IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
A fin de conocer lo que realmente ocurre en Venezuela en materia de derechos humanos, un grupo de peruanas defensoras de este tipo de derechos visitó del 21 al 23 de octubre dicho país y elaboró un informe que resume sus impresiones, conclusiones y pedidos.
El informe expresó su especial preocupación “por las situaciones de hostigamiento, amenazas, seguimientos y violencia que periódicamente enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela”.
El documento critica los actos de violencia que se han producido al ejercer el derecho humano a la protesta. Señaló que los episodios vandálicos “son contraproducentes, tanto de parte de quienes manifiestan su oposición al gobierno, como del estado o grupos que actúan en su apoyo”.
Si bien todo país tiene derecho a luchar contra el vandalismo el procesamiento debe respetar estrictamente el debido proceso y no se debe criminalizar a los opositores políticos, ni restringir el derecho de protesta, “como lamentablemente está ocurriendo en Venezuela”, indica en las conclusiones.
La delegación peruana
La delegación estuvo conformada por Rocío Silva Santisteban, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Gisela Ortiz Perea, directiva del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y Lilia Ramírez Varela, miembro del Comité Directivo del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Ellas sostuvieron reuniones con diversos sectores de la sociedad civil, dirigentes sindicales, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos, así como periodistas.
Disentir o criticar no es ser enemigo del país
La delegación peruana exhortó al Estado venezolano a apoyar a los defensores de manera irrestricta y cumplir con controlar a los grupos que realizan los actos violentos. Asimismo, moderar la actitud del Estado hacia las instituciones de la sociedad civil venezolana.
Remarcó que “Disentir o criticar no es sinónimo de ser enemigos del país”.
Además, enfatizó que el derecho humano a la libertad de expresión, dentro de la cual se encuentra la crítica y la protesta social, “se debe de garantizar no solo cuando la difusión de ideas e informaciones son favorables, inofensivas o en apoyo del estado, sino también, y principalmente, cuanto ofenden, resultan ingratas, chocan o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.
“Esta una exigencia trascendente para el desarrollo de una sociedad democrática, y que lamentablemente no viene cumpliendo el gobierno venezolano”, indica una de las conclusiones.
Respecto a la preocupante crisis generada por la deportación de las personas a Colombia y que fueron sujetas a expulsiones colectivas. “La forma en la que se realizaron las deportaciones indica la violación de múltiples derechos humanos”, indica el informe.
Finalmente, afirmó que la comunidad de derechos humanos de Perú seguirá atenta a lo que ocurre en Venezuela en relación al ejercicio de los derechos humanos y a la situación de las personas que los defienden.
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