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Amenazan con restringir la expresión y las libertades en Internet

  • Andrés Eloy Méndez aseguró que se prevé un período de consulta para evaluar los mecanismos de regulación

El 24 de noviembre de 2016, Andrés Eloy Méndez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) anunció que el organismo estatal desarrolla propuestas legales para regular el uso de Internet y las redes sociales en Venezuela. IPYS Venezuela considera que el marco regulatorio que se establezca en el país debe avanzar en la garantía y la protección de las libertades en Internet, y debe evitar su condicionamiento o restricciones.

Como “muy peligrosas” calificó el director de CONATEL, Andrés Eloy Méndez, a las redes sociales por lo que consideró necesaria su regulación. Durante una entrevista televisiva, Méndez aseguró que se encuentran formulando normativas y providencias para el uso de internet y las nuevas tecnologías, como el uso del Streaming -emisiones de radio y tv online en directo -, y que las mismas podrían entrar en vigencia en 2017.

Méndez aseguró que se prevé un período de consulta para evaluar los mecanismos de regulación. Video Venevisión.

Méndez aseguró que no van a caer en “el chantaje” de que cualquier intento por regular el sector “no puede verse como una limitación al derecho a la libertad de expresión”. “El campo (de la expresión en las redes sociales) no puede ser un campo desregularizado, donde se permita la pornografía, la violencia, la instigación, como hoy sucede, incluso en las redes sociales se han desarrollado y se han planificado asesinatos. ¿Entonces no puede haber algo que lo regule? Eso no va a pasar”, dijo.

Cuestionó la publicación de mensajes, a través de Internet, que según su perspectiva hace apología al delito con el uso del anonimato, y por ende, esta forma “no puede existir”. Los estándares internacionales de los derechos digitales, consideran que los ciudadanos tienen derecho al anonimato, y a la protección de sus identidades en línea.

El director de Conatel, quien asumió el cargo el 21 de octubre, advirtió que se abrirá un proceso de consulta para evaluar estos mecanismos de regulación, y que la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional (AN), podría ser participar en este diálogo sólo cuando sea considerada legítima por el poder judicial, pues la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió sobre la desincorporación de los ciudadanos electos en el estado Amazonas, el 6 de diciembre de 2015, y que fueron incorporados el 28 de julio de 2016.

Estas declaraciones representan un uso abusivo del poder estatal con las que se pretenden ejercer limitaciones a los contenidos en el entorno digital y una amenaza de normas que pudiesen restringir los derechos digitales.

El informe de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión en Internet establece que las restricciones deben ser transparentes y estar sometidas al control de órganos autónomos con las garantías suficientes para resguardar posibles amenazas estructurales en Internet.

Con relación a la proporcionalidad de estas restricciones, se debe evaluar el impacto que estas podrían tener en la capacidad de Internet para promover la libertad de expresión con relación a los intereses y beneficios que aportarían la restricción.

Rechazo parlamentario

La Comisión de Medios de la Media Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Tomás Guanipa, expresó su preocupación ante la pretensión de CONATEL de regular los contenidos en el entorno digital, acciones que se ejecutan en países con “regímenes de gobierno no democráticos”.

A través de un comunicado oficial, la Comisión de Medios de la AN también expresó preocupación por las declaraciones de su director, Andrés Eloy Méndez, que evidencian “la voluntad y el carácter censor de un funcionario que no tiene competencia para ello”.

Con relación a las declaraciones de Méndez en las que asegura que la Comisión de Medios de la AN no ha establecido comunicación con CONATEL, Guanipa asegura que la Presidencia envió comunicaciones al ente gubernamental con el fin de que participara en la formulación y el desarrollo de las leyes aprobadas en los últimos seis meses; comunicaciones a las que su antiguo director no dio respuesta.

“Su actitud demuestra nuevamente la prepotencia de un funcionario que ‘cree’ estar por encima de las leyes y que no responde a los intereses superiores de los venezolanos, sino que su función será la de proteger y cuidar las espaldas de un gobierno que día a día se desconecta del Pueblo y que tapa sus ojos para evitar ver la realidad de lo que acontece en el país, para lo que necesita medios sumisos y no libres e independientes”, reseña el comunicado.

Asignación de concesiones

Méndez aseguró que las radioemisoras comunitarias y privadas deben pasar por un proceso de revisión técnica y jurídica, y aquellas que no estén al día, serán convocadas para que puedan actualizarse en un lapso de seis meses. “Las que no lo hagan, están cayendo en una responsabilidad penal de usar ilegalmente el espacio radioeléctrico”, dijo.

Luego de un mes en la dirección de CONATEL, se revisa la solicitud de renovación y permiso de concesión de 80 radioemisoras comunitarias y 150 radioemisoras privadas. Dijo que de este último número, 55 ya cumplen con los requisitos exigidos por el ente gubernamental, y se espera que para el mes de diciembre se les entreguen los permisos requeridos.

Aseguró que actualmente existen 200 o 250 emisoras clandestinas, censadas por el ente gubernamental, a las que les van a solicitar su actualización en un lapso de seis meses.

Aunque Méndez consideró que la evaluación obedece a políticas de Estado de respeto y acatamiento a la ley para otorgar o extinguir una concesión, IPYS Venezuela ha registrado órdenes de cierre contra radioemisoras y televisoras por presunta explotación ilegal del espectro radioeléctrico, debido a incumplimientos en el proceso de actualización de datos convocados por el ente, acciones gubernamentales que vulneran la libertad de expresión.

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