IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
IPYS Venezuela encontró un patrón de criminalización y violaciones de derechos humanos mediante el uso de plataformas online u offline, con el deliberado propósito de desinformar y de estigmatizar a sectores disidentes en Venezuela. Cinco historias de personas detenidas arbitrariamente, sometidas a juicios en tribunales ordinarios y militares, etiquetadas como “terroristas” y “conspiradores”, dan cuenta de esta estrategia del Estado para fabricar expedientes falsos con informaciones falsas, y consecuentes privaciones de libertad
Por Marianela Balbi | Daniel Pabón
La era de la saturación de relatos prefabricados
Nadie puede dudar de que el fenómeno de las fake news, en el que se ha dado un maridaje entre la desinformación y la propaganda, ha desatado los demonios que, luego de los daños morales ocasionados por el periodismo amarillista de los últimos años del siglo XIX en Estados Unidos, parecían haberse encauzado gracias a la camisa de fuerza de la objetividad.
Es oportuno recordar las dimensiones de aquella confrontación periodística ocurrida entre 1896 y 1898 y protagonizada por el New York World, de Joseph Pulitzer, y el New York Journal, de William Randolph Hearst. Las acusaciones que compartían ambos medios eran claras: adulteración de información, descontextualización de los datos, manipulación de noticias a través de la magnificación de los hechos, pago a las fuentes para conseguir exclusivas, imágenes explícitas. Todo se hacía con un objetivo: provocar la excitación emocional del lector, exaltar al público explotando situaciones catastróficas, revelar conductas cuestionables, hechos aberrantes y muchos sucesos banales. Ya entonces se hablaba de “supuestas noticias”, pero más bien para calificar contenidos periodísticos ligeros, pintorescos y superficiales.
Con el uso de estos recursos, los editores buscaban respuestas de sus lectores fuertemente condicionadas por sentimientos de angustia, rechazo compulsivo o empatía, interés morboso, una sensación de inseguridad e impotencia ante los horrores de la conducta humana y de los poderosos, o también evasión ante la tensa y depresiva realidad, las injusticias y los conflictos sociales. Pero había un segundo objetivo cuyo fin era sencillamente crematístico: ganar la guerra comercial que se habían declarado entre sí los periódicos de Pulitzer y Hearst.
Más de un siglo después, ese origen se ha ramificado hacia otras direcciones donde se han sumado actores aún más perniciosos, como son los gobiernos, al lado de las grandes corporaciones de tecnología y contenidos, las audiencias, los medios de comunicación. Hay una voluminosa antología de noticias “verdaderas” y de “versiones oficiales”, pulcramente formateadas por las oficinas de prensa de gobiernos que han alimentado titulares de todos los diarios más prestigiosos. El palmarés se lo ha llevado la campaña de Estados Unidos y sus aliados europeos sobre la existencia de armas químicas en Irak para justificar la invasión en 2003.
El ensayista y narrador francés Christian Salmon, autor de Storytelling, la máquina de formatear espíritus, afirma que en esa herramienta que surgió con mucha fuerza en los 90 para impregnar todos los ámbitos con el predominio de la narrativa, “no se trata sólo de ‘contar historias’ o de ocultar la realidad con un velo de ficciones engañosas, sino también de narrar para compartir un conjunto de creencias capaces de suscitar adhesiones o de orientar los flujos de emociones. En resumen: de crear un mito colectivo constrictivo.
Y de eso trata el problema de las noticias falsas, especialmente cuando se superpone el relato a la realidad, cuando domina el poder creativo del storytelling y cuando se impone el “gobierno” de las anécdotas. A eso le llama Salmon “narrarquía”, porque transforma aquella antigua pulsión humana de contar historias en un instrumento de dominación y desdoblamiento de la realidad, a través de la construcción y saturación de relatos prefabricados, artificiales, para responder a unos fines, de nuevo, económicos, políticos, ideológicos, y que casi nunca redundan en beneficio de la mayoría.
Algunos gobiernos han asumido el rol de principales constructores de noticias falsas con intenciones políticas. Además, son creadores de bolsones de desinformación y de realidades virtuales difundidas a través de los medios con la clara finalidad de lograr adhesiones y formatear respuestas polarizantes que han llegado a influir en decisiones electorales como ha ocurrido en Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia o Cataluña.
También utilizan el fenómeno de las llamadas noticias falsas como una excusa para censurar a la prensa independiente, suprimir el disenso y el debate de ideas diseñando normativas que derivan en restricciones de las libertades digitales, para aumentar el control estatal sobre las comunicaciones en línea y ampliar la censura y la vigilancia de internet.
Los relatores especiales de libertad de expresión de las Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Africana de Derechos Humanos y la representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han advertido en un comunicado en torno al impacto en la libertad de expresión, que tienen las “noticias falsas“, las desinformación y la propaganda que los Estados, en nombre de proteger a la colectividad del fenómeno de las fake news, están emprendiendo acciones y leyes, lo que “agrava el riesgo de amenazas y violencia contra periodistas, mella la confianza y la creencia del público en el rol de vigilancia pública del periodismo y podría confundir difuminando los límites entre la desinformación y los productos de los medios de comunicación que contienen datos susceptibles de verificación independiente”.
Lo que se espera de los Estados –y lo recuerdan los relatores– es que cumplan con su obligación de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente e incluyente, con diversidad de medios, lo cual constituye un mecanismo clave para abordar la desinformación y la propaganda. También los emplazan a que aseguren la existencia de medios de comunicación públicos sólidos, independientes y con recursos suficientes, que operen con un mandato claro de favorecer el interés público general y establecer y mantener los más altos estándares periodísticos.
Los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA han coincidido que “la desinformación y la propaganda afectan intensamente a la democracia: erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo, y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad”.
