Advierten que Maduro tiene doble discurso sobre normalización de la AN

• Dennis Fernández, primer vicepresidente del Parlamento, rechazó la negativa del gobierno de aceptar las recomendaciones recibidas en el EPU sobre el reconocimiento del Poder Legislativo

MARU MORALES P.@morapin

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha desperdiciado varias oportunidades para encauzar la normalización institucional, rota tras la declaración de desacato del Parlamento por el Tribunal Supremo de Justicia el año pasado.

Una de esas oportunidades perdidas se produjo esta semana a propósito del turno del Estado para responder a las recomendaciones que cuatro países le formularon en noviembre, durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU, en el sentido de “entablar un diálogo constructivo con la Asamblea Nacional”, “permitir a la Asamblea Nacional desempeñar sus funciones” y “restaurar las prerrogativas del Parlamento”. Venezuela rechazó todas esas propuestas.

Entre noviembre y marzo ocurrieron dos eventos más que pudieron servir para alcanzar la normalidad institucional: el 5 de febrero Maduro encomendó al alcalde Jorge Rodríguez “facilitar todos los caminos” para regularizar la existencia de la AN. Y pocos días antes, uno de los ex presidentes facilitadores del diálogo, había presentado a las bancadas de la MUD y el GPP un “acuerdo de mutuo reconocimiento” para viabilizar la vida institucional. “Hubo dos reuniones y luego el PSUV no fue más”, confirmó una fuente de la oposición vinculada a las conversaciones.

“Estamos ante un doble discurso. Maduro dice una cosa y hace otra. Anuncia una comisión para normalizar a la AN, y no se le ven resultados. El gobierno no tiene la más mínima intención de normalizar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo por el interés de la República”, señaló Dennis Fernández, segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional.

El ex presidente de la Comisión de Política Exterior y diputado del PSUV-Carabobo, Saúl Ortega, no comparte esa lectura: “Mientras no se cumplan las sentencias del TSJ, la directiva del Parlamento seguirá al margen de la legalidad. No es un problema de voluntad política”.

Escepticismo. Otro de los puntos presentados en el EPU y rechazados por el Estado fue la liberación de los presos políticos. Elenis Rodríguez, directora de Fundeci, considera que tal postura constituye una nueva demostración del talante antidemocrático del gobierno.

“El gobierno quiere hacerle ver a la comunidad internacional que no hay presos políticos. Sin embargo, fiscales, jueces y magistrados que han actuado en esos procesos amañados han admitido públicamente que las investigaciones, los juicios y las sentencias son dirigidos desde el alto gobierno”, dijo Rodríguez.

El Estado, no obstante, aceptó más de 180 recomendaciones sobre asuntos diversos, incluyendo algunas sobre detenciones arbitrarias y celeridad procesal. La directora de Cofavic, Liliana Ortega, se mostró escéptica al respecto. “Venezuela ha sido reacia a la presencia de los organismos de supervisión de derechos humanos, de manera que el avance más sustantivo sería que se permitiera la visita de los relatores”, señaló Ortega.

No descarta que la publicación del segundo informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Venezuela esta misma semana, incida en la sesión oficial de aceptación de recomendaciones hoy en Ginebra.

“Los organismos internacionales tienen niveles cada vez más sofisticados e intensos de articulación y seguimiento. Los informes del secretario Almagro forman parte del análisis de los órganos de la ONU, así como los informes de los relatores de la ONU son leídos en la Comisión Interamericana”, afirmó Ortega.

En la sesión de hoy tendrán derecho de palabra el Estado, los países examinadores y las ONG venezolanas, cada uno durante 20 minutos.

Ignoran la crisis humanitaria

La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida repudió la decisión del Estado venezolano de rechazar las recomendaciones recibidas durante el EPU en materia de crisis humanitaria y derecho a la salud.

En una nota de prensa la ONG señaló que al no considerar prioritarios esos planteamientos, “las autoridades desconocen la crisis que viven los venezolanos, que incluye un desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos que supera el 85% y 95%, respectivamente, lo que afecta la calidad de vida de casi 4 millones de personas que viven con enfermedades crónicas”.

Condenan que los exhortos a proveer medicamentos de forma urgente, a afrontar la escasez de servicios y a atender las necesidades básicas del pueblo no hayan sido aceptados. “El gobierno las anota como una recomendación que tendrá en agenda sin darle la prioridad que amerita”.

Francisco Valencia, presidente de Codevida, advirtió que la crisis de salud se mantendrá mientras el gobierno no reconozca su existencia. “Nuestras últimas reuniones con el sector farmacéutico nos indican que en los próximos meses se acentuará la escasez a niveles catastróficos, lo que generará una disminución en la calidad de vida de las personas con condiciones de salud crónica, e incluso más muertes”.