lunes , marzo 25 2024

Libertad de expresión en Venezuela: El silencio que grita

El Estado venezolano mantiene un estridente silencio que grita la vulneración del derecho a la libertad de expresión. Venezuela no sólo desoyó las recomendaciones que le hicieron otros gobiernos en 2011, sino que empeoró sus prácticas debilitando esa garantía

MARU MORALES P

Si el Estado venezolano hubiera aceptado la recomendación que los gobiernos de Canadá y Noruega le hicieron en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU, en 2011, en el sentido de “eliminar la penalización de los delitos de desacato, difamación o calumnia”, 22 directivos de medios de comunicación social no habrían sido llevados a juicio en 2014 por replicar una información de interés público sobre un alto funcionario del Estado.

Pero el Estado no sólo no aceptó la recomendación, sino que entre 2013 y 2015, IPYS Venezuela documentó 25 procedimientos judiciales por razones informativas y de opinión, de los cuales 13 fueron demandas por difamación e injuria.

El caso más reciente se registró el 11 de marzo de 2016 cuando un juez penal condenó al director del diario Correo del Caroní, David Natera, a cuatro años de prisión por informar sobre los hechos de corrupción cometidos en la estatal CVG Ferrominera en el año 2013. Después de 7 meses, aún no hay sentencia firme.

En 2011 otros 7 gobiernos también hicieron recomendaciones a Venezuela para fortalecer la libertad de expresión, de información y la protección de los periodistas. Suiza, Eslovenia, Australia, Eslovaquia, Alemania, Indonesia e Israel formularon propuestas que cayeron en saco roto. El Estado “tomó nota” de las mismas, lo que en el lenguaje de la ONU se traduce como que fueron rechazadas. La única sugerencia aceptada provino de Uruguay, pero al paso de 5 años es claro que tampoco ha sido implementada.

A contravía. En el EPU de Venezuela que tendrá lugar en Ginebra los días 1 y 3 de noviembre, se revisarán los avances del Estado tanto en libertad de expresión como en derechos humanos en general.

El Estado venezolanos consignó previamente y defenderá durante esos dos días un informe oficial que recoge el trabajo realizado para la promoción de todos los derechos humanos desde 2011 al presente. Es de hacer notar que en ese informe no existe ningún apartado para referirse a los derechos a la libertad de expresión, pensamiento y opinión.

La única referencia contenida en el documento es técnica y se restringe al otorgamiento de concesiones de radio, la distribución del espectro radioeléctrico entre medios públicos, privados y comunitarios, y la implementación de la Televisión Digital Abierta.

El silencio del Estado en materia de libertad de expresión grita la vulneración de ese derecho. El Estado ha caminado en dirección contraria a todas las recomendaciones recibidas hace cinco años.

 Sin acceso. Suiza sugirió a Venezuela “trabajar para que todas las instancias del Estado respeten y protejan el derecho de todas las personas a la libertad de expresión”. Entre 2012 y 2015, IPYS determinó 844 agresiones contra periodistas y ataques contra medios de comunicación.

Eslovenia le propuso al gobierno venezolano “cumplir con sus obligaciones internacionales en relación al derecho a la libertad de expresión”. Pero entre 2012 y 2015 IPYS registró 33 casos que se derivaron de la aprobación y aplicación de normativas que afectaron la libertad de expresión y que fueron en contra de los estándares internacionales.

Australia le recomendó por su parte, “garantizar el acceso oportuno y eficaz a la información gubernamental” y “tomar medidas para proteger la libertad de expresión y de opinión”.

Muy lejos de adoptar pasos en dirección a abrir más la información del Estado, la Asamblea Nacional que rigió entre 2011 y 2015 engavetó un proyecto ciudadano de ley de acceso a la información pública presentado en 2011. Apenas este año el nuevo Parlamento retomó el proyecto. Adicionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia, ha fallado repetidamente contra varias ONG y periodistas que han recurrido ante esa instancia para pedir acceso a información de interés público. 

En 2013 se negó al periodista César Batiz la solicitud de acceder a información sobre al proceso de adquisición de unidades eléctricas por parte de PDVSA. En 2015 se declaró inadmisible una demanda presentada por Transparencia Venezuela contra el director del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, por no responder a reiteradas solicitudes de información relacionada con presuntos hechos de corrupción. Ese mismo año se declaró inadmisible otra demanda de Transparencia Venezuela contra el presidente del Banco Central de Venezuela por no publicar balances e indicadores macroeconómicos.

Sin pluralidad. Eslovaquia planteó en 2011 que Venezuela debía “armonizar el marco jurídico sobre el derecho a la libertad de expresión con las obligaciones internacionales”, “estimular la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información y garantizar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones legítimas libre de cualquier acusación injustificada”.

Nuevamente el Estado actuó en dirección contraria. De hecho, 30% de las leyes sancionadas por el parlamento, solo en 2013, estuvieron orientadas a regular el contenido de los medios de comunicación. Una información publicada por el diario El Nacional en diciembre de ese año señala: “6 de las 20 leyes que aprobó el Legislativo este año establecen nuevas responsabilidades para la televisión, la radio, los medios impresos, publicitarios y electrónicos. Se trata de regulaciones que van desde la obligatoriedad de difundir ciertos mensajes, la prohibición de divulgar algunos contenidos, las sanciones penales por omisión o infracción, pasando por la preservación de las lenguas aborígenes y la obligatoriedad de aportar al fondo de cultura si se perciben más de 20.000 Unidades Tributarias al año”.