Venezuela, el Estado de la desinformación
En Venezuela, y desde el poder del Estado, se ha diseñado una política de criminalización y violaciones de derechos humanos a través de la fabricación de expedientes falsos y utilizando plataformas online u offline con el deliberado propósito de desinformar y estigmatizar a sectores disidentes en Venezuela. La prefabricación de información falsa en la dinámica política tiene la intencionalidad de construir expedientes falsos en los cuales se soportan casos judiciales contra ciudadanos, quienes destacan como líderes de de diversos sectores de la sociedad, que han sido privados de libertad y a quienes se han violentado sus derechos humanos.
¿Cuáles son los patrones del discurso digital que refuerza y soporta la campaña de desinformación? ¿Cuáles son los patrones comunes en los casos de personas que han sido llevadas a la cárcel con un expediente construido con informaciones falsas?
En Ipys Venezuela abordamos el tema de la desinformación como mecanismo para construir noticias falsas, expedientes falsos y campañas de descrédito que han servido de instrumento para violentar derechos humanos de civiles. Seleccionamos cinco historias de casos emblemáticos que permitieran contar el patrón del expediente falso y criminalización de representantes de sectores disidentes. Posteriormente monitoreamos medios paragubernamentales, estales y privados que hubiesen abordado o publicado información sobre los casos seleccionados.
Además, monitoreamos y analizamos el discurso en las redes sociales para determinar patrones y rasgos comunes en el discurso online-offline. Finalmente, se reseñan las historias, así como los hallazgos y los puntos de encuentro de los expedientes falsos que derivan en desinformación.
Los cinco casos emblemáticos seleccionados fueron el juicio contra el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos; la querella contra Roberto Picón, asesor electoral de la Mesa de la Unidad Democrática; la detención de Gregory Hinds y Geraldine Chacón, jóvenes y directivos de la organización civil Embajadores Comunitarios; el caso contra los directivos de Credicard por el colapso de la plataforma de banca electrónica en 2016; y la detención arbitraria del médico José Alberto Marulanda Bedoya, director de la Unidad de Traumatología del Hospital Clínico Universitario de Caracas.
Detrás de estas historias se definen ocho patrones claros del uso de la desinformación como herramienta para la elaboración de expedientes falsos:
- Ante casos de disidentes políticos que han sido detenidos de manera arbitraria, sin garantías judiciales, se levanta una narrativa gubernamental que, no siempre en sintonía con la acusación jurídica, cuenta en redes sociales y medios oficiales una historia con señalamientos generalmente sin pruebas o con elementos comprobatorios insuficientes.
- Ha prevalecido la falta de presunción de inocencia desde los juicios que implantan desde las cuentas de redes sociales y sitios web afines al oficialismo. A ello se unen Ias declaraciones a los medios de voceros políticos del gobierno.
- Aparece el activo rol del principal canal del Estado, Venezolana de Televisión, en la difusión de esa narrativa y de sitios web como misionverdad.com y lechuginos.com que amplifican estas versiones en el medio digital, por lo general con textos sin firma.
- Utilizan la comunicación descendente dentro de la estructura del poder: en los casos de Ceballos, Credicard y Picón en principio habló el jefe del Estado y después lo secundaron ministros u otros funcionarios relacionados con cada caso, hasta la generalización en las redes sociales de las mismas expresiones y términos empleados desde el inicio.
- En algunas situaciones, al menos cualitativamente, se puede advertir que cuentas de Twitter usadas para repetir estos mensajes de descalificación tienen pocos seguidores y no enseñan una identidad clara con nombre y/o rostro del usuario.
- Los calificativos recurrentes para los cinco casos son de “terroristas” o “conspiradores”. Una utilización del lenguaje que se puede relacionar con la posverdad: este par de etiquetas buscan modelar una actitud emocional de la opinión pública sobre estas figuras.
- La utilización de tribunales militares para llevar causas de civiles, sobre todo por el delito, igualmente recurrente en la muestra, de traición a la patria. Sin embargo, en dos de las cinco historias, meses después los casos fueron reasignados a juzgados ordinarios mediante sentencias de la Sala de Casación Penal del TSJ, que preside el mismo titular del Poder Judicial.
- Llama la atención la falta de información oficial sobre el médico José Alberto Marulanda. También, el añadido de la exposición pública de audios sobre la vida privada del exalcalde Daniel Ceballos. En el primer caso, el vacío informativo da rienda suelta a rumores; en el segundo, se pretende ridiculizar al detenido y distraer la atención sobre la motivación real del caso.
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Una barricada de rumores | Daniel Ceballos: Cuatro años y dos meses tras las rejas
El señalamiento mediático contra Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, capital del estado fronterizo del Táchira, ya era evidente y notorio desde un mes antes de su detención. “Si se cree Nerón, que puede quemar San Cristóbal, a Nerón le va a llegar su hora”, le advirtió el presidente Nicolás Maduro. “Con la justicia te vas a ver la cara y tu celda será más fría que (la de) tu jefe fascista”, dijo el primer mandatario nacional en alusión al líder de Voluntad Popular Leopoldo López, que se acababa de entregar.
A 820 kilómetros de Caracas, San Cristóbal irradió a media Venezuela una ola de protestas durante febrero y marzo de 2014. Daniel Ceballos, joven ingeniero y exdiputado regional, apenas tenía dos meses al frente de la alcaldía cuando se iniciaron las protestas antigubernamentales.
Ya había un desacuerdo entre Presidente y alcalde. Recién elegidos los representantes municipales en todo el país, se reunieron en Caracas en diciembre de 2013. Ceballos, al tomar la palabra, reprochó en vivo “políticas equivocadas” en el gobierno central. “Si me buscó, me encontró”, le respondió Maduro al instante. Al cabo de dos meses, el mandatario recordó el episodio que mantuvo con quien ahora tachaba de “fascista” e “insolente”.
Y “fascista” le siguieron diciendo en redes sociales, al igual que “terrorista”. En primicia para Venezolana de Televisión, el entonces ministro de Interior Miguel Rodríguez Torres confirmó la aprehensión del alcalde, que habían practicado funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Era el 19 de marzo de 2014, un miércoles que Ceballos pasaba en Caracas, donde asistía a una reunión nacional de alcaldes.
Una foto fue presentada como prueba. En ella aparecía con franela blanca cubriéndose la cara, a modo de capucha. Fue muy difundida en redes sociales y sirvió para que en varios sitios web afirmaran que el alcalde estaba “encabezando las bandas terroristas” de San Cristóbal. Lo que nunca aclararon es que la foto tenía data de más de un lustro: correspondía a los tiempos en que Ceballos era consejero universitario en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, periodo durante el cual el Movimiento Estudiantil protestó el cierre de RCTV y se opuso a la reforma constitucional.
Lo convirtieron en avatar de cuentas en redes sociales. Le hicieron montaje gráfico con un arma casera y el rótulo de “asesino” y junto al logo de Voluntad Popular lo calificaron de “terrorista”. En el tribunal 15 de Caracas la acusación formal se basó en los delitos de rebelión civil y agavillamiento.
Sin embargo, el auto de apertura de juicio no le imputa ningún homicidio, lo que sí repetía reiteradamente el aparato de propaganda oficial. Precisaba que Ceballos habría hecho un llamado violento a la protesta a través de los medios de comunicación para desconocer el gobierno legítimamente constituido. Los juristas que lo asisten tampoco encontraron sentido a la acusación por agavillamiento porque, en todo caso, ya el delito de rebelión cubriría la asociación de tres o más personas para delinquir. Pero en ninguna parte se precisó con quiénes se habría asociado Ceballos para estos efectos.
Siendo esos los términos de la acusación, para comprobarla bastaba con encontrar una nota de prensa, un video de televisión o un audio de radio en los cuales se habría hecho el presunto llamado público. Pero sorprendió a la defensa que el tribunal no admitiera una sola prueba de tipo documental, sino solamente la declaración oral de 20 testigos. Por eso los abogados no dudaron en calificarlo como “el juicio de los intérpretes”.
En paralelo, y destituido como alcalde, Ceballos cumplió una condena de 12 meses impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por no haber recogido las barricadas en San Cristóbal.
A pesar de que el artículo 48 de la Constitución garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, en 2015 se hicieron públicas grabaciones de sus conversaciones privadas, entre ellas un audio en el que Leopoldo López habla con él consideraciones negativas sobre Henrique Capriles y Primero Justicia y otro más donde supuestamente ambos orquestaban manifestaciones. También hicieron público un tercer sonido en el que el mismo Ceballos conversa temas personales con su esposa Patricia Gutiérrez. Algunos, con cortes de edición, y todos divulgados en televisión pública nacional y luego convertidos en virales por cuentas de redes sociales afines al oficialismo.
Después de una huelga de hambre calificada de “show”, sostenida durante casi un mes en reclamo a su traslado de la cárcel militar de Ramo Verde a la penitenciaría de Guárico, en la región llanera del país, Ceballos recibió una medida de arresto domiciliario. La casa por cárcel duró un año. En las vísperas de la marcha nacional opositora del 1º de septiembre de 2016, a Ceballos lo acusaron de un supuesto plan de desestabilización y lo llevaron al Helicoide, el principal centro de detención de la policía de inteligencia, ubicado en Caracas.
A propósito del regreso de Ceballos a una celda, en Twitter se posicionaron las etiquetas #CeballosPresoPorTerrorista y #CeballosCobardeAsumeTuPeo, en alusión a un presunto plan de fuga igualmente descubierto con el de desestabilización. Algunos acompañaron sus tuits con memes que ridiculizaban al detenido.
En una revisión de los perfiles de usuarios de Twitter que emplearon ambas etiquetas y que se califican como “Destacados”, se observan los siguientes cuatro rasgos:
1) Cuentas de más de 70.000 seguidores, con seudónimos como “Mamba Negra”, que consiguieron hasta 248 retuits.
2) Cuentas anónimas de entre 100 y 20.000 seguidores, con nombres de usuarios asociados al lenguaje revolucionario como “Maisanta”, “Chavista”, “Hugo” y “Bolívar” y cuyas fotos de perfil pueden ser del expresidente Chávez, el nuevo retrato del Libertador o imágenes genéricas como un corazón o alguna caricatura.
3) Cuentas anónimas de menos de 1.000 seguidores.
4) Cuentas personales con nombre, apellido y foto de rostro, aunque estas alcanzan un impacto comparativamente menor al de las primeras.
Además de memes, en ese tiempo le reaparecieron las artes gráficas bajo la etiqueta #CriminalesDeLaMUD y con el calificativo de “delincuente”.
Pero no fue precisamente esto lo que argumentó la parte acusadora cuando, en una audiencia de juicio, pidió al tribunal que se revisara la medida de privativa de libertad contra el político, “alegando que no había razones para que continuara detenido”, ha informado su abogada Ana Leonor Acosta. Por primera vez en la sala, acusadores y defensores coincidían en algo. En una decisión sorpresiva, la juez anuló el juicio y ordenó reiniciarlo desde cero aunque entonces la mitad de los testigos había rendido declaración.
Llevaba tiempo en un limbo jurídico. Hubo más de diez diferimientos de esa nueva audiencia de apertura de juicio, cuando el nombre del exalcalde de San Cristóbal resonó en agencias internacionales como “el más emblemático” de los excarcelados del Gobierno nacional a principios de junio de 2018.
Si el señalamiento mediático contra Daniel Ceballos ya era burdo desde antes de su detención, no parece distinto incluso luego de su excarcelación, cuatro años y dos meses después. Sin nueva argumentación, el aparato de propaganda apeló a desempolvar aquellos chismes viejos sobre la vida privada del exalcalde, que pretenden ser matriz distractora de una realidad jurídica: el nuevo juicio en su contra no recomenzó.
2El “golpe financiero” que nadie demostró | Directivos de Credicard: Un año y seis meses en la cárcel… sin cargos
@NicolasMaduro Queremos los nombres y las fotos de los terroristas de credicard!! Hay q saber quienes son los que nos quieren hundir!!
— Manuelita (@madancurie) December 4, 2016
“¿Cómo es posible que el ciberespacio esté en control del enemigo de la patria?”, se quejaba Omar Rodríguez, un usuario de YouTube cuyo avatar es una imagen de Hugo Chávez, al comentar un video en el que Nicolás Maduro reaccionaba a la detención de seis ejecutivos de Credicard señalados de ser los responsables por el colapso de los puntos de venta del país el 2 de diciembre de 2016.
Fue un “viernes negro” para el consorcio que, con 207.000 puntos de venta, lidera el procesamiento de formas de pago con tarjetas de débito y crédito a 22 bancos del país. En esa alocución, Nicolás Maduro calificó la caída de la plataforma tecnológica como un hecho deliberado contra la República, contra la estabilidad y la paz social y que estaba comprobado tecnológicamente.
Para justificar esa tesis de la “acción deliberada” habló el presidente de la Cantv, la principal operadora de telecomunicaciones del país, Manuel Fernández. Entre tecnicismos, exculpando de responsabilidades a la empresa estatal de telecomunicaciones, expuso que fue una empresa internacional la que incluso avisó a Venezuela de un “ataque por denegación de servicio”.
En la noche del 5 de diciembre se mostraron por primera vez en VTV, las fotografías de Víctor Gago, presidente ejecutivo; Geraldine Abreu, vicepresidenta ejecutiva de operaciones; Clarión Suárez, especialista en almacenamiento y respaldo de redes; José Montañez, vicepresidente de infraestructura; Laurentzi Bilbao, vicepresidente de tecnología, y Harry Madden, vicepresidente de control y riesgo del consorcio Credicard. Desde el día antes integrantes de la #TROPA -un grupo de tuiteros afines al gobierno- pedían con menciones al jefe del Estado sus nombres y sus fotos.
Los seis fueron detenidos por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aunque Madden sería liberado ese mismo mes. En redes sociales los tacharon de perpetrar un “golpe financiero”, de “sabotaje” y “ataque cibernético”. Que no ha habido “un evento más brutal” ni “un hecho más terrorista” como este, dijeron en programas de Venezolana de Televisión.
Por esos días el chavismo hizo tendencia la etiqueta de Twitter #BastaDeAtaqueAVenezuela para agrupar el contenido periodístico y propagandístico sobre las detenciones, opiniones acerca de la extracción de efectivo hacia Colombia y hasta de otros temas diversos. La emplearon desde cuentas con menos de 500 seguidores hasta las oficiales del PSUV y el canal multiestatal Telesur.
Detenidos responsables de Credicard por atentado a plataforma de pagos electrónicos https://t.co/MbyK4A8iAD #BastaDeAtaqueAVenezuela pic.twitter.com/RvgCwkyRHU
— PSUV (@PartidoPSUV) December 4, 2016
Sitios web con línea editorial afín al gobierno no demoraron en vincular a estos empresarios con accionistas de la banca privada quienes tuvieron relación laboral o poseen vínculos de sangre con figuras de la oposición. En una de estas notas, se lee: “Esto no es un simple problema de sistemas o un error cualquiera, es un golpe financiero muy bien preparado por la dirigencia antichavista dirigida para desestabilizar aún más aprovechando políticamente estas fechas decembrinas”. En otro trabajo, apuntan: “Estos ciberataques son mecanismos de intervención extranjera no convencional”.
Ante un tribunal militar de Caracas los cinco civiles fueron acusados el 6 de diciembre de 2016 por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, previsto y sancionado en el Código Orgánico de Justicia Militar, y sabotaje o daño a sistema, tipificado en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.
La calificación del primer delito había sido sugerida a través de medios de comunicación desde el día antes de esa audiencia de presentación de los directivos por el diputado Hugbel Roa (PSUV): “Estas son acciones terroristas y deben ser calificadas como traición a la patria, darles máxima pena”, consideró en Venezolana de Televisión.
No habían cumplido su primer año detenidos cuando la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en par de sentencias durante el año 2017, ordenó paralizar el proceso ante el tribunal militar y dictaminó remitir el expediente para su asignación a un tribunal ordinario. Pero, en la práctica, hasta 10 veces difirieron la nueva apertura de juicio.
Ni terroristas, ni traidores a la patria. Los cinco ejecutivos habían quedado prácticamente sin cargos, aunque en medios con línea editorial pro oficialista, al informar las novedades judiciales, seguían empleando la expresión “golpe financiero” para referirse al caso. La misma forma con la cual Nicolás Maduro se refirió al colapso de los puntos de venta del 2 de diciembre de 2016.
Entonces, ¿por qué las detenciones? El motivo quedó plasmado en la única acta policial de investigación, citada en los fallos del TSJ: funcionarios del Sebin fueron a Credicard a “verificar una información” aportada por el Presidente de la República “quien alertó de manera pública y comunicacional (…) un presunto golpe de Estado financiero a través de un ataque cibernético en los puntos de venta”.
