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La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas destaca en su reporte que los ataques contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación durante las manifestaciones en Venezuela consistieron en “palizas y heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones de plástico, detenciones arbitrarias e incautación o destrucción de sus equipos”
“Yo no corrí como periodista sino como cualquiera persona que quiere salvarse la vida. Corrí y corrí hasta que la máscara se quedó cubierta de sangre”.
Periodista que recibió el impacto de un cartucho de bomba lacrimógena
durante una protesta en Caracas en abril de 2017100
Ginebra, 30 de agosto de 2017
Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales, y esos hechos apuntan a la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”, según las conclusiones de un informe publicado por la Oficina del ACNUDH.“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el informe.
En el documento se pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, país que en la actualidad es miembro del Consejo.
El análisis realizado por la Oficina del ACNUDH indica que de las 124 muertes relacionadas con las protestas que se encontraban sujetas a investigación por el Ministerio Público hasta el 31 de julio, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. Todavía no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de los otros 51 fallecimientos.
Durante el periodo que abarca el informe, del 1 de abril al 31 de julio, el Ministerio Público inició investigaciones sobre no menos de 1.958 casos de lesiones registrados en el contexto de las manifestaciones. El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el personal sanitario estaba tratando a heridos de armas de fuego.
“Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos. Esto comprende la garantía de que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público durante el periodo que abarca este informe se prosigan de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad”, insistió el Alto Comisionado.
“El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número. En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas”, declaró Zeid.
Según cálculos fiables de las ONG locales, a partir del 1 de abril más de 5.000 personas fueron detenidas, de las que más de 1.000 permanecían todavía encarceladas el 31 de julio. Al menos 609 civiles arrestados en el contexto de las manifestaciones tuvieron que comparecer ante tribunales militares. En el informe se recomienda al gobierno que cese la detención arbitraria y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
Grupos medianamente organizados de manifestantes antigubernamentales emplearon medios violentos, recurriendo a armas improvisadas que fueron desde piedras y hondas hasta cócteles Molotov y morteros de fabricación casera, según reza el informe. Se ha informado de que al menos cuatro personas murieron por la acción de grupos o individuos contrarios al gobierno y, según éste, nueve miembros de las fuerzas de seguridad habían sido asesinados hasta el 31 de julio. En el informe se recomienda a los partidos de oposición que condenen todo acto de violencia, en particular cuando se trate de acciones perpetradas por grupos de manifestantes violentos.
En el informe se documentan ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación realizados por fuerzas de seguridad que, al parecer, se proponían impedir la cobertura informativa de las manifestaciones. “Los manifestantes y periodistas fueron catalogados por las autoridades de alto nivel como “enemigos” y “terroristas” –palabras que no ayudaron mucho a atenuar el contexto de violencia y polarización y que, más bien, quizá contribuyeron a agravarlo”, afirmó el Alto Comisionado.
Aunque reconoció que el número de manifestaciones, arrestos y muertes ha disminuido desde el 1 de agosto hasta el día de hoy, Zeid expresó su preocupación por las medidas tomadas recientemente por las autoridades para criminalizar a dirigentes de la oposición mediante la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.
“La comisión creada recientemente por la Asamblea Constituyente no cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad necesarios para realizar investigaciones independientes y sin motivación política sobre violaciones y abusos de derechos humanos”, declaró Zeid.
El Alto Comisionado advirtió de que, en medio de la continua crisis económica y social del país y el aumento de las tensiones políticas, existe un riesgo elevado de que la situación de Venezuela se deteriore aún más.
“Insto al gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. Una vez más pido al gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a la crisis”, dijo Zeid.
La libertad de expresión bajo fuego
El ACNUDH observó que los ataques contra los medios de comunicación, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación se intensificaron a partir de las protestas que comenzaron en abril de 2017. Entre el 1 de abril y el 15 de julio, la ONG Espacio Público documentó 554 violaciones de la libertad de expresión que afectaron a más de 400 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación. El 31 por ciento de las víctimas de esos ataques eran mujeres, y la mayoría de las violaciones ocurrieron en Caracas (45 por ciento). Las violaciones de este derecho afectaron principalmente a reporteros y periodistas gráficos, que son más identificables por el equipo que llevan.
Violaciones y abusos de los derechos de periodistas y trabajadores de otros medios
durante las manifestaciones.
Los ataques contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación durante las manifestaciones consistieron en ataques físicos (palizas y heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones de plástico), detenciones arbitrarias e
incautación o destrucción de sus equipos.
Al igual que los manifestantes, los periodistas y otros trabajadores de los medios de
comunicación han sido víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las circunstancias de muchos incidentes indican que esos ataques tenían por finalidad impedirles cubrir las protestas. Los periodistas fueron objeto de disparos de perdigones de plástico o cartuchos de gas lacrimógeno, incluso cuando eran fácilmente identificables por sus chalecos y cascos y a pesar de que permanecían a los márgenes de las protestas mismas. Algunos de ellos escucharon órdenes de los mandos de la GNB de apuntarles con cañones de agua o cartuchos de gas lacrimógeno.
