IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
En los últimos cuatro años, IPYS Venezuela ha registrado una tendencia sistemática del discurso oficial y las instituciones de justicia para amedrentar y criminalizar a los medios de comunicación social venezolanos y a los periodistas críticos al gobierno
Caracas, 31 de julio de 2016.- De 65 acciones legales que IPYS Venezuela enumera en su registro histórico (de 2002 a 2016), 30 corresponden al delito de difamación e injuria, tipificados en el Código Penal Venezolano y el Código Orgánico Procesal Penal. De ellas, cuatro han terminado en privativa de libertad. El último caso corresponde al juicio contra David Natera, director del impreso regional Correo del Caroní.
La tendencia suele caracterizarse por declaraciones agraviantes acompañadas de forma reiterada con amenazas de acciones legales y administrativas. A veces estas amenazas surten efecto cuando periodistas denuncian cambios evidentes en las pautas informativas, que terminan por ocultar de la luz pública irregularidades que los ciudadanos tienen derecho a conocer para la toma de decisiones.
Los señalamientos se incrementan paulatinamente a medida que transcurre la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros. Civiles, defensores de Derechos Humanos, trabajadores y empresas de medios, a partir de las denuncias vinculadas a la situación sociopolítica del país, han sido criminalizados por el derecho de expresar, informar y opinar sobre temas relacionados con el alto costo de la vida en Venezuela, los índices de criminalidad, el sistema público de salud, las protestas ciudadanas, los hechos de corrupción, entre otros.
Las acciones judiciales registradas por IPYS Venezuela contra periodistas y medios de comunicación ha sido la más reciente y sistemática medida que tienen las figuras de autoridad para hacerle frente a las publicaciones periodísticas que hacen crítica al manejo de asuntos bajo su responsabilidad.
El registro de alertas a la libertad de expresión por declaraciones agraviantes revela un incremento progresivo. Este comportamiento responde a las denuncias recopiladas por IPYS Venezuela en los años 2013 (26), 2014 (26), 2015 (61) y 2016 (17- hasta el 30 de junio). Por otro lado, las amenazas de acción legal por los llamados delitos de opinión también han variado en este mismo período: 16, 15, 18 y 5 (este último responde al primer semestre de 2016).
Algunos medios de información mantienen su independencia con algunas consecuencias, como las demandas civiles y penales, por parte de empresarios y funcionarios públicos, luego de la publicación de informaciones y opiniones a las que vinculan con delitos de honor y reputación.
Entre 2002 y 2015, fueron 36 las personas demandadas por delitos de difamación e injuria. De este número, 22 (más de 50%) corresponden a la demanda del diputado Diosdado Cabello por la reproducción de la información publicada en el diario ABC de España, el 27 de enero de 2015, en la que se le señaló de estar presuntamente involucrado con el narcotráfico.
Las demandas por el delito de difamación e injuria se hicieron en mayor proporción contra periodistas. Cuatro impresos y un portal web fueron demandados por este delito: El Universal, Tal Cual, Correo del Caroní, El Nacional, y el portal web La Patilla.
Seis meses que vulneran el derecho a #OpinarconLibertad
En los seis primeros meses de 2016, IPYS Venezuela registra 17 declaraciones agraviantes por parte de autoridades públicas, de las cuales 11 han sido contra medios de comunicación e información de capital privado, cinco contra reporteros y uno contra un activista de Derechos Humanos.
Los victimarios para el total de los casos se encuentran vinculados a los poderes ejecutivo (15) y legislativo (2). Destacan entre ellos, los gobernadores de tendencia oficialista (9), el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros (4), el diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv, Diosdado Cabello (2), y los cuerpos de seguridad del Estado (2). Los gobernadores con el mayor número de alertas son José Gregorio Vielma Mora (3), del estado Táchira, y Ramón Carrizalez (2), del estado Apure.