Al leer el Manual de Procesos, los funcionarios determinaron que, en caso de eventualidades como la de aquel 2 de diciembre, es el comité ejecutivo del consorcio el responsable de la toma de decisiones para ejecutar o autorizar la migración a una plataforma alterna.
“Se presume que hubo sabotaje por omisión consciente, ya que teniendo conocimiento del incidente, no se tomó la decisión en el tiempo establecido para la solución de la crisis generada en conocimiento del colapso que esto iba a generar”, reseña el acta, citada en la sentencia del máximo tribunal.
En un comunicado divulgado el mismo 2 de diciembre de 2016, Credicard informó que su equipo técnico trabajaba para solventar el inconveniente y restablecer el servicio a la brevedad posible.
Sobre el delito de traición a la patria, la defensa, por su parte, en su solicitud de avocamiento igualmente citada en los fallos, consideró “simplemente inconcebible” que la imputación de este delito nazca de un acta policial suscrita por un funcionario “que no sabe nada de tecnología ni de sistema” y que “llega a esa conclusión luego de haber leído un Manual de Procesos”.
Lo cierto es que Credicard usa la plataforma de transmisión de datos de la estatal Cantv, como apuntó en su momento el diputado José Guerra. En el país con el promedio de navegación de Internet más lento de América Latina, la falta de dinero en efectivo elevó el uso de los puntos de venta en un contexto decembrino de cobro de aguinaldos.
“Era orquestado”, “tenía fecha y hora”, “es parte de las acciones de la oposición”, se siguió afirmando en redes y medios sobre los altos cargos de Credicard. Nada hasta ahora ha sido demostrado.
Por el contrario, los cinco ejecutivos tenían boleta de excarcelación desde el 6 de abril de 2018, emitida por el tribunal 32 de control de Caracas, pero no fue sino hasta la noche del 6 de junio cuando salieron del Helicoide, en Caracas, en el contexto de las excarcelaciones de presos políticos. En la memoria de internet que queda del caso domina el relato oficial del “golpe financiero” sobre las voces de Credicard.
3La “conspiración electoral” sacó de juego al estratega | Roberto Picón. Acusado por un tribunal militar. Seis meses de cárcel.
Seguro q Roberto Picon SABOTEO Elecciones d Diciembre 2015. Pero le LLegó la Hora y pagará con cana Los DELITOS @hcapriles @PinoPatriota RT https://t.co/1IdyIVEGuy
— maatarmonia (@maatarmonia) June 26, 2017
Con la etiqueta #RobertoPicón no hay nada más antiguo en Instagram que no sea un video de la noche de su detención. El 22 de junio de 2017 el asesor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estaba de visita en la casa de su homólogo Arístides Moreno cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron el recinto y se los llevaron a ambos.
Coordinador del Grupo Técnico de Apoyo Electoral de la MUD, a la que estaba vinculado desde hacía más de un lustro, Picón entonces no era muy conocido entre la opinión pública, aunque sí en el ámbito político y sobre todo comicial. Siempre en la trastienda de la coalición opositora, en perfiles periodísticos lo definieron como “la máquina electoral de la Unidad”.
Con nombre y apellido, el presidente Nicolás Maduro señaló en su
https://www.instagram.com/p/BVqtVYIlHl8/?tagged=robertopicon
programa dominical siguiente a la detención, que Roberto Picón dirigía un búnker contra las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Refirió que, entre las acciones ejecutadas, ocuparon dos servidores desde los cuales “se estaba preparando un proceso de hackeo, intervención y sabotaje de todo el sistema informático que garantiza las máquinas de votación en el sistema electoral de Venezuela”. Faltaba un mes con cinco días para elegir constituyentes.
En tres de las actas de la investigación, a las que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Runrunes, no aparecen estos “servidores”. Figuran, sí, tres descripciones distintas de otros dispositivo electrónicos, como reveló ese portal en un reportaje de noviembre de 2017. La acusación, con fecha 10 de agosto, habla de “tres dispositivos de almacenamiento de color gris”.
En esa imputación formal, el 26 de junio de 2017 Picón fue acusado de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de objetos militares de la Fuerza Armada Nacional. Tribunales militares llevaron, en principio, su caso; el caso de un civil graduado como ingeniero de sistemas. El 5 de octubre de 2017 el expediente pasó a la Sala de Casación Penal del TSJ, como anunció la MUD en un comunicado.
Sobre la vivienda de Arístides Moreno, en uno de los mazazos -que forman parte de los señalamientos en los que se basa el programa de Diosdado Cabello, uno de los líderes del partido oficial- del miércoles siguiente al allanamiento se dijo que era el “centro de ataque cibernético para sabotear” los comicios de la Constituyente. Pero, a partir del análisis del expediente, la investigación de Runrunes concluyó que los funcionarios no hallaron lo que esperaban encontrar.
Después del anuncio presidencial, distintos actores empezaron a entretejer argumentos contra Picón. Un texto de Misión verdad, de una web denominada de “investigación para informar y desenmascarar” refresca que Picón dirigió Ojo Electoral y relaciona que esta ONG recibía asistencia técnica de una agencia “asociada al Departamento de Estado gringo” que antes buscó “desestabilizar al gobierno del presidente Chávez”. Así lo vincularon con Estados Unidos.
A Picón lo incluyen entre los socios de la empresa de servicios de tecnología Consein, que tiene entre sus clientes a Dayco Host, propiedad del grupo empresarial D’Agostino, “empresa operadora de los centros de datos de Credicard”, atando así los cabos, llegaron a indicar que Picón ampliaba “la trama de actores corresponsables” de la caída de plataforma del 2 de diciembre de 2016.
