IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El domingo 8 de marzo de 2015, tres reporteros gráficos fueron agredidos físicamente por un grupo de aproximadamente 25 sujetos que portaban armas y que se identificaron como simpatizantes del Gobierno Nacional. El hecho ocurrió durante la cobertura de una pauta convocada por el Partido Primero Justicia (PJ) en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela.
Los agresores -que se desplazaban en motocicletas- rodearon a los reporteros, fotógrafos y a los voceros del partido opositor, quienes se encontraban en el terminal terrestre Hugo Chávez Frías de Barcelona, en una rueda de prensa en la que se denunciaba el estado de abandono de 70 autobuses del sistema de transporte gubernamental.
Con sus cascos golpearon a reporteros y fotográfos y a dos de ellos les fueron arrebatadas sus cámaras. La peor parte la llevó el reportero gráfico José “Chicho” Bello, del diario Metropolitano, a quien dieron cascazos y empujones, y una vez en el suelo lo patearon. Resultó con heridas en cabeza, rostro y brazos. También le arrebataron su cámara.
A la fotógrafo de El Norte, Alejandra Upamo, le dieron empujones e intentaron robarle la cámara, y a José Devascocello, fotógrafo de Nueva Prensa de Oriente, a quien apuntaron con un arma de fuego, lo obligaron a borrar las imágenes que había hecho del ataque, bajo amenaza de muerte.
Carlos Landaeta, del Círculo de Reporteros Gráficos seccional Anzoátegui, responsabilizó al diputado Richard Arteaga de PJ por “buscar protagonismo con agresiones, porque jugó con la vida de los periodistas pues los llevó al terreno de la violencia”.
Las agresiones fueron denunciadas ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Este lunes, al reportero gráfico, José “Chicho” Bello, le dieron cita para el examen forense. Posteriormente acudiría a la Fiscalía para hacer la respectiva denuncia.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Richard Arteaga, acudió al Ministerio Público para consignar la queja en la Fiscalía N° 3.
El alcalde del municipio Bolívar, Guillermo Martínez, rechazó los hechos violentos: “Condeno la violencia contra cualquier ciudadano, y más aún por el hecho de que se encontraban en pleno ejercicio de sus labores profesionales”. “Se trata de un hecho aislado. De cada 100 pautas que cubren los periodistas y reporteros gráficos en Barcelona, no salen lastimados en prácticamente ninguna”.
12 AGRESIONES
En menos de ocho meses, el Círculos de Reporteros Gráficos del estado Anzoátegui ha contabilizado al menos 12 agresiones a representantes de los medios de comunicación, mientras trabajan.
El miembro activo de esta delegación y secretario de Comunicación e Información del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Anzoátegui, Alex Vallenilla, mencionó entre las víctimas de los ataques al fotógrafo José Manuel Abreu, en julio de 2014, cuando cubría una protesta de buhoneros; Lenín Núñez quien fue agredido cuando tomaba gráficas en una manifestación en el elevado de Puerto La Cruz.
El mismo Lenín Núñez fue agredido por uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y policías en el sector La Chica de Barcelona, mientras cubría una protesta de trabajadores de la economía informal.
A José Morales, los castrenses intentaron despojarlo de su cámara cuando tomaba gráficas en una cola en Limpiatodo de Puerto La Cruz.
Un fotógrafo de Nueva Prensa de Oriente, así como Rafael Delgado de El Mío, fueron agredidos, el primero a peinillazos, cuando hacían fotos en la acumulación de personas en busca de alimentos en el automercado Le Marché, en Nueva Barcelona.
Ramón Mariño fue perseguido por la policía del estado cuando cubría una manifestación en la Universidad de Oriente.
Otros reporteros también fueron víctimas de ataques mientras trabajaban en las protestas políticas ocurridas durante 2014.
Este hecho se enmarca como una categoría de agresión física y una limitación de acceso a la información pública vinculada a la inseguridad de los periodistas para realizar coberturas en la calle.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Liberad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que los hechos de intimidación contra los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales y coarta severamente la libertad de expresión.