Por otro lado, en su último mes de funcionamiento, la legislatura anterior de la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Comunicación del Poder Popular que regula el funcionamiento de los medios de comunicación comunitarios y alternativos y plantea, entre otras cosas, que este tipo de plataformas serán financiadas por el Estado, lo que es considerado una forma de incidencia del Estado en sus contenidos, alineándolos con el discurso propagandístico oficial.

Entre 2012 y 2015, IPYS contabilizó 505 violaciones por uso abusivo del poder estatal y 33 por normas que dificultan la expresión. Adicionalmente, los problemas para el acceso al papel periódico ha forzado el cierre y/o migración a plataformas web de una veintena de medios de comunicación desde 2013, mermando las ventanas para informarse.

Periodistas desprotegidos. El gobierno de Alemania le recomendó a Venezuela “reevaluar la legislación de los medios de comunicación y las disposiciones que garantizan la libertad de expresión”. 

Entre 2012 y 2015, IPYS Venezuela registró 31 procedimientos administrativos que afectaron la libertad e independencia de los medios radioeléctricos privados y comunitarios, entre los que están portales web y proveedores de Internet y TV por suscripción y que fueron aplicados de manera discrecional por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Indonesia por su parte expresó preocupación y recomendó “redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los periodistas en el país”, mientras Francia sugirió “tomar medidas para luchar contra las amenazas y ataques contra periodistas”.

En 2012, Espacio Público registró 248 violaciones a la libertad de expresión. En 2013, un contabilizó 289 violaciones que incluyen: ataques a periodistas y medios de comunicación, censura, intimidación, hostigamiento judicial y verbal, amenazas, restricciones administrativas, opacidad en el acceso a la información pública y abuso de poder durante la campaña electoral desarrollada en este período. Un total de 324 personas fueron afectadas.

En 2014, Reporteros Sin Frontera reveló que Venezuela fue el segundo país con más periodistas agredidos y/o amenazados en el mundo ese año. La ONG contabilizó 134 casos de ataques a periodistas, apenas por detrás de Ucrania que enfrentaba una guerra civil. “En Venezuela, 62% de las agresiones a periodistas durante las protestas masivas fueron cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana”, reseño RSF a fines de 2014. Además, de 834 periodistas detenidos en el mundo, Venezuela ocupó el quinto lugar, con 34 casos, detrás de Ucrania, Egipto, Irán y Nepal.

Ese mismo año, Espacio Público registró 350 denuncias/casos de violaciones a la libertad de expresión con 474 víctimas y al año siguiente 237 denuncias/casos.

Contra la disidencia. Israel por su parte pidió “acabar con la cultura de impunidad que rodea los casos de represalia por la disidencia, los ataques contra los defensores de derechos humanos y periodistas, el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones pacíficas, los abusos de la fuerza por parte de agentes estatales, el fenómeno conocido como ejecución de criminales y otros derechos humanos graves violaciones”.

Entre 2012 y 2015, IPYS Venezuela contabilizó 191 casos (9%) de censura de los poderes públicos, los grupos fácticos que actúan al margen de la ley, y de los propios medios de comunicación.

Desde enero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2016, el Foro Penal Venezolano ha registrado 6.535 arrestos con fines políticos, por distintos motivos que van desde la publicación de mensajes en redes sociales contra el gobierno nacional o algún funcionario público, al haber participado en una manifestación política o protesta social contra la escasez de alimentos o productos básicos, inseguridad o mal funcionamiento de un servicio público, entre otros. 101 permanecen injustamente privadas de su libertad, y solo en 2016 han sido arrestadas 2.436 personas, de las cuales quedaron encarcelados 35 presos políticos.

Contra los defensores. La única recomendación que Venezuela aceptó en aquella oportunidad provino del gobierno de Uruguay, que sugirió “continuar facilitando y fortaleciendo el trabajo de las ONG y otros actores de la sociedad civil, así como garantizar sus medios de comunicación social”.

Tampoco esta recomendación ha sido honrada. El Estado, a través de sus medios oficiales ha sostenido una campaña de descrédito contra las ONG, sus voceros y su trabajo. Solo por citar un ejemplo, en mayo de 2015, el coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui y el director general de Espacio Público, Carlos Correa, denunciaron al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello por interceptar sus comunicaciones privadas y divulgarlas. En julio las ONG denunciaron durante la evaluación del Comité DESC de la ONU la situación de acoso y lograron un pronunciamiento del organismo a su favor.

De acuerdo al análisis de Ipys, el Estado venezolano ha hecho 323 recomendaciones en distintos temas a otros países. Solo ha hecho 3 recomendaciones en materia de libertad de expresión a Cuba, Bolivia y EEUU. Cuba y Bolivia aceptaron su recomendación sobre el proceso de democratización de los medios y acceso a Internet. EEUU rechazó su recomendación sobre presiones para revelar las fuentes de información y privación de libertad contra periodistas.

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