“Delincuente y terrorista”. “Miembro de la capa dominante de la burguesía”. Así lo llamaron, entre otros, usuarios progobierno sin identidad expuesta y con pocos seguidores en redes sociales. En una nota de descrédito -con textos digitales por lo general anónimos- también lo califican de “inmoral”: “Qué se puede esperar de personas como Roberto Picón que hace lo que sea para que los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática lleguen al poder con artimañas y robándose lo que sea con tal de lograr su objetivo, ganar, y después dicen que son tremendos angelitos”.
En los señalamientos que le hicieron a Picón calificándolo de “conspirador electoral” no valió el principio de presunción de inocencia. Así lo adjetivaban en medios y textos difundidos en redes sociales. “Resultó tremendo saboteador”, se afirma en la misma nota que lo califica de “inmoral”. Algún tuitero incluso aseguró que el asesor de la MUD había saboteado las elecciones de diciembre de 2015, en las que la Unidad obtuvo amplia mayoría en la Asamblea Nacional. “Pero le llegó la hora y pagará con cana los delitos”.
En la Nochebuena de diciembre de 2017, Picón salió del Helicoide, tras medio año recluido. Recibió la medida de casa por cárcel, con vigilancia de inteligencia. Días después, y sin bajar la guardia, en otro mazazo recordaron su caso. Su nombre fue incluido en los grupos de presos políticos excarcelados con restricciones a principios de junio de 2018 por lo que, como dijo su esposa, ya la custodia del Sebin no estará más en su casa.
Sin ataques informáticos, el 30 de julio de 2017 se celebró la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente; el primero de cuatro comicios -algunos cuestionados- que tuvieron lugar en Venezuela mientras Roberto Picón, cerebro electoral de la MUD, estuvo preso durante seis meses. Por la ANC votaron más de 8 millones pero, a diferencia de los resultados de los procesos celebrados durante los últimos 20 años, en la web del Consejo Nacional Electoral aún estos no están disponibles por centro y mesa de votación. Al final, fue la misma empresa a cargo del sistema de voto electrónico, Smartmatic, la que denunció “manipulación” en los resultados electorales.
4La brecha entre capacitar líderes y adoctrinar células | Gregory Hinds y Geraldine Chacón, imputados por instigación pública y agavillamiento. Cinco meses privados de libertad
Educar y empoderar a jóvenes en situación de exclusión no es un delito. Gregory es un activista de derechos humanos, no un criminal. El SEBIN debe liberarlo #EducarNoEsDelito #GregYGeral #LiberenAGregory
— CDH-UNIMET (@CDHUNIMET) April 6, 2018
Sin orden de allanamiento ni de detención, al mediodía del 31 de enero de 2018 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se presentaron en la oficina en Caracas de la Fundación Embajadores Comunitarios (FEC). El director general, Gregory Hinds, llegó minutos después y se entrevistó con ellos.
Hacia las 5:00 de la tarde los policías le indicaron que debía acompañarlos a la sede del Sebin en el Helicoide, pues debía repetir la entrevista que le habían hecho, pero esta vez sería grabada. Acudió por sus propios medios, sin imaginar que quedaría detenido e incomunicado.
Durante la madrugada siguiente también detuvieron a la directora del Programa Embajadores de esa misma organización no gubernamental, Geraldine Chacón, sin orden de aprehensión ni en flagrancia de ningún delito, según un comunicado de la Fundación. Se repitió el argumento: al igual que a Hinds, a la joven le pidieron que los acompañara al Helicoide, porque le harían una entrevista, relata un informe ejecutivo de la defensa.
El Tribunal 31 de Control de Caracas les imputó a Hinds y Chacón los cargos de instigación pública y agavillamiento. “El fiscal del Ministerio Público reconoció que la detención era arbitraria”, afirma la defensa en su informe. Pero, en lugar de solicitar la nulidad absoluta, les dictaron una medida sustitutiva de libertad bajo fianza. De nada valió consignar los recaudos de los fiadores.
Siete días antes de la detención de Hinds y Chacón, abogados ambos, aprehendieron a Víctor Navarro, un estudiante de Comunicación Social y habitante del barrio caraqueño San Agustín del Sur que había sido preparado por Embajadores Comunitarios en oratoria, acontecer nacional y negociación antes de servirles como voluntario entre 2010 y 2016. Por coincidencia o no, le atribuyeron los mismos delitos.
Embajadores Comunitarios se define como una organización no gubernamental y sin fines de lucro, de tipo educativo, que desde 2008 implementa programas de empoderamiento juvenil dirigidos a adolescentes que viven en las comunidades de La Vega, Antímano, San Agustín del Sur, Petare, Filas de Mariche, Chacao y Catia. Sembraban liderazgo donde más se necesita.
Pero, a los ojos del discurso mediático oficial, el objeto de la organización parece otro. El 17 de enero, una y dos semanas antes, respectivamente, de las tres detenciones arbitrarias, Embajadores Comunitarios fue calificada en Venezolana de Televisión como una organización “encargada de adoctrinar a jóvenes venezolanos sobre lo bueno que es el capitalismo”.
El acta policial del caso indicaba que los dos defensores de derechos humanos habían sido detenidos por “pertenecer a la directiva principal de la misma (FEC), presuntamente responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las acciones intelectuales que conllevan a los actos violentos exteriorizados por las células terroristas”. De esto último da cuenta una nota del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Esa presunción hizo eco a través de comentarios escritos en noticias de medios privados relacionadas con el caso, en los que algunos lectores pedían cárcel “para las ratas guarimberas que sembraron destrucción y muerte en Venezuela durante el año pasado”, en referencia a las protestas de 2017.
