igualdad, la autodeterminación, la independencia y los derechos de nuestro pueblo a la paz, y puede identificarse en este tipo de formato aquellos que se ejecutan como forma de crear la atmósfera de desprestigio y deslegitimación necesaria para consumar hechos de violencia colectiva, que ya hemos padecido en el pasado reciente”[14].

Este registro demuestra el uso desproporcionado de procedimientos judiciales que amenazan la expresión en Venezuela, a partir de la legalización de las penas por el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, que vulneran los tratados internacionales de protección de Derechos Humanos, que han sido suscritos y ratificados por Venezuela.

En su informe anual 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recomendó a Venezuela modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones o las que pretenden proteger la seguridad nacional o la paz pública, a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre los asuntos de interés público y el pleno ejercicio de los derechos políticos[15]. Esta recomendación es el resultado de las reiteradas insistencias de organizaciones no gubernamentales de DDHH, que velan por el cumplimiento de la libertad de expresión en Venezuela[16].

Recomendaciones

Antes esta situación IPYS Venezuela recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortar al Estado venezolano a garantizar el pleno ejercicio y respeto a la libertad de expresión.

Desde esta organización, sugerimos hacer llamados de atención al Estado venezolano, que se orienten a:

  1. Modificar la legislación actual respecto a los medios de comunicación para eliminar la criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea de los estándares de los derechos humanos.
  2. Proporcionar pluralidad y diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información y asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin procesos injustificados.
  3. Cumplir las obligaciones internacionales en justicia y libertad de expresión, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos
  4. Armonizar el marco jurídico respecto a libertad de expresión con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión.

Notas de pie de página:

[1] Ver alerta IPYS Venezuela: http://ipysvenezuela.org/alerta/caracas-tribunal-admitio-demanda-civil-interpuesta-por-diosdado-cabello-contra-el-portal-web-la-patilla/

[2]  En venezuela existe un control cambiario desde 2003: http://www.eluniversal.com/economia/150210/cronologia-del-control-cambiario-en-venezuela-desde-2003-a-nuestros-di

[3] Ver alerta de IPYS Venezuela: http://ipysvenezuela.org/alerta/caracas-22-directivos-de-medios-fueron-acusados-por-difamacion/

[5] Ver alerta de IPYS Venezuela: http://ipysvenezuela.org/alerta/caracas-continua-demanda-por-difamacion-contra-22-directivos-de-medios/

[6] El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Sarem) envió a la sede del diario El Nacional una circular en la que se notifica la prohibición de enajenar y gravar a la casa editorial por la demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Diosdado Cabello. Ver información:  http://informativo.co/noticia/gobierno-venezolano-prohibe-enajenar-y-gravar-bienes-de-el-nacional-65032

[7] Ver alerta de IPYS Venezuela: http://ipysvenezuela.org/alerta/falcon-periodista-sebastiana-barraez-fue-demandada-por-concejal-del-psuv/

[8] Falcón: Periodista Sebastiana Barráez fue demandada por concejal del PSUV: ttp://ipysvenezuela.org/alerta/falcon-periodista-sebastiana-barraez-fue-demandada-por-concejal-del-psuv/

[9] El 27 de enero de 2015, el diario ABC reseñó las declaraciones de varias fuentes -incluyendo a Leamsy Salazar -quien cumplió funciones como jefe de seguridad del parlamentario- en las que se le involucra con un  cartel del narcotráfico. Ver publicación web: http://www.abc.es/internacional/20150127/abci-venezuela-cabello-eeuu-201501262129.html

[10] Durante una alocución oficial en horas de la tarde del martes de 27 de enero de 2015, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, rechazó las acusaciones en contra de Diosdado Cabello, señalándolas de formar parte de una campaña internacional que pretende desprestigiar al parlamentario y su Gobierno. Ver información en la página del PSUV: http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/nicolas-maduro-diosdado-cabello-venezuela-campana-descredito/

[11] Rodríguez calificó de falsas las acusaciones de estos medios de comunicación sobre la publicación del diario ABC de España, y considera que son cónsonas con sectores políticos imperiales que utilizan “mentiras para justificar una intervención, impedir el desarrollo económico del país y apoderarse de sus recursos”. La canciller presentó un documento en el que –aseguró- destacan todas las acusaciones en contra del Estado venezolano durante el mes de enero de 2015, y que calificó como “patrañas mediáticas”.

http://www.noticierovenevision.net/politica/2015/febrero/2/118124=canciller-rodriguez-asevero-que-estan-contempladas-acciones-contra-medios-internacionales

[12] Ver alerta de IPYS Venezuela: http://ipysvenezuela.org/alerta/caracas-diputado-acuso-a-medios-internacionales-de-tener-campana-en-contra-de-diosdado-cabello/

[13] Publicación en página web del Tribunal Supremo de Justicia http://www.tsj.gob.ve/-/poder-judicial-rechaza-rotundamente-la-continuidad-de-las-agresiones-conspirativas-contra-el-estado-venezolano

[14] Ver alerta de IPYS Venezuela: http://ipysvenezuela.org/alerta/caracas-tsj-rechazo-informacion-de-medios-que-vincula-a-diosdado-cabello-con-el-narcotrafico/

[15] Informe Anual 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ver capítulo IV sobre Venezuela:  http://ipysvenezuela.org/2014/10/28/la-censura-en-venezuela-quedo-expuesta-ante-la-cidh/

[16] Participación de IPYS Venezuela y otras organizaciones en materia de libertad de expresión en la 153° Periodo de sesiones de la CIDH. Ver información: http://ipysvenezuela.org/2014/10/28/la-censura-en-venezuela-quedo-expuesta-ante-la-cidh/

Descarga aquí el informe:

Descargar (PDF, 184KB)

 

 

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