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Venezuela: La cobertura del narcotráfico se hace con cautela

Génesis Obaya y David Matos

Especial para IPYS Venezuela

Los sobrinos de la primera dama pasaron de largo en 35 medios impresos venezolanos, durante los dos días posteriores a su captura. En las versiones web prevaleció el lenguaje de la evasión

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El mutismo ha rodeado a las autoridades estatales alrededor de las investigaciones y denuncias de narcotráfico que supuestamente vinculan a personas cercanas a funcionarios de gobierno. La cautela y el silencio también han permeado en la cobertura periodística.

Así ocurrió en la difusión de las noticias sobre el caso de la detención de los sobrinos de la primera dama, que se encuentran bajo investigación por supuestas irregularidades en el tráfico de drogas. Han pasado 79 días del anuncio de esta medida y este lapso ha estado marcado por la opacidad oficial y también por el sigilo de los medios, que han cubierto con temor este hecho de interés público.

Esta actitud comenzó desde que se anunció esta medida, pues durante las primeras 48 horas, al menos 35 medios en 11 estados del país no publicaron en sus versiones impresas ninguna información en torno a la detención, por presuntos nexos con el narcotráfico, de los sobrinos de la Primera Dama, según el monitoreo que hizo IPYS Venezuela durante los dos primeros días posteriores al suceso.

Durante el 11 y 12 de noviembre de 2015, el equipo de IPYS Venezuela hizo un registro de 35 periódicos nacionales, regionales y locales, que permitió detectar, que los medios omitieron información de interés público, lo que supone un síntoma poco saludable para la libertad expresión en Venezuela.

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó en su versión digital en español, en horas de la tarde del 11 de noviembre, que agentes de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) habrían detenido a Efraín Antonio Campos Flores y a Francisco Flores de Freitas en Puerto Príncipe, Haití, a quienes se acusa de transportar 800 kilos de cocaína al país norteamericano.

Las versiones web de El Nacional, Nueva Prensa de Oriente (Anzoátegui), El Informador (Lara), El Sol de Margarita (Nueva Esparta), y el portal digital Aporrea, fueron los primeros medios venezolanos que reseñaron la información el 11 de noviembre de 2015, en base a lo publicado en periódicos y agencias internacionales, tales como WSJ y Associated Press (AP), respectivamente.

Para ese momento no hubo pronunciamiento de las autoridades oficiales del gobierno nacional respecto a la situación, si acaso una mención del cónsul del Estado venezolano en Nueva York, quien según WSJ había sido puesto al tanto de lo ocurrido por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Una cobertura tímida

Un día después, el 12 de noviembre, el tema comenzó a circular en prensa escrita, reseñada en las primeras planas de los impresos El Nacional, en Caracas; El Tiempo, en Anzoátegui; El Carabobeño, en Carabobo; La Mañana, en Falcón; Pico Bolívar, en Mérida; Diario Los Andes, en Trujillo; Diario La Nación, en Táchira; Versión Final, en Zulia, y El Impulso y El Informador, en Lara, lo que equivale a 28.6% de los 35 periódicos monitoreados para este reporte. De esta cifra, ocho también lo hicieron en su versión digital.

Entre agosto de 2013 y septiembre de 2015, ocho de estos medios denunciaron a IPYS Venezuela fallas en las ediciones impresas debido a obstáculos en el suministro de papel periódico y el alto costo de planchas y películas fotográficas.

Lo preocupante, sin embargo, es que 71.4%, es decir, 25 de los 35 periódicos monitoreados no publicaron la información en sus portadas ni en sus páginas internas ese día, y solo diez de ellos divulgaron la información en sus versiones digitales.

Geográficamente, estos impresos se distribuyen de la siguiente manera: Anzoátegui, Nueva Prensa de Oriente; Aragua, El Clarín, El Aragüeño, El Siglo y El Periodiquito; Bolívar, El Diario de Guayana, El Progreso, El Luchador y Primicia; Carabobo, Notitarde; Falcón, Nuevo Día; Mérida, Frontera; Miranda, La Región y Avance; Monagas, La Prensa de Monagas, La Verdad de Monagas y El Oriental de Monagas; Nueva Esparta, El Sol de Margarita y El Caribazo; Portuguesa, Última Hora y El Regional, y Zulia, Panorama y La Verdad. En esta lista se incluyen El Universal y El Correo del Orinoco, que son impresos de circulación nacional.

Eufemismos en la web

De los medios incluidos en el monitoreo, el día 11 las cinco versiones web vincularon a los detenidos con la familia presidencial. Dos medios los identificaron como sobrinos de la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que los otros utilizaron palabras como “familiares” (1), “sobrino y ahijado” (1) y “supuestos familiares” (1).

El día 12 de noviembre, el número de palabras para la vinculación aumentó. Los medios web emplearon en sus titulares palabras como: “parientes” (2), “sobrino” (1), “supuestos sobrinos” (1), además de “sobrinos” (1), “sobrino y ahijado” (2) y “familiares” (4). Dos de estos medios prefirieron titular simplemente con la palabra “venezolanos”.

En la prensa del 12 de noviembre también hubo vinculación, excepto un medio que se valió de la palabra “detenidos”. Cuatro titularon con “familiares”, otros cuatro con “sobrinos”, mientras que los demás utilizaron las denominaciones: “ahijado y sobrino” (1), “sobrino” (1),  “supuestos sobrinos” (1).