Entre los casos emblemáticos en la categoría Declaraciones agraviantes que de alguna manera han condicionado el derecho de todo ciudadano a #OpinarconLibertad durante los seis meses de 2016, destacan los siguientes:
El 6 de mayo de 2016, el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez, emitió comentarios descalificativos y amenazantes, por segunda vez, contra el periodista Carlos Barco Segura, durante una inspección de obras en Guasdualito, estado Apure, tras informar de los riesgos de una hipotética inundación si no se ejecutan los trabajos preventivos, sustentado en declaraciones de dirigentes y vecinos; sumado a ello otras críticas a la gestión gubernamental. En 2015, la radio donde labora Barco, Fe y Alegría 620 AM – 101.5 FM, fue obligada a nivel nacional a emitir dos horas de noticia y dos de música, para evitar que transmitieran continuamente las quejas de familias que no habían recibido ayuda gubernamental para alimentarse, salir de sus casas o rescatar algunos enseres, dada la emergencia que vivió la referida población fronteriza ante su inundación.
El segundo caso ocurrió el 22 de mayo de 2016, cuando el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, acusó a medios de comunicación del Táchira de fungir como partido político. Vielma Mora hizo alusión a la emisora Ecos del Torbes 780 AM, cuya directiva difundió un editorial a través de las cinco emisoras que conforman el Grupo Radial González Lovera, en las que se criticó la realización del Panamericano de Ciclismo, argumentando que es un evento internacional cuyos gastos fueron cancelados en dólares, mientras que en la población no hay comida ni medicinas. El editorial también generó señalamientos de otros voceros del oficialismo, entre ellos, el ex jefe de prensa de la gobernación del Táchira y actual corresponsal de Venezolana de Televisión, Antonio Bello.
A través de las amenazas de acciones legales, cinco de enero a junio de 2016, la expresión también se ve coartada. Según el registro de IPYS, la acción se dirigió en contra de 1 medio digital, 1 diario extranjero, 1 que aplicó para todos los medios en el país y 2 para reporteros de impresos de capital privado, por parte de Iris Varela, ministra de los Servicios Penitenciarios (1), Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y dirigente nacional del Psuv (1), Directiva de liceo bolivariano (1), Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional (1), y Guardia Nacional Bolivariana (1). En el caso de Varela, Rodríguez y Cabello, la amenaza de acción legal se debe a presunta difamación por informaciones publicadas en medios, las cuales propician la opinión pública.
En uno de los cinco casos de amenazas de acción legal, se limitó el derecho constitucional a #OpinarconLibertad cuando funcionarios de la GNB impidieron a dos reporteros de diario El Caroreño, en Lara, entrevistar a los ciudadanos que buscaban denunciar ante el medio que no se les quería vender alimentos en una sucursal de Abasto Bicentenario en esa localidad.
De igual manera, en 2016, IPYS registra 8 casos de censura previa de los cuales 3 se relacionan indirectamente con el derecho a opinar, quebrantado por victimarios estatales, entre ellos el gobernador de Sucre, Luis Acuña Cedeño; el Secretario de Gobierno de Delta Amacuro, Alexander Amares, y funcionarios militares y policiales. Entre los casos emblemáticos, destacan:
El 13 de enero de 2016, el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña Cedeño, solicitó a los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no declarar ante los medios de comunicación sobre conflictos internos del partido y solo acudir a la prensa “para enviar mensajes positivos” acerca de las labores que efectuarían para resolver la situación económica de país.
Asimismo, el 27 de febrero de 2016, un funcionario militar impidió a Lorena Bornacelly Arráiz, reportera de El Pitazo y 30 Minutos Táchira, cumplir con funciones informativas cuando intentó cubrir la reapertura del puente internacional Francisco de Paula Santander en la población fronteriza de Ureña, estado Táchira, suroccidente del país. Durante el hecho, el efectivo advirtió a un grupo de colombianos no dejarlos cruzar el puente, si declaraban a los medios de comunicación.
El derecho a #OpinarconLibertad también se vio vulnerado cuando Radio Fe y Alegría Delta Amacuro 92.1FM quedó fuera del aire el jueves 30 de junio de 2016, luego que autoridades regionales ordenaran la suspensión del servicio eléctrico en la emisora, por ser la única radio que estaba transmitiendo acerca de hechos irregulares en la capital deltana, ante manifestación ciudadana con tranca de carreteras e intentos de saqueos en diferentes sectores de Tucupita.
Por su parte, seis fueron los casos de censura interna registrados por la organización en los seis primeros meses de 2016; cinco de los cuales se vinculan a la censura de temas de interés público por temor a represalia oficial, mientras que uno fue por presión de directivos de medio.
