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Amenazaron a activistas de DDHH en su residencia

  • Provea denunció ante el Ministerio Público el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la PNB y la actuación de los integrantes de los “Círculos de lucha popular” del Psuv

Los acivistas de DDHH, Lexys Rendón y Rafael Uzcátegui fueron víctimas de intimidación
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, y Lexys Rendón, directora de Laboratorio de Paz, fueron señalados por la jefa del Círculo de Lucha Popular (CLP) de la parroquia San Pedro, cuyo nombre no fue precisado, cuando los activistas registraban imágenes del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en su intento por impedir una manifestación convocada en la avenida Victoria de la ciudad de Caracas, el 10 de junio de 2017.

La ciudadana señaló hacia el apartamento de los activistas y los mencionó con nombre y apellido en conversaciones con varios PNB.  A su vez, los efectivos apuntaron sus escopetas de perdigones hacia el balcón de la residencia con el fin de intimidarlos. Vecinos del sector comenzaron un cacerolazo y los policías se retiraron del lugar.

Rendón registró el hecho en un video compartido, posteriormente, en la red social Twitter:

Los activistas acudieron a la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público (MP) representados por el abogado Carlos Patiño el lunes 12 de junio, para denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales contra los manifestantes, así como  la actuación de los integrantes de los “Círculos de Lucha Popular” de la Parroquia San Pedro, dependientes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), quienes presuntamente ejercieron labores de inteligencia junto a grupos de civiles armados contra los vecinos que participan en las manifestaciones.  

La ciudadana, que identificó a los activistas con los PNB, también se encuentra encargada de la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en la zona. Estos comités constituyen un programa social llevado a cabo por el gobierno venezolano, a través del Ministerio de Alimentación, para distribuir en bolsa, casa por casa, los productos básicos regulados como harina de maíz, aceite comestible, arroz, pasta, leche en polvo, caraotas, azúcar y café.

Una información publicada en el portal web Provea revela antecedentes que también vinculan a la encargada del Clap con la coordinación de civiles armados que hicieron presencia frente al domicilio de los activistas el 20 de abril de 2017, cuando vecinos de la comunidad realizaron una cacerolazo en el sector y colocaron objetos en la vía pública en rechazo de las sentencias 155 y 156 emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que suprimieron competencias de la Asamblea Nacional (AN) y delimitaron la inmunidad parlamentaria.

La denuncia ratifica los resultados de Los CLAP: 7 indicios de discriminación política, una investigación realizada por Provea, en la que recopilan los testimonios de personas que fueron excluidas del programa alimentario del Estado, debido a sus opiniones críticas a la gestión gubernamental.

Dos días después de que los activistas denunciaran los hechos ante el MP, el diputado y vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, acusó al activista Rafael Uzcátegui de conspirar en contra de los Clap, a través de su labor en la organización Provea. “Por favor, hay que llamar a la reflexión al señor Rafael Uzcátegui para que acate las normas de convivencia y por lo menos pague el condominio, ya que está moroso desde el mes de enero del presente año”, dijo en tono jocoso e intimidante el conductor del programa televisivo Con el mazo dando.

Este caso de alerta a la libertad de expresión representa un hecho de intimidación y amedrentamiento contra activistas de Derechos Humanos que vinculan la participación de cuerpos policiales y representantes de una dependencia ministerial.

 

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