IPYS Venezuela pudo corroborar que la información que se publicó en Venezuela fue reproducida de medios y agencias de noticias internacionales, y no se buscó entrevistar directamente a las fuentes. En su mayoría, se cita a AP, Reuters y EFE. Igualmente se recoge información de The Wall Street Journal, The New York Times, ABC de España y CNN en español.

En los días sucesivos, a partir del 13 de noviembre, el monitoreo registró otras publicaciones en varios de los medios reportados, inclusive en sus portadas, y en otros que hasta la fecha no habían publicado nada al respecto. El soporte seguía siendo la información difundida por los medios y agencias de noticias internacionales.

Para este reporte también se hizo un monitoreo de las televisoras privadas Venevisión y Televen durante sus ediciones meridianas los días 11, 12 y 13 de noviembre.

En la sección Entrevista Venevisión, la candidata por el PSUV a las parlamentarias por Distrito Capital, Tania Díaz, y quien fue miembro de la Comisión de Medios de la AN, cuestionó que se difundieran los hechos acerca de la detención en portales web nacionales e internacionales, especialmente durante la intervención del presidente Maduro en la IV Cumbre de América del Sur y Países Árabes (Aspa), en la que propuso el establecimiento de precios justos de los hidrocarburos. Según Díaz, agencias internacionales de noticias hablaban de supuestas informaciones y dejó ver que las mismas podrían formar parte de una campaña mediática para desprestigiar a las autoridades oficiales y justificar una intervención política y económica de fuerzas extranjeras en Venezuela. Por esta razón, aseguró que la detención no debía calificarse como un hecho noticioso.

En el caso de Televen, la opción fue mencionar el suceso, sin detalles de lo ocurrido. Para darlo a conocer, se valieron de dos preguntas “¿Conoce la historia objetiva de la detención de dos venezolanos por agentes de Estados Unidos?”, “¿Qué piensa el gobierno de todo esto?”, llevando a los televidentes a esclarecer la información a partir del artículo publicado en el semanario Quinto Día, titulado “¿Qué pasó con los venezolanos detenidos en Haití?”

 (a partir del minuto 24)

Información condicionada

En los primeros 10 meses de 2015, IPYS Venezuela registró al menos 60 declaraciones agraviantes en contra de periodistas y medios de comunicación, 48 limitaciones de acceso a la cobertura de asuntos de interés público y 10 acciones legales en contra de periodistas y medios de comunicación. Esto ha influido en el tratamiento informativo de medios impresos y digitales acerca de temas sensibles relacionados con divisas, escasez, cierre de frontera, inseguridad, alto costo de la vida, corrupción y narcotráfico.

Esta institución advirtió acerca del efecto intimidatorio que las acciones legales por supuestos delitos de difamación e injuria podían generar en las salas de redacción  para el mes de mayo de 2015, cuando un tribunal del Área Metropolitana de Caracas admitió una demanda por difamación en contra de los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital La Patilla por reproducir una información del diario ABC de España que vinculó a Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), con el narcotráfico.

Aunque la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la reproducción de información de terceros no da lugar a responsabilidad, inclusive en casos en los que la información no sea correcta, el procedimiento judicial por la demanda de Cabello en contra de 22 directivos de estos medios sigue en curso.

Las autoridades oficiales han mantenido un discurso que descalifica y condena la información difundida en medios nacionales e internacionales acerca de la detención de estas personas. Todos aseguraron que existía, para ese momento, una campaña política y mediática de desprestigio en contra de las autoridades gubernamentales, con el fin de influenciar a los ciudadanos durante el contexto electoral de las parlamentarias de diciembre de 2015.

De 64 acciones legales que IPYS Venezuela enumera en su registro histórico, desde el año de su creación en 2002 hasta el mes de agosto de 2015, al menos 29 se encuentran vinculadas con los delitos de difamación e injuria a autoridades públicas, tipificados en el código penal venezolano. En este mismo período, fueron 36 las personas demandadas por delitos de difamación e injuria. De este número, 22 (más de 50%) corresponden a la demanda de Cabello, por la reproducción de la información publicada en el diario ABC, el 27 de enero de 2015.

Las demandas por difamación e injuria se hicieron en mayor proporción contra periodistas. Cuatro impresos y un portal web también fueron demandados por este delito: El Universal, Tal Cual, Correo del Caroní, El Nacional y, el portal web, La Patilla. Estos medios (menos El Universal desde 2014, luego de su venta), continúan teniendo una línea crítica a la gestión gubernamental.

Entre enero de 2005 y 2014, IPYS Venezuela registró 52 procedimientos administrativos, investigaciones por supuestos delitos técnicos y de contenido transmitidos por medios radioeléctricos privados, comunitarios, portales web y proveedores de Internet y televisión por suscripción.

Ante este escenario, IPYS Venezuela hace un llamado a las fuerzas estatales, no estatales y a los directivos de medios de información a que garanticen las condiciones necesarias para que los profesionales del periodismo puedan ejercer su labor sin ningún tipo de presiones, amenazas y riesgos.

La opacidad informativa de la fuente oficial y las acciones legales emprendidas en contra de periodistas y medios de comunicación, luego de publicaciones de información de interés público, condicionan el ejercicio periodístico, sobre todo cuando se trata de hechos violentos producto de la inseguridad y denuncias de corrupción en la gestión pública, entre otros.

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