Del total de casos en esta categoría, en dos se coarta el derecho a opinar, tras la decisión tomada por los directivos del medio Visión Apureña de censurar la columna del periodista Leonardo Alfonso Padrón Molina publicada todos los miércoles, por reflejar problemas en los servicios públicos; seguido de la salida del aire del programa de música, opinión y entrevistas, “La hora del Joropo”, transmitido por Radio Mantecal 90.7FM, con sede en Apure. El moderador, José Luis Zapata, informó que la medida se adoptó por presiones a los propietarios de la estación radial, debido a que en el espacio se emitían opiniones críticas al Gobierno y existía participación ciudadana.
Tres años de acciones directas e indirectas
Entre los casos que destacan en 2013, se puede mencionar los señalamientos del presidente Nicolás Maduro, luego del tratamiento informativo que dieron al menos 15 medios de información, que no publicaron en su primera página información, acerca del Plan Patria Segura, un programa gubernamental para atender la situación de violencia e inseguridad ciudadana en el país. Inclusive, una de sus frases que causó polémica ese año fue el 18 de abril, cuando asevero a los medios: “O están con la patria o están con el golpe”.
Directivos del canal de noticias Globovisión, aseguraron haber recibido llamadas en siete oportunidades, por parte de Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información para el 5 de marzo de 2013, quien presuntamente los amenazó con la intención de controlar los contenidos que el medio estaba difundiendo con relación al fallecimiento del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y las informaciones sobre los cambios en el poder ejecutivo ante la coyuntura política del país para ese momento.
En este contexto, Elías Jaua, quien cumplía funciones como ministro de Relaciones Exteriores para ese momento, exhortó de manera sutil a los medios de información para que manejaran equilibradamente sus contenidos informativos, con el fin de que los mismos no incitaran la desestabilización el país.
Los medios internacionales tampoco escaparon a estos señalamientos, cuando el 27 de mayo de 2013, el presidente Maduro acusó a la cadena internacional de noticias Cable News Networks en Español, mejor conocida como CNN en Español, de estar puesta al servicio de la desestabilización al llamar abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela. Ese día, el Presidente aseveró que la prensa internacional mantenía un supuesto plan de “guerra psicológica”.
Entre los casos que destacaron ese año, se puede mencionar la amenaza de acción legal de la que fueron objeto la caricaturista venezolana, Rayma Suprani, y el periodista venezolano, Nelson Bocaranda, por parte de Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y Petróleo, y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por supuestamente desprestigiar la imagen de empresa.
El incidente surgió luego que la caricaturista y periodista emitieran opiniones sobre la presunta vinculación de funcionarios de PDVSA en un caso de un escándalo sexual suscitado el 30 de marzo de 2012, en una de las playas del Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón.
Este tipo de señalamientos representan un preámbulo para un escenario marcado por el temor a publicaciones incómodas que puedan herir la sensibilidad de las personas que ocupan cargos en la administración pública, y peor aún, fomentar acciones directas que puedan dar pie al inicio de procedimientos judiciales.
Uno de los primeros casos registrados en 2013, ocurrió el 24 de mayo cuando el periodista y locutor Horacio Contreras recibió copia de la acusación certificada y remitida por el abogado Heriberto Antonio Peña, Juez en Funciones de Juicio del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del estado Mérida. La acusación penal se produjo, luego de que el gobernador del estado Mérida advirtiera en rueda de prensa, el 13 y 15 de mayo de ese año, que demandaría al periodista por instigar a la violencia durante los hechos del 15 y 16 de abril, en los que grupos de personas armadas arremetieron contra personas que protestaban frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en descontento por los resultados de las elecciones presidenciales que se celebraron el 14 de abril.
Casi mes y medio después, el diario Primicia, en su edición impresa, informó que Yamal Mustafá acudió a los tribunales “para demandar por daños y prejuicios a David Natera Febres y la sociedad mercantil Editorial Roderick C.A., editora del diario Correo del Caroní, por la campaña de descredito que han emprendido en su contra y la de su familia. Esta demanda civil se suma a la querella penal” presentada por el empresario el 15 de julio de 2013 contra Natera y el diputado de la Asamblea Nacional Andrés Velásquez, por presunta difamación en injuria.
2014
Después de conocer acerca de la participación de periodistas y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), William Castillo, declaró para una televisora nacional que el organismo sería el escenario donde “cada quien arma su show”.
