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ONG exigieron al Estado venezolano respetar la libertad de expresión durante sesión final del EPU

  • 3 de las 11 organizaciones que tuvieron derecho de palabra en la sesión final del EPU de Venezuela denunciaron la persecución contra la prensa

Maru Morales P. @morapin
Este jueves cerró para Venezuela el segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La sesión se realizó en Ginebra y contó con la participación de los 47 miembros del Consejo, 11 ONG y la delegación oficial del gobierno de Nicolás Maduro.

La misión gubernamental estuvo encabezada por la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, quien defendió enfáticamente la existencia de garantías para la libertad de expresión en el país.

“En Venezuela esta prohibida toda restricción al libre ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, información, reunión y asociación pacifica y de conformidad con las leyes”, dijo este jueves ante el Consejo de DDHH.

Sin embargo, las cifras y los hechos contradicen tal afirmación de la ministra Varela. De acuerdo al registro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, entre 2012 y 2015, hubo 2030 violaciones a la libertad de expresión. En 2016 se contabilizaron 763 violaciones a este derecho y en lo que va de 2017 se registran 86 denuncias. Por si fuera poco, la mayoría de las violaciones, son cometidas por el Poder Ejecutivo.

De hecho, las ONG y los países que abordaron el tema de libertad de expresión durante la sesión de cierre del EPU mostraron estar al tanto de esa información. Fue así como la representación de Estados Unidos señaló: “Realizamos un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que los medios de comunicación independientes puedan informar”.

Más específicos fueron los planteamientos de Amnistía Internacional, Cívicus y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

AI señaló: “Muchos Estados hicieron recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y garantizar un  ambiente de libertad social. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión, eventos recientes demuestran que en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho”.

El defensor de derechos humanos venezolano, Feliciano Reyna, también tomó la palabra en nombre de Civicus, ONG que consultó a 170 organizaciones venezolanas para presentar su informe ante el Consejo. “Las libertades de asociación, la manifestación pacífica y de expresión están seriamente restringidas en Venezuela. Periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y políticos son objeto de estigmatización y persecución”, señaló Reyna.

Por su parte, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos advirtió que Venezuela atraviesa una crisis en materia de derechos humanos y advirtió que ha habido un incremento de “ataques a la libertad de expresión y atentados contra el derecho de reunión pacífica”.

En respuesta, la ministra Varela señaló que el Estado decidió rechazar ciertas recomendaciones –algunas de ellas sobre libertad de expresión- por considerar que las mismas fueron “esgrimidas de manera politizada y sin ningún marco que las sustenten” Consideró el Estado que determinados planteamientos provenientes de otros gobiernos “fueron realizados de manera sesgada”, con “un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.

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