Acusaciones sin elementos probatorios, opuestas a lo que Hinds explica de su trabajo en su biografía de Twitter: desarrollar líderes a través de la educación. O a lo que Natividad Villarroel, la madre de Chacón, contó el 17 de mayo: su hija es una defensora de los derechos humanos que ha querido ayudar a personas con menos posibilidades que ella. O a lo que dijeron familiares de Navarro en una entrevista el 1º de junio: que el muchacho más bien reclutaba a los jóvenes para que no cometieran delitos.
Su hermana Migdalvis Navarro interpretó esa detención como un trapo rojo: “Víctor es un líder juvenil, un chamo que no estaba inscrito en partido político alguno pero como voluntario de algunas ONG conocía a mucha gente con poder. Él sería la pieza perfecta para meter a todo el mundo en un mismo saco: chamos de la resistencia, jóvenes de la calle y líderes de fundaciones o políticos”, analizó entonces para El Estímulo.
Aún con boleta de excarcelación, y aunque el Tribunal 31 de Control ratificó su decisión de libertad inmediata en varias oportunidades, transcurrieron dos meses hasta que Hinds y Chacón salieron del Helicoide el 1º de junio de 2018, como parte del primer grupo de presos políticos excarcelados por tribunales de la República. Navarro salió un día después, en la segunda tanda. En algunos sitios web informativos gubernamentales, como Agencia Venezolana de Noticias, sus tres nombres aparecieron por primera vez solo en las listas de las personas sobre las cuales recayeron estas medidas.
No usaron una etiqueta específica para desacreditar a ambos activistas. Por el contrario, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos alzaron su voz con las expresiones #GregYGeral #EducarNoEsDelito #LiberenAGregory y #LiberenAGeraldine.
Hinds, que es oriundo de Barbados y tiene familiares allí, no puede salir del país y debe presentarse en tribunales cada 30 días, como se conoció luego de que recobrara una libertad con condiciones. Aún en los comentarios de los videos que recogen el momento del reencuentro con los familiares, tuiteros los siguen tachando de “terroristas”.
5Cuando no conviene la información a la mano | José Alberto Marulanda Bedoya. Le imputaron los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Permanece en la cárcel militar de Ramo Verde
¿Por qué está preso el médico traumatólogo José Alberto Marulanda Bedoya? En los medios, ninguna alta autoridad del gobierno nacional se ha pronunciado sobre su caso. En internet, ni siquiera las cuentas de redes y sitios web del oficialismo se han dedicado a contraponer un relato distinto al de presunta tortura que denuncian diversos actores no estatales.
Marulanda Bedoya ejercía como director de la Unidad de Traumatología del Hospital Clínico Universitario, centro asistencial público de Caracas del cual es el único especialista en cirugía de manos. Se las juntaron para esposarlo a primera hora del 20 de mayo de 2018 en un restaurante de El Hatillo, mientras en todo el país abrían los centros electorales para unas cuestionadas y adelantadas elecciones presidenciales.
Voces a favor: la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, investigadores de la Universidad Central de Venezuela, la Alianza Venezolana por la Salud y compañeros de trabajo del cirujano. Todos coinciden en validar su inocencia.
@TarekWiliamSaab ya q se la pasa metido en el Dcgim según usted velando x los presos políticos. Porque aún no se ha emitido información alguna sobre el Dr Marulanda??? Eminente médico que sí ha estado al servicio del pueblo, ya que trabaja en pro del beneficio de los pacientes.
— Edgar Rubio (@edgarrubiov) May 30, 2018
Voces en contra: escuetas, nulas. La defensa del médico pudo revisar un informe de inteligencia en el que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el organismo que practicó la detención, tuvieron conocimiento de que había un grupo de militares que se encontraba en una especie de reunión, sin que se aporten mayores detalles.
Presentado en tribunales militares el 24 de mayo de 2018, le imputaron los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Dos cargos con los cuales, en el pasado, la justicia castrense ha acusado a uniformados de la Fuerza Armada e incluso al ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel.
Hasta ahora, los datos parecen piezas de rompecabezas que no encajan. Pero la abogada defensora María Fernanda Torres, del Foro Penal, ha revelado en declaraciones a medios que la vinculación directa del médico con el caso sería la relación sentimental que mantenía con una funcionaria de la reserva activa de la Armada que, según el mismo informe de inteligencia por ella citado, formaría parte de estas reuniones que se estaban realizando.
Fuentes extraoficiales vinculan a Marulanda con la capitana de navío de la Armada Emmy Da Costa. De ella sí existe información en la red, pero prácticamente toda con carácter extraoficial: unos dicen que estaría desaparecida junto a su hijo de 20 años y otros han escrito que habría sido detenida, por estar relacionada con una supuesta rebelión frustrada contra el gobierno.
Con base en abogados del Foro Penal, un par de trabajos periodísticos de Efecto Cocuyo y El Pitazo han coincidido en reseñar que “un nuevo modus operandi del Gobierno” para perseguir a quienes considera sus disidentes sería la detención de allegados como una forma de lograr la presentación y captura de su persona-objetivo. Una especie de extorsión. Un mecanismo de represión.
En los tribunales militares la causa de este civil, formalizada el 24 de mayo, quedó circundada como una isla entre un mar de dictámenes de privativas de libertad a oficiales y suboficiales: antes, entre el 17 y el 23 de mayo, lo hicieron con 11 de la Armada, cuatro de la Aviación y uno de la Guardia. Después, el 27 de mayo, igualmente dictaron privativa de libertad a siete de la Guardia y uno de la Aviación, según datos del Foro Penal.
Incluso, el mismo día de la acusación formal contra el médico también privaron de libertad al mayor de la Aviación Adrián Leonardo de Gouveia. Su nombre, como el de Da Costa, figuran en listas con carácter extraoficial de 23 presuntos detenidos por supuesta “conspiración” publicadas en una columna periodística semanal.