El director del órgano encargado de regular las telecomunicaciones en el país, sostuvo para marzo de 2014 que todo comunicador que cubra una situación violenta está expuesto a ser afectado. Esto en el contexto de las protestas civiles sucedidas entre febrero y abril de ese año.
Una orden emanada directamente de la Presidencia de la República ocurrió el 12 de septiembre de ese año, cuando Nicolás Maduro autorizó al gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, a emprender acciones legales contra periodistas que reseñaran informaciones sobre un posible brote de ébola en el Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay, en la ciudad capital de esa entidad.
A través de una entrevista publicada en la página web del Ministerio del Popular para la Comunicación y la Información, el Presidente autorizó al gobernador El Aissami a emprender las demandas judiciales que se correspondan con una presunta compaña mediática en su contra, a partir de la información que cinco medios nacionales y seis internacionales difundieron, entre el 11 y 12 de septiembre de 2014, acerca de la muerte de ocho personas como consecuencia de un virus desconocido.
Las declaraciones del presidente Maduro se corresponden con lo expresado por Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información para ese momento, quien advirtió a los medios de comunicación sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes reseñaran este tipo de informaciones.
Estos señalamientos en contra de los medios de comunicación son contrarios a los estándares internacionales de libertad de expresión y el derecho a la información consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de la OEA y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Las concertaciones oficiales para no informar sobre la dimensión de enfermedades víricas en Venezuela no se corresponden con los preceptos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, mediante la Observación General n° 14 del año 2000, estableció que el Derecho a la Salud no solo abarca la atención médica oportuna, sino también las condiciones básicas determinantes para garantizarla. Entre los aspectos imprescindibles se encuentra el principio de accesibilidad a la salud, que presenta 4 dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica, y el acceso a la información.
Esta garantía se corresponde con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en sus artículos 51 y 143, establece el derecho del acceso a la información pública, y la responsabilidad de los funcionarios e instituciones estatales de difundir información de interés colectivo, de manera oportuna.
IPYS Venezuela expresó su preocupación ante un escenario que pudiese promover órdenes de censura y autocensura sobre temas de salud pública en la entidad y en el territorio nacional.
Ese mismo año, destacaron dos casos por su gravedad y magnitud. El 24 de enero de 2014, Diosdado Cabello introdujo ante los tribunales de Caracas una demanda en contra de Tal Cual, impreso de circulación nacional, y el articulista Carlos Genatios, por la publicación de un artículo de opinión sobre la situación de inseguridad en Venezuela, publicado el 18 de enero, y en el que se le atribuyó la frase: “Si no les gusta la inseguridad, que se vayan del país”. Una semana antes, el funcionario había comenzado a anunciar a través de su cuenta de la red social Twitter que acudiría a los tribunales correspondientes para exigir a Genatios y a los directivos del periódico la presentación de las pruebas en las que se demuestre la veracidad de sus declaraciones en relación con el tema de la inseguridad.
Luego del cambio de propietarios de El Universal, articulistas, que escribían para este periódico de capital privado y circulación nacional, recibieron una comunicación entre el 28 y 31 de julio de 2014, en la que se les notificó que no continuarían expresando sus opiniones en las páginas del impreso. Según relataron a IPYS Venezuela; Miguel Maita, editor de Opinión del diario, informó vía correo electrónico a los columnistas: “Lamento tener que informarle que debido a la reestructuración editorial que adelanta el diario El Universal se ha hecho una serie de ajustes y por esta razón ya no podemos darle curso de publicación a sus artículos temporalmente”.
Hasta el momento, entre los articulistas afectados por esta medida se cuentan: Axel Capriles, Unai Amenabar, Ismael García, José Domingo Blanco, Ángel García Banchs, Miguel Ángel Santos, Orlando Ochoa, Elias Sayegh, Nestor Luis Álvarez, Andrés Volpe, María Denisse Fanianos, Eddie Ramírez, Mariano de Alba, Carlos Blanco, Agustín Blanco Muñoz, Dámaso Jiménez, Oscar Arnal, Per Kurowski, Daniel Fermín, Darío Ramírez, Tomás Hernández, Carlos Guerra, Cipriano Heredia, Julio David Cárdenas, Óscar Hernández Bernadette y Fernando Ochoa Antich.
