IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La justicia venezolana tiene cuentas pendientes con los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente, y a dar y recibir información. Así lo relata IPYS Venezuela en el informe “Censura, la marca de un gobierno democrático”, que forma parte del libro Memorial de agravios, en el que participan ocho organizaciones de la sociedad civil.
En el Examen Periódico Universal que presentó Venezuela el pasado 1 de noviembre en Ginebra, la falta de independencia del poder judicial y las violaciones a los derechos libertad de expresión fueron fueron dos de los temas más recurrentes.
Es inquietante que Mientras los países de Europa están preocupados por hacer que los autobuses desciendan hacia la acera en las paradas para que las sillas de los discapacitados y las bicicletas puedan subir, en Venezuela los asuntos fundamentales de cualquier democracia, como la independencia del aparato judicial y el derecho a la libertad de expresión, no solo no están resueltos sino que presentan un franco retroceso.
Y es más grave que un Estado utilice al aparato judicial para asfixiar a las voces disidentes, crear un sistema de terror, inducir la censura previa y la autocensura, como ha demostrado IPYS Venezuela en sus dos estudios de censura. Solo en el correspondiente a 2014, Periodismo en arenas movedizas, 277 periodistas confesaron haber dejado de abordar algunos temas por miedo, fundamentalmente, a represalias judiciales.
Propietarios, gerentes, editores de medios y trabajadores de la prensa deben afrontar demandas penales por delitos de difamación e injuria, como es el caso de los 22 a quienes Diosdado Cabello demandó por reproducir una noticia de ABC el 27 de enero de 2015, en la que se le vinculaba con actividades de narcotráfico. Entre 2002 y 2016, IPYS Venezuela reseñó 36 personas demandadas por delitos de difamación e injuria, y de este número, 22 (más de 50%), corresponden con este caso de Diosdado Cabello.
David Natera, dueño del diario Correo del Caroní, fue sentenciado a cuatro años de prisión por denuncias en su medio sobre corrupción en las empresas mineras de Guayana. Aún espera, no obstante, por la sentencia firme.
Delitos que según los estándares y internacionales deberían desaparecer de los códigos penales, y en cambio fueron agregados a nuestro sistema penal en 2005, ya entrados al siglo XXI y bajo revolución.
Un periodista, en un Estado democrático, no tiene la obligación de probar nada. Para eso está el sistema judicial, que debe hacer las investigaciones pertinentes. El periodista debe cumplir con su responsabilidad ética de presentar historias fundamentadas en dudas razonables desprendidas de indicios, y está en la obligación de indagar con seriedad hasta donde el sistema se lo permita e incluso más, con el mismo compromiso que tienen los empleados públicos de someterse al escrutinio público.
Al final del día, estos son casos que deben dirimirse en tribunales civiles, no penales.
En Venezuela hay medios críticos asediados con procedimientos judiciales que derivan en multas a veces impagables por desproporcionadas, como fue el caso de Globovisión antes de que fuera vendido y cambiado diametralmente su línea editorial. Globovisión fue asediado, se le expropiaron equipos microondas de transmisión en vivo, además de mantener, incluso hasta hoy, la renovación de su concesión en la incertidumbre, lo que pone al canal en un limbo jurídico y en una constante zozobra, que trae consecuencias para informar sobre ciertos temas convertidos en tabúes mediante sentencias.
A otros propietarios de medios o trabajadores de la prensa se les detiene arbitrariamente bajo cargos que nos hacen recordar las novelas del escritor checo, Milan Kundera. Tal es el caso de Braulio Jatar, que en tres meses de prisión ha bajado 20 kilos y desarrollado un cáncer. en una celda sin luz a 40 grados, sin alimentación adecuada, bajo el argumento de encontrarlo en posesión de 25 mil $ y 19 mil bolívares en efectivo. Justo después de publicar en su portal Reporte Confidencial información sobre un cacerolazo contra el presidente Maduro en Villa Rosa, Margarita, en el contexto un acto de inauguración de unos desarrollos habitacionales.
Todas estas acciones, este andamiaje que IPYS Venezuela ha registrado como un patrón de asedio contra la libertad los periodistas y ciudadanos a expresarse públicamente y dar y recibir información de manera oportuna, desencadena en una visión unívoca y de ficción que el Estado se empeña en crear, basado en eufemismos y discursos que agravantes que criminalizan opinión y el periodismo independiente. Así se pretende crear una realidad en la que todo está muy bien y la culpa es del que informa porque crea “zozobra”, “incita al odio”, “incita al miedo”, delitos que que han sido agregados a nuestro sistema legal durante estos últimos 17 años.
En Memorial de agravios el lector podrá encontrar toda la información perfectamente documentada con las alertas y reportes de IPYS Venezuela. Los invitamos a descargarlo, y a leer también los informes de Cepaz, Acceso a la Justicia, Transparencia Venezuela, Sinergia, Invesp, Espacio Público, Provea, y un texso de análisis de Jesús María Casal.
Descargar el libro “Memorial de agravios 2016” aquí:
Memorial-de-Agravios-2016.pdf (219 descargas )