Marulanda, ha referido la defensa, desconoce si su pareja formaba parte de esas “reuniones” a las que hace mención el informe de inteligencia relacionado con su caso. ¿Por qué traición a la patria?, ¿de qué modo habría instigado a la rebelión? El presidente Nicolás Maduro confirmó en un acto con la Fuerza Armada haber descubierto una conspiración para impedir las elecciones del 20 de mayo, sin precisar nombres.
Cuando en Twitter la abogada Torres dio cuenta de la privativa de libertad de su defendido, varios usuarios coincidieron en la desinformación que rodea la acción penal contra el traumatólogo. En la misma red social, entre el 26 y el 30 de mayo tres usuarios le preguntaron información o le sugirieron aclaraciones sobre el caso al fiscal general, Tarek William Saab.
@TarekWiliamSaab ya q se la pasa metido en el Dcgim según usted velando x los presos políticos. Porque aún no se ha emitido información alguna sobre el Dr Marulanda??? Eminente médico que sí ha estado al servicio del pueblo, ya que trabaja en pro del beneficio de los pacientes.
— Edgar Rubio (@edgarrubiov) May 30, 2018
@NicolasMaduro @ConCiliaFlores @TarekWiliamSaab @jaarreaza @jorgerpsuv BT Hay que aclarar las acusaciones de tortura al Dr. José Marulanda que están rodando por el exterior. Slds.
— Maria N. Hernandez (@mhernandezgomez) May 26, 2018
@TarekWiliamSaab @NicolasMaduro Aclaren violación de derechos humanos a ese dr. Marulanda porque eso es inaceptable en socialismo
— Moraima Flores (@Moramaravilla) May 26, 2018
Como Marulanda Bedoya comparte doble nacionalidad, por los orígenes neogranadinos de su padre, legisladores tanto venezolanos como colombianos le han tuiteado al presidente Juan Manuel Santos que intervenga y se pronuncie en torno a su liberación. En Bogotá, silencio. El caso Marulanda no tuvo mayor impacto en Twitter durante los primeros días de su detención. Según los registros del portal trendinalia.com no alcanzó incluso a ser tendencia.
Al doctor Marulanda Bedoya le ha tocado autodiagnosticarse: “Yo soy médico, María Fernanda, y yo sé que me dañaron las manos, me apretaron tanto que me dañaron las manos, no siento los pulgares”, dijo a su abogada el día de la audiencia de presentación. Permanece en la cárcel militar de Ramo Verde.
Una legislación en nombre del odio
En Venezuela también se han dado pasos hacia la promulgación de una ley que, en nombre de la protección contra un discurso de odio, pretende ampararse en la lucha contra las noticias falsas para censurar a la prensa independiente, suprimir el disenso y el debate de ideas. Es una normativa diseñada para restringir las libertades digitales, para aumentar el control estatal sobre las comunicaciones en línea y ampliar la censura y la vigilancia de Internet, de acuerdo a los análisis que han hecho organismos internacionales, como la CIDH.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instancia que se creó al margen de la Constitución con totalidad de parlamentarios oficialistas, aprobó el 8 de noviembre de 2017 la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” que establece penas de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “discursos de odio”. Esta normativa contempla medidas de abuso de poder en materia de comunicación, restricciones de acceso a la información, aval de censura, así como sanciones penales, administrativas y tributarias contra ciudadanos, medios de comunicación, tradicionales y digitales, organizaciones civiles y políticas y prestadores de servicio de radio, televisión e Internet en Venezuela. Además incluye restricciones a la libertad personal y la violación del debido proceso, que fueron expresamente solicitadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Aunque esta ley surgió bajo la promesa de “promover la paz, la diversidad y la tolerancia a través de la penalización de un discurso que promueva el odio, la violencia y la discriminación”, sus mecanismos debilitan el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y fomentan la censura y la autocensura al otorgar al Estado el poder para sancionar a medios de comunicación tradicionales y digitales, bloquear sitios de Internet, eliminar contenidos, revocar licencias e imponer penas de cárcel de hasta 20 años. IPYS Venezuela determinó que al menos ocho artículos de esta ley perjudican los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red.
Orden cerrado 2.0
Escuadras, pelotones, compañías, batallones y brigadas. No se trata de una estructura estrictamente militar, sino de un “ejército de trolls” cuya finalidad sería “enfrentar la guerra mediática” en Venezuela.
Así, por ejemplo, las escuadras serían de prensa, de diseño, de sistemas, de incubadores (creadores de cuentas) y hasta de ataque (o “flames”), estos últimos “incitadores y creadores de falsos positivos para confundir a la oposición”.
La conformación de equipos, las instalaciones necesarias y una lista de requerimientos (como el de invertir en publicidad en Google) son parte del documento “Proyecto de formación del ejército de trolls de la revolución bolivariana”, una presentación con el logo del Ministerio de Interior que llegó a IPYS Venezuela a través de fuentes confiables en mayo de 2017.
La estructura contenida en el proyecto organiza hasta a 500 personas (los integrantes de una brigada, la base de la pirámide) y hasta 11.500 cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Google+ y WhatsApp.
Aunque se desconoce si el proyecto está en marcha, la presentación contempla cinco tipos de escuadrones: los progobierno, los opositores, los neutros, los de distracción y los de fake-news, cuya misión sería fungir como “iniciadores de falsos positivos”.
Por otra parte, en 2017 el Gobierno se propuso formar a 30.000 comunicadores CLAP, siglas del programa alimentario estatal Comités Locales de Abastecimiento y Producción, con la finalidad de “dar la batalla en la guerra mediática y desmontar las matrices negativas” de la prensa.
