El Estado venzolano ha rechazado solicitudes del alto comisionado

• Venezuela pasará a revisión nuevamente en 2021. Las organizaciones de la sociedad civil inician ahora un proceso de seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado venezolano

• Las denuncias de violaciones a derechos civiles y polìticos fueron reiteradas en esta sesión por Amnistía Internacional, Human Right Watch, Cofavic y Civicus

Indira Ramírez / IPYS Venezuela

Ll a mañana de este jueves 16 de marzo finalizó para Venezuela el 2º ciclo del Examen Periódico Universal con la adopción de 193 recomendaciones sobre derechos humanos y el rechazo de otras 81 por -considerarlas el Estado venezolano- como tergiversadas y basadas en falsos supuestos.

El último encuentro entre el Estado venezolano, las misiones diplomáticas y las organizaciones de la sociedad civil en el marco del mecanismo universal de revisión se centró en la vulneración y preocupaciones internacionales por el pleno cumplimiento del derecho a la salud y el derecho a la alimentación, la independencia judicial, la situación de los defensores de DDHH y las visitas de las misiones de las oficinas de Naciones Unidas al país, que no se realizan desde el año 1996.

La delegación venezolana encabezada por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, destacó en su discurso el compromiso del gobierno de Nicolás Maduro para garantizar derechos económicos y sociales y la protección a poblaciones vulnerables y reiteró el ya tradicional discurso gubernamental sobre los supuestos actos de sabotaje y “acciones que rayan en el terrorismo” como amenazas a la realización plena de los derechos fundamentales.

Sin embargo, las prerrogativas civiles y políticas de la población fueron relegadas por el Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil que lograron entrar en el derecho de palabra en la sesión recordaron al gobierno venezolano su compromiso para garantizar la plena vigencia de estos derechos, piedra angular de la democracia y el estado de derecho.

Amnistía Internacional, Human Right Watch, Cofavic y Civicus cuestionaron que Venezuela haya rechazado recomendaciones sobre la liberación de los presos políticos y de conciencia, las visitas técnicas de las oficinas de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado, las libertades para el ejercicio de los derechos a la manifestación, asociación y libertad de expresión y la creciente militarización de las fuerzas de seguridad y las políticas de seguridad ciudadana.

Las organizaciones mostraron su preocupación por la gravedad de la crisis venezolana y demandaron al Estado aceptar la cooperación internacional para superar la escasez de alimentos y medicinas.

Los defensores de derechos humanos continúan siendo víctimas de persecución en Venezuela. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho. Estamos preocupados porque Venezuela haya rechazado la recomendaciòn sobre la liberación de los presos políticos, especialmente la liberación de Leopoldo López, hecha por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y la independencia de la justicia, asì como las recomendaciones para que el Estado venezolano desista de sus denuncia a la Corte IDH, fueron algunas de las expresiones de Amnistía Internacional. En similar tono se pronunció Feliciano Reyna de Civicus, en representación de 170 organizaciones de DDHH venezolanas.

Reyna destacó en su minuto y medio de intervención: “Lamentamos la falta de cooperación del Estado venezolano con la oficina del Alto Comisionado y la iniciativa de invitar a oficinas especiales de DDHH. Nos preocupa el consecuente quiebre del Estado de derecho y las libertades democráticas. Las libertades civiles, la manifestación pacífica y la reunión  están seriamente restringidas. Periodista, estudiantes y  polìticos son sometidos a persecución y personas detenidas son sometidas a tratos crueles. el Servicio Nacional de Inteligencia debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles. El 82%de la población viven en pobreza, 1 de cada 5 niños presentaron malnutrición,  75% de los hospitales están sin insumos, 4 millones de personas no tienen acceso a la medicina que su patología requiere. Venezuela debe aceptar la cooperación internacional para evitar daños irreparables y pérdidas de vidas, especialmente poblaciones vulnerables”.

▶ Intervención De Feliciano Reyna (@fjreyna) en 2do Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) #EPUSigue https://t.co/XXpPdlWcI9

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 16, 2017

Venezuela estuvo acompañada de la mayoría de intervenciones de Estados aliados que saludaron la adopción de más del 60% de las recomendaciones. Pakistán, Filipinas, Rusia, Bielorrusia, Cuba y Bolivia fueron algunas de las opiniones complacientes con la postura oficial.

El Reino Unido y Estados Unidos manifestaron, por su parte, descontento por la no adopción de las recomendaciones sobres libertades democráticas que realizaron al Estado venezolano y convocaron al Estado a realizar las elecciones de gobernadores prevista para el 2016 e iniciar un diálogo que incluya a todos los sectores de la población.

Vea aquí la sesión final del EPU 2016 para Venezuela: 

El EPU es una revisión complementaria que realizan los Estados a sus pares para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos. La alta participación de Estados en el EPU Venezuela 2016 muestra el retroceso en la materia y la preocupación internacional por la vigencia de los derechos en el país.

El EPU tiene una frecuencia cuatrianual. Ahora las organizaciones civiles inician un ciclo de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, que tendrá nuevamente que presentar examen en 2021.

Los 20 minutos dados a las organizaciones en esta sesión final del EPU no alcanzaron para que Ipys Venezuela hiciera su declaración en la sala de Consejo de Derechos Humanos. Compartimos con ustedes nuestra declaración a continuación:

Ipys Venezuela invita al Estado a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y la Red Internacional de Derechos Humanos saludan la participación de Venezuela en el examen periódico universal.

La libertad de expresión se encuentra  entre las tres principales preocupaciones de los Estados  que formularon  recomendaciones a Venezuela en su examen ante el grupo de trabajo.

Esta preocupación se desprende de informes  presentados por  la sociedad civil, que    denuncian  un contexto  restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión   y  opinión, que afecta a  periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y al ciudadano  en general.

Con espíritu de diálogo,  invitamos al Estado a implementar  las medidas necesarias para  garantizar la libertad de expresión y de opinión, como una de las piedras angulares de toda democracia.

Abogamos para que  el Estado venezolano  profundice  su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos  y las diferentes  instituciones  de las Naciones Unidas.

Invitamos a Venezuela a expedir una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales,  como  lo han hecho otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y a recibir prontamente la visita del relator sobre la  libertad de expresión  y opinión y de  los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, creemos que es necesario emprender acciones para garantizar el libre  acceso a la información pública. Periodistas y ONG solicitan la difusión  de  estadísticas oficiales y  la posibilidad  de  consultar  documentos públicos, que generarán  un mayor espacio de  transparencia. Por ejemplo  la publicación  de los indicadores de inflación   del 2016, la actualización de  las cifras sobre  mortalidad y de epidemiología las Memorias, informes de gestión del 2016.

Exhortamos al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones  que le fueron realizadas por  el Comité de Derechos Humanos en 2015, referidas a:

1.- Garantizar un acceso real y efectivo para el derecho al acceso a la información pública.

2.- Eliminar las sanciones penales por el ejercicio de la expresión, principalmente, el  delito de difamación

3.- Ofrecer protección efectiva a periodistas y defensores de DDHH que sean objeto de actos intimidatorios.