El Relator para la Libertad de Expresión recordó que el Estado tiene la obligación de prevenir, proteger e investigar abusos contra la prensa
En el marco del informe del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrado en Lima del 3 al 7 de julio de 2017, en el que participaron IPYS Venezuela, Espacio Público y Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el Estado reconoció que ocurrieron situaciones de abuso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra periodistas, pero al mismo tiempo negó que existe una política de bloqueos de señal de Internet.
“Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron un patrón estructural de impunidad que persiste en los casos de violencia contra periodistas en Venezuela -explica el informe de la CIDH. Indicaron que en el contexto de las protestas, se verifica una represión desmedida contra manifestantes, reporteros y fotógrafos debidamente identificados; represión que incluiría robo de equipos y destrucción del material de reporteros y fotógrafos. Según informaron las organizaciones, en 2017 más de 400 trabajadores de medios de comunicación han sido lesionados, detenidos, robados y hostigados mientras cubrían las manifestaciones de protesta en el país. Además informaron tener documentadas centenas de denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Las organizaciones solicitaron a la Comisión que insista en la realización de visita
in loco a Venezuela y que atienda las solicitudes de medidas cautelares para proteger a los periodistas en riesgo.
Por su parte, la representación del Estado argumentó que no existe un patrón sistemático de agresiones a periodistas en Venezuela; que los casos existentes son puntuales y han ocurrido en contextos de violencia y para control del orden público. El Estado reconoció que ocurrieron situaciones de abuso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra periodistas, sin embargo, argumentó que las agresiones a periodistas ocurren en una zona que no está bajo el control del Estado nacional, sino que están bajo el control de autoridades opositoras. Además, el Estado sostuvo que no existe una política de bloqueos de señal de Internet, sino acciones administrativas puntuales.
La Comisión expresó preocupación cuanto al impacto de la polarización política en Venezuela sobre la libertad de expresión. El Relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, hizo referencia a la hostilidad, los ataques y amenazas contra periodistas por parte incluso de altos funcionarios públicos y recordó que el Estado tiene la obligación de prevenir, proteger y de investigar estos casos”.
IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
