IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Representantes de las organizaciones internacionales de DDHH coincidieron que el gobierno de Nicolás Maduro intenta ampliar su margen de censura en el país
Organizaciones de la sociedad civil venezolana y ciudadanos rechazaron la salida del aire de CNN en Español en Venezuela y exigieron la revocación de la medida cautelar impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en contra del canal de noticias que mantiene suspendida su señal de las cableoperadoras en el país.
El Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público, Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) consignaron un documento en el que notifican al ente regulador de la telecomunicaciones en el país sobre la desproporción e ilegalidad de un procedimiento sancionatorio que atenta contra la Constitución y los estándares internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información de interés público suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.
El gerente general de operaciones de Conatel, Enrique Quintana, fue el funcionario que recibió el documento.
Consideran que las razones esgrimidas por Conatel, sobre soberanía y estabilidad de la nación, a partir de la difusión de informaciones que vinculan al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, con presuntos hechos de narcotráfico, no son suficientes para privar a los ciudadanos del goce y disfrute del derecho individual y colectivo a la libertad de expresión.
“… Esta represalia no sólo coarta aún más la dimensión colectiva de la libertad de expresión de los venezolanos, sino que compromete gravemente la institucionalidad democrática del mismo órgano rector de telecomunicaciones, que está obligado a ser un órgano independiente e imparcial”, reseña el texto.
Conatel suspendió la señal de CNN en Español tres días después que el presidente de la República, Nicolás Maduro, condenara a la cadena internacional de noticias por informaciones presuntamente manipulan la opinión pública venezolana. “¡CNN que no meta sus narices en Venezuela! CNN bien lejos, caballeros ¡Yo quiero a CNN bien lejos de aquí! ¡Fuera CNN de Venezuela, fuera!”, fue el mensaje agraviante que emitió Maduro contra la cadena internacional de noticias desde el Palacio de Miraflores durante un acto en el marco de la celebración del Día de la Juventud, el pasado 12 de febrero.
Los representantes de estas organizaciones no gubernamentales acudieron el jueves 16 de febrero a la sede de Conatel, ubicada en la urbanización Las Mercedes de Caracas, en compañía de civiles y representantes de los medios de comunicación, para pedirle a Conatel que revoque la decisión y restituya de forma inmediata la señal de CNN en Español en la programación de la televisión por suscripción venezolana.
Video. VPI TV Noticias
Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) considera que la medida impuesta por Conatel representa un zarpazo a la libertad de expresión que alcanzó a los medios extranjeros que hacen periodismo en el país.
Oswaldo Cali, abogado de Espacio Público, aseguró que la decisión de Conatel no solo viola la Constitución venezolana y los tratados suscritos, sino que compromete la responsabilidad internacional del Estado venezolano ante hechos que podrían generar sanciones a los funcionarios públicos que la han tomado.
Durante la actividad, simpatizantes oficialistas y presuntos colectivos se acercaron a la sede del organismo gubernamental para apoyar la decisión de sacar la señal del canal internacional de noticias de las cableoperadoras venezolanas. Aunque hubo momentos de tensión, no se registraron discusiones o disturbios.
Organizaciones de DD HH invocan el derecho internacional para rechazar la medida
Representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos y organizaciones que velan por la libertad de expresión consideran que la orden de Conatel no solo demuestra la intención del gobierno venezolano en ampliar el margen de la censura, sino también un abuso reiterado contra la prensa extranjera en el país.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro considera que la censura y el hostigamiento a la labor de la prensa están convirtiendo el ejercicio periodístico venezolano en una declaración teórica. Su mensaje formó parte de un video compartido a través de las redes sociales en el que hizo un llamado a la defensa de las libertades informativas como un instrumento para proteger la democracia.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que se vulnera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humana a través de una orden que calificó como una retaliación del gobierno venezolano por la investigación de CNN en Español que vinculan a Tareck El Aissami, vicepresidente de la República, con hecho irregulares.
En declaraciones para CNN en Español, Lanza considera que el Gobierno venezolano pudo ejercer su derecho a réplica, para ofrecer su versión de los hechos, o en todo caso, dar una conferencia de prensa para contradecir el informe publicado por la cadena de noticias.
Aseguró que la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro representa una de las formas más grotescas de censura, y que a pesar de que existen normas penales y civiles que sancionan la expresión ofensiva contra los funcionarios públicos en el país, las responsabilidades ulteriores se encuentran legisladas en su orden interno.
Un comunicado público de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenó las acciones del gobierno venezolano calificándolas como una medida de censura a la pluralidad y diversidad de voces que surge de la actividad periodística de los corresponsales extranjeros en suelo venezolano.
Carlos Lauría, director del Comité para la protección de periodistas, aseguró que la salida de CNN en Español del territorio venezolano es una pretensión del presidente Nicolás Maduro para ampliar la censura y eliminar la crítica.
Lauría considera pertinente que los organismos de Derechos Humanos deben adoptar la decisión unánime de condenar medidas que ponen en riesgo el sistema democrático venezolano. “En tiempos de crisis, en los que la sociedad vive una situación de violencia generalizada, y en la que no tiene acceso a medicamentos, es necesario que se garantice el acceso a la información para tomas de decisiones futuras”, aseguró.
La Asociación de Prensa Extranjera en Venezuela (Apexve) también deploró la medida impuesta por Conatel y considera que existe una intemperancia del Estado venezolano con relación a la labor de la prensa internacional que vulnera la pluralidad de voces garantes del debate democrático.
Violaciones a la prensa extranjera
En 2017 ya se había registrado un precedente a la salida de CNN en Español en Venezuela. Las cabloperadoras sacaron la serie El Comandante, una serie de ficción sobre la vida del ex presidente venezolano Hugo Chávez, cuya difusión fue criminalizada por Conatel el mismo día de su estreno.
El director del organismo, Andrés Eloy Méndez, y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, promovieron el hashtag #AquiNoSeHablaMaldeChavez para criminalizar las expresiones disidentes al gobierno venezolano entre ciudadanos y personas con cargos en las instituciones públicas.
Posteriormente, Cabello promovería la etiqueta #CNNFueraDeMiPatria, durante la difusión de su programa televisivo Con el mazo dando, para apoyar la medida cautelar impuesta por Conatel.
Los corresponsales brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira permanecieron detenidos por diez horas el 11 de febrero pasado en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, por funcionarios de inteligencia, quienes los despojaron de sus teléfonos celulares y sus herramientas de trabajo, cuando tomaban fotografían a una estructura inconclusa de la estatal brasileña Odebretch.
El 12 de febrero, el mismo día que el presidente de la República emitió las declaraciones contra CNN en Español, los corresponsales abandonaron el país con destino a la ciudad de Lima, Perú.
El corresponsal independiente Aitor Saez, se le prohibió la entrada al país, el 22 de enero de 2017, cuando pretendía cubrir las movilizaciones convocadas por sectores de oposición con relación al 23 de enero, fecha en la que se conmemora -anualmente en Venezuela- el golpe de Estado contra el régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en 1958.
Para ese momento, IPYS Venezuela advirtió que las detenciones arbitrarias y los procedimientos irregulares de inmigración configuran un uso abusivo del poder estatal que vulnera el derecho constitucional que tienen los corresponsales extranjeros para hacer periodismo en el país.
Las instituciones del Estado están en la obligación de garantizar que la labor de los periodistas de medios nacionales y extranjeros se pueda realizar sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones.