2015
Según los registros históricos de IPYS Venezuela, desde 2002, el año 2015 se ubica, con 391 casos, como el de mayores conflictos en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Doce meses en los cuales los ciudadanos sortearon el silencio para informarse y tomar decisiones responsables en un clima de total hostilidad.
IPYS, en 2015, contabilizó 61 declaraciones agraviantes de autoridades públicas en contra de periodistas, medios de comunicación y activistas de Derechos Humanos que se encargaron de producir y difundir información que podría conducir a la crítica ciudadana.
El discurso agraviante, de intolerancia, vinculó al Presidente de la República, Nicolás Maduro, en 14 oportunidades, mientras que el ex presidente de la Asamblea Nacional y actual diputado, Diosdado Cabello, fue responsable de 18 de estos hechos que comprendieron señalamientos, descalificaciones y amenazas contra sectores que se consideran disidentes. Cabello dirigió la mayoría de estas declaraciones, que mantuvieron un discurso de odio, a través del uso sistemático de los espacios de Venezolana de Televisión (VTV), principal canal del Estado.
En el mes de diciembre de 2015, bajo clima electoral, dado los comicios parlamentarios, IPYS Venezuela exhortó al Estado venezolano a garantizar que los medios estatales promuevan espacios de pluralidad e independencia informativa y de opinión, así como la participación de los ciudadanos, sin distinciones ideológicas, a través de la difusión de contenidos que reflejen los asuntos de interés de todos los sectores del país. Esto tras una investigación de esta organización acerca de la programación del canal de la Asamblea Nacional, ANTV, realizada durante los meses de octubre y noviembre de 2015, la cual reveló que existió poca presencia de los diputados de la bancada opositora en la pantalla. Días previos a la campaña electoral, esta televisora destacó el despliegue proselitista a favor de los candidatos del Gran Polo Patriótico.
Otros casos emblemáticos en 2015 en materia de opinión, fue el ataque por parte del Presidente Nicolás Maduro y simpatizantes oficialistas hacia medios y caricaturistas, con la intención de desacreditarlos, ante la publicación de contenidos que resultan incómodos para el gobierno venezolano.
El 14 de febrero de 2015, el Presidente Maduro, en cadena nacional de radio y televisión, acusó a la revista colombiana Semana y a los medios colombianos de promover una campaña de manipulación, odio y mentira en contra de Venezuela y de su gobierno, a propósito de una caricatura hecha por Vladimir Flórez, conocido por su seudónimo Vladdo. El caricaturista explicó a IPYS Venezuela que la intención de la caricatura claramente no era ofender al pueblo de Venezuela, sino criticar a su gobierno y a la gestión que están haciendo: “Una caricatura no desmoraliza a un país, lo que lo desmoraliza es la mala calidad de vida a la que lo tienen sometido sus gobernantes. Desmoralizarlo no es contar y criticar la situación en la que se vive, es la escasez, es ponerlo a hacer colas para todo”.
De igual manera, el 10 de agosto de 2015, simpatizantes oficialistas acusaron al ilustrador venezolano, Eduardo Sanabria, de incitar el asesinato del esgrimista Rubén Limardo, luego de la publicación de una caricatura en la que se le muestra con una imagen doble, una al lado de la otra. La primera representa el momento en que Limardo sostuvo el tricolor venezolano, cuando ganó la medalla de oro en los juegos olímpicos de 2012, mientras que en la segunda sostiene solo el color rojo, el cual tiñó su uniforme de color blanco. Eduardo Sanabria, caricaturista venezolano relató a IPYS Venezuela que la ilustración expone cómo el deportista Limardo representaba en 2012 a todo el país, y ahora representa a una tolda política oficialista con su candidatura al parlamento nacional por el Gran Polo Patriótico, encabezado por Héctor Rodríguez, agrupado en la lista de candidatos por el estado Bolívar.
Durante el 2015, las amenazas de acciones legales (18) y las acciones legales (10) también fueron constantes desde los espacios del canal del Estado, Venezolana de Televisión, contra quienes ejercen el periodismo dentro y fuera del país, vulnerándose los principios constitucionales e internacionales de protección de la libertad de expresión. Estas acciones de criminalización televisada fueron lideradas por altas autoridades del Estado y funcionarios públicos.
