IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Poleo denunció ante los medios de comunicación que los funcionarios llegaron con la orden de buscar documentos relacionados con una investigación periodística, conocida como “El caso Anderson”, en la que denunció la existencia de una red de extorsión en la que estarían envueltos varios fiscales del Ministerio Público. El procedimiento fue ordenado por el fiscal Alejandro Castillo, presente en el operativo.
La investigación gira alrededor del Fiscal Danilo Anderson, quien llevaba el caso del golpe de estado ocurrido en Venezuela en abril de 2002 hasta que fue asesinado en un violento atentado contra su vehículo el pasado 18 de noviembre de 2004.
Poleo explicó que, aunque en un principio el fiscal ordenó incautar todos sus archivos, finalmente se llevaron sólo aquellos relacionados con el caso en cuestión. Aseguró además que en los documentos que posee no están identificadas sus fuentes y que no revelará sus nombres amparándose en el artículo 8 de la Ley de Ejercicio del Periodismo.
El procedimiento se produce dos días después de que la jueza Segunda de Control, María Teresa Gómez, acordó otorgar medidas de protección para Poleo y otro grupo de comunicadores, en cumplimiento de medidas cautelares emitidas en julio de 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras recibir diversas amenazas contra su persona.
Acciones recomendadas:
Enviar comunicado al Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, solicitando la adopción inmediata de medidas para garantizar el respeto del derecho que tiene la periodista a reservar sus fuentes.
Dirigirse a:
Dr. Isaías Rodríguez
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela
Teléfonos:
(58-212) 509 8054
(58-212) 509 8077
Fax: (58-212) 576 4419
