IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
-
Las leyes que sancionan la expresión, conocidos como delitos de desacato o injuria son contrarias a los numerales 10 y 11 de los Principios sobre Libertad de Expresión
La noticia fue rápidamente difundida a través de la prensa extranjera, nacional y por los ciudadanos en las redes sociales. El canal CNN presentó los documentos de manera exclusiva. No obstante, este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro ha instado a El Aissami a denunciar a quienes “osen” afectar el honor del vicepresidente y su familia. “Lo he autorizado a que demande a aquel que levante las infamias en Venezuela”, dijo Maduro.
La orden del primer mandatario es una advertencia, sobre todo, a los medios de comunicación, periodistas y dirigentes políticos a que no repliquen las acusaciones del Departamento del Tesoro.
Las declaraciones, amenazas y advertencias de altas autoridades contra quienes emiten opiniones contrarias o demandan mayor transparencia o explicaciones de la gestión pública son ilegitimas y cohíben a los ciudadanos a participar libre y democráticamente en asuntos de interés común.
Estas amenazas de altos funcionarios públicos de ejercer acciones legales contra la opinión no son aisladas, sino que se insertan en un contexto de ataque sistemático a la prensa y sus trabajadores. Entre 2002-2016 han ocurrido 70 acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación en el país. De este número, 30 se deben a delitos por difamación e injuria establecidos en el Código Penal Venezolano.
Esta política de penalizar la difusión de información de carácter público que cuestione o critique el comportamiento de un dirigente político del oficialismo ha llevado a los medios de comunicación a omitir información de importancia como lo demostró el reporte “Venezuela: la cobertura sobre el narcotráfico se hace con cautela”.
La demanda del diputado Cabello dos años atrás
Con la publicación en el New York Times de una carta pública desmintiendo las acusaciones el vicepresidente ejecutivo ha iniciado este miércoles una ruta similar a la que hizo en 2015 el para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello cuando el diputado ejerció una acción penal contra el diario ABC de España y el rotativo estadounidense The Wall Street Journal por replicar en exclusiva información de inteligencia sobre supuestos nexos que mantenía con el narcotráfico.
Cabello denunció en Venezuela a los diarios El Nacional, Tal Cual y el portal La Patilla por reproducir la información del diario ABC. El diputado exigía una indemnización penal contra los directivos de estos medios de comunicación. Por esta acción 22 editores y miembros de la junta directiva de los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital, La Patilla han sido demandadas por el delito de difamación agravada continuada sólo por reproducir la información publicada en el diario ABC de España.
Los estándares de la Comisión Interamericana establecen que la penalización de expresión no tiene cabida en sociedades democráticas por esa razón en 2015 exhortó a Venezuela a modificar sus leyes para despenalizar la expresión y recordó al Estado venezolano su deber de proteger especialmente los discursos políticos por ser componente esencial de las sociedades democráticas, la participación y la contraloría ciudadana en los asuntos públicos.
Los funcionarios públicos están sometidos a un mayor escrutinio público de su figura y acciones y por lo tanto, deben poseer un mayor nivel de tolerancia ante la crítica, sostiene la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). El ejercicio plural, diverso y libre de la expresión es fundamento de las sociedades modernas.