Un periodista entrevistado por el ACNUDH relató que escuchó cuando un comandante de la GNB daba a un guardia la siguiente orden: “dispárale al de blanco, dispárale a la rodilla”. Acto seguido vio cómo un guardia nacional se acercó a él unos 10-15 metros, le apuntó y le disparó un cartucho de gas lacrimógeno que le rompió la tibia.
En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad confiscaron, rompieron o sustrajeron el
equipo de trabajadores de los medios de comunicación, según la información recibida por el ACNUDH. Estas acciones se vieron motivadas por la grabación de los actos de represión de las manifestaciones, y en particular de la detención de manifestantes. “En algunos lugares y momentos hasta sacar el teléfono te puede poner en riesgo”, señaló un testigo entrevistado por el ACNUDH.
Según la información recibida por el ACNUDH, un total de 60 periodistas y otros
trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017 (54 hombres y 6 mujeres). Casi todos fueron puestos en libertad varias horas después de ser detenidos, con frecuencia después de que se hubieran borrado sus
filmaciones. Un periodista permaneció detenido 16 días.
Si bien la información recopilada indica que las fuerzas de seguridad cometieron la mayor parte de las violaciones contra los periodistas, éstos también fueron blanco de ataques por parte de los manifestantes y partidarios tanto de la oposición como del Gobierno.
Campañas de desprestigio contra periodistas
El ACNUDH pudo observar que las autoridades venezolanas han estigmatizado y
desacreditado sistemáticamente a los periodistas. A menudo, autoridades de alto nivel han calificado a los periodistas de “enemigos” o “terroristas”104, lo que probablemente ha favorecido o contribuido a generar un clima propicio de violencia contra ellos. El 16 de mayo de 2017, el Presidente Maduro declaró que dos periodistas deberían ser detenidos por las opiniones que emitían en Twitter.
El ACNUDH constató que varios periodistas fueron amenazados, incluso de muerte, cuando cubrían las manifestaciones. Algunas amenazas fueron lo suficientemente serias como para que la persona amenazada tuviera que trasladarse a otra parte del país o al exterior. Las amenazas se propagaron a través de las redes sociales, como por ejemplo las cuentas de twitter en las que figuraban los nombres y las direcciones de periodistas a los que se había tildado de “terroristas”, “infiltrados” o “enemigos”.
“Ninguna información vale una vida” – Autoprotección y resiliencia. “Eso de que por ser periodista estás protegido ya no pasa en Venezuela… Me ha afectado sobre todo el miedo a terminar preso o a que me roben”.
Varios periodistas explicaron al ACNUDH cómo se protegían utilizando chalecos antibalas, cascos y máscaras, y que cubrían las manifestaciones en grupos para estar menos expuestos. “Lo que le digo a mis periodistas es que tienen que protegerse porque ninguna información vale una vida. Les digo que usen su memoria cuando capten imágenes que les ponen en peligro”, indicó el director de un medio de comunicación. “En algunos casos tuvimos que sacar a los periodistas de la calle o trasladarlos a otra parte del país cuando había amenazas de muerte”.
Los periodistas también se han protegido exponiéndose menos, haciéndose visibles y
denunciando las violaciones y abusos contra ellos. La mayor parte de los periodistas
confirmaron al ACNUDH que denunciaban los ataques que sufrían a sus organizaciones
profesionales, para que éstas las difundieran en los medios de comunicación y las redes
sociales. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha
enviado constantemente mensajes por Twitter relatando los incidentes contra los
trabajadores de los medios de comunicación, lo que ofrece cierta protección, particularmente en los casos de detención.
Cierre de medios de comunicación
Según pudo documentar el ACNUDH, el Gobierno ha adoptado un número creciente de
medidas administrativas que se han traducido en el cierre de medios de comunicación o en la imposición de sanciones a los mismos. Además de silenciar a estos medios, ello ha
limitado el acceso a la información para un gran número de venezolanos, especialmente
aquéllos sin acceso a Internet.
Durante el período que abarca el presente informe, el ACNUDH observó que la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) había cerrado 24 estaciones de radio.109 Esto ocurrió en un clima de incertidumbre que afecta al 80% de las estaciones de radio, a las que CONATEL renueva o niega las concesiones o impone sanciones administrativas, al parecer sin transparencia y sin seguir las garantías debidas.
El 7 de abril, CONATEL ordenó a los proveedores de servicios de Internet que bloquearan los canales digitales VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV, que transmitían las protestas en directo. El 15 de junio, CONATEL cerró el en el estado de Mérida el canal universitario ULA TV, muy activo en la cobertura de manifestaciones y de los problemas sociales. Este cierre, supuestamente motivado por el incumplimiento de requisitos administrativos, ocurrió un par de semanas después de que el Gobernador de Mérida afirmara que ULA TV fomentaba el terrorismo.
*Dado que el gobierno de Venezuela no respondió a las peticiones de acceso, un equipo de expertos en derechos humanos realizó una investigación a distancia del 6 de junio al 31 de julio. El informe se basa en el análisis de la información que este equipo compiló y comprende unas 135 entrevistas con víctimas y familiares, testigos, representantes de organismos de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, personal de primeros auxilios y miembros del Ministerio Público.
El texto íntegro del informe está disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf
