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La delegación encabezada por la canciller Delcy Rodríguez evitó pronunciarse sobre las sugerencias que le hicieron en el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos y decidió dejar para marzo el anuncio de cuáles aceptará y cuáles rechazará.
Ronna Risquez, Maruja Dagnino, Edecio Brito Adrián, Juan Francisco Alonso, Maru Morales P., Gitanjali Wolfermann (Enviados especiales)
Ginebra/Suiza.
Como si de un estudiante se tratara, el Gobierno decidió llevarse para la casa la tarea de informarle al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuáles de las 274 recomendaciones que le formularon en el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU) aceptará y cuáles rechazará.La información figura en el informe preliminar que la instancia internacional emitió este jueves y donde se anuncia que la delegación encabezada por la canciller Delcy Rodríguez “examinará las siguientes recomendaciones y les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 34 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos”, que se celebrará en marzo de 2017. Este es el plazo máximo que tienen los Estados para informar qué compromisos están dispuestos a asumir para mejorar la situación de las garantías fundamentales en sus países.
Esta postura contrasta con la que tuvo el Ejecutivo en 2011, durante la primera evaluación, cuando decidió aceptar inmediatamente 20 propuestas y sugerencias que le formularon, entre ellas la de incrementar el número de prisiones, reparar las existentes, aumentar el número de custodios y formarlos mejor; combatir el retardo procesal; y “dar pasos más duros para luchar contra el crimen y la violencia y poner énfasis en llevar ante la justicia a los criminales”.
Un lustro atrás el Gobierno dejó para más adelante 15 sugerencias entre las cuales figuraba establecer canales de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo dijo que 75 ya la había ejecutado o las estaba ejecutando y 38 las rechazó de plano.
Las autoridades ni siquiera aceptaron de entrada las propuestas que Burundi, Nicaragua y el Vaticano le hicieron para impulsar un diálogo que “fortalezca la democracia participativa y protagónica prevista en la Constitución venezolana” y “para resolver pacíficamente la severa tensión política, la cual es la fuente de una multitud de preocupaciones sociales y humanitarias”. Esto, a pesar de que este domingo el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaron conversaciones bajo la facilitación precisamente de la Santa Sede.
La participación del Vaticano en este proceso fue solicitada tanto por el Ejecutivo como por sus adversarios.
Ni de los aliados
El Ejecutivo tampoco le dijo sí a los planteamientos que le formularon sus aliados, la mayoría de los cuales lo instaba a seguir por el mismo camino. Irán o Rusia, por ejemplo, llamaron a las autoridades a aplicar el Plan Nacional de Derechos Humanos que aprobaron este año y a seguir con la Comisión Nacional de la Tortura, respectivamente.
En el congelador también quedaron los llamados que países como Jamaica, socio en Petrocaribe, hicieron a las autoridades para que combatan el crimen, o la de Ghana para que “se redoblen los esfuerzos (…) para que las ejecuciones extrajudiciales sean investigadas apropiadamente y sus responsables sean llevados a la justicia”.
Durante la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), operativo policial y militar lanzado por el Gobierno para atacar el hampa se han producido decenas de denuncias de abusos y excesos. El Ministerio Público anunció en su último informe anual que investigaba las circunstancias en las que fueron asesinados 245 venezolanos en estos procedimientos.
La postura venezolana disparó las alarmas en la ONU, donde recordaron que el país es uno de los miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos y por lo tanto “tiene una gran responsabilidad en la promoción y vigilancia de los Derechos Humanos”. Sin embargo, no descartaron que mañana, cuando la representación gubernamental reciba el informe final, asuman algún compromiso, aunque eso no ha ocurrido hasta ahora en este proceso.
En marzo las autoridades deberán informar qué propuestas acogieron, no obstante en Ginebra se da por un hecho que temas sensibles y que salieron a relucir con insistencia en la evaluación, tales como la escasez de alimentos y medicinas y las peticiones para aceptar ayuda internacional para atacarla, tomar medidas para restaurar la independencia del Poder Judicial, permitir las visitas de los relatores y funcionarios de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liberar los presos políticos y garantizar plenamente la libertad de expresión y el ejercicio de los defensores de Derechos Humanos probablemente serán desechadas, tal y como ocurrió hace cinco años.