Este uso de las normativas legales, con argumentos penales y civiles, tuvo un punto de inflexión ante la demanda judicial por difamación agravada que ejerció Diosdado Cabello, y que el tribunal aprobó en menos de un mes en contra de 22 directivos del diario El Nacional, el semanario Tal Cual, y el portal web La Patilla. Hecho que ocurrió luego de la reproducción de una información que publicó el diario español ABC, en la que se vinculó a Diosdado Cabello con el narcotráfico, para ese momento cumplía funciones como presidente del órgano legislativo, Asamblea Nacional (AN), y que reprodujeron los medios venezolanos demandados. Esta demanda fue acompañada por una medida sustitutiva de libertad en contra de los demandados, y una prohibición de salida del país.
En el Estudio 2015 Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación, Periodismo en arenas movedizas, justamente, IPYS Venezuela determinó, en una consulta a 225 periodistas, que 37% de ellos prefirió ser cauto y guardar silencio acerca de temas de interés público, debido a las amenazas de acciones legales, y que podría llevarlos a enfrentar procesos civiles o penales.
Con intención indirecta de vulnerar el derecho de los ciudadanos a opinar, las órdenes de censura previa (6) dirigidas por el Estado venezolano fueron diversas en los doce meses de 2015. Las decisiones de los poderes públicos implicaron la supresión de expresiones en redes sociales, la prohibición de la difusión de telenovelas sobre narcotráfico y la difusión de propagandas electorales. En este contexto, también se produjo la suspensión de las transmisiones y la confiscación de la señal de la televisora parlamentaria, Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV) y el cierre temporal del diario La Verdad de Vargas como consecuencia de la cobertura de un caso de corrupción.
En 2015, también predominaron las presiones internas en los propios medios de comunicación, lo que influyó en la pérdida de autonomía de las líneas editoriales de algunos medios de información, mayormente en los de Caracas, y las principales ciudades del país, entre ellas Zulia, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Barinas, Monagas y Falcón.
En estas entidades fueron recurrentes los casos de despidos arbitrarios a periodistas, luego de la cobertura de asuntos de interés público, así como también la publicación de noticias e investigaciones sobre conflictos sociopolíticos acerca de temas sensibles para el Gobierno Nacional, vinculados a hechos de violencia y criminalidad, conflictos con autoridades de gobierno, disputas con manifestantes violentos, escasez de alimentos y actividades vinculadas con el narcotráfico, según el registro de esta organización, coberturas que incentivan la opinión pública en Venezuela.
IPYS Venezuela registró 31 casos de censura interna, que comprendieron 12 despidos arbitrarios o cambios de rol de los periodistas -dentro de los propios medios de comunicación- vinculados a razones informativas. Por otra parte, en uno de los casos se alegó la culminación de contrato de uno de los periodistas por presiones externas que recibió el medio de comunicación desde el poder estatal.
De igual forma, se registraron 11 hechos de censura por temor a represalia oficial, cuatro por presión de los directivos del medio, dos cambios de línea editorial ante nuevos propietarios de los medios, luego de ventas a empresarios, presuntamente, vinculados con el poder estatal. En esta coyuntura, IPYS Venezuela también registró un caso de autocensura, en el que un periodista decidió guardar silencio e inhibirse de realizar su labor informativa por presiones recibidas.
Un despido indirecto por razones informativas fue el del periodista Félix Pirela el 7 de diciembre de 2015 de la planta televisiva Globovisión. Pirela relató a IPYS Venezuela que desconoce las razones exactas de su despido y que extraoficialmente se había enterado que en el canal lo catalogan de “periodista escuálido” por negarse a la censura de temas de interés público que incentivan la crítica ciudadana hacia la gestión del actual gobierno.
Otros dos casos documentados por la organización se relacionan con la censura de columnas de opinión en el impreso El Universal por parte de directivos y coordinadores de fuente.
El 1 de julio de 2015, Rafael Garrido, abogado venezolano y activista por los Derechos Humanos, denunció que el diario El Universal, impreso de circulación nacional, censuró un artículo de opinión que escribió en relación con la falta de protección estatal para la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Inter (LGBTI) de Venezuela.
Igualmente, a Luis Daniel Álvarez, quien fue articulista en El Universal por 10 años, el 20 de diciembre de 2015, le censuraron dos de sus artículos de opinión; uno acerca de Roy Chaderton, político, abogado y diplomático venezolano, y otro con relación a la censura de prensa durante la dictadura del ex presidente colombiano, Gustavo Rojas Pinilla.
