IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
“Yo se lo alerté cuando estaba la inundación y anda en la misma óptica”, dijo el mandatario en tono amenazante
Miguel Cardoza
San Fernando de Apure
El viernes 06 de mayo de 2016, el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez, emitió comentarios descalificativos y amenazantes, por segunda vez, contra el periodista Carlos Barco Segura.
Durante una inspección de obras en Guasdualito, el mandatario llamó terrorista al comunicador por informar de los riesgos de una hipotética inundación si no se ejecutan los trabajos preventivos, sustentado en declaraciones de dirigentes y vecinos; sumado a ello otras críticas a la gestión gubernamental.
“Es un terrorista y cree que va a seguir actuando impunemente, yo se lo alerté cuando estaba la inundación y anda en la misma óptica (…) no busque sembrar terror, para hacer daño a otro y entonces cabalgar sobre ese daño, eso no funciona mucho hoy en política”, dijo el gobernador Carrizalez, citado en una nota de prensa oficial.
No es la primera vez que la máxima autoridad regional busca descalificar trabajos periodísticos. En el caso particular contra Barco Segura, lo ha hecho con más ahínco desde la emergencia que vivió la referida población fronteriza en julio de 2015, cuando amenazó con emprender acciones legales contra el periodista, por la emisión de mensajes que supuestamente hacen un llamado a la violencia.
En esa oportunidad, varias de las personas damnificadas y la ciudadanía en general se solidarizaron masivamente con el reportero, quien también fue amenazado con ser detenido. Además, la radio donde labora, Fe y Alegría 620 AM – 101.5 FM, fue obligada a nivel nacional a emitir dos horas de noticia y dos de música, para evitar que transmitieran continuamente las quejas de familias que no habían recibido ayuda gubernamental para alimentarse, salir de sus casas o rescatar algunos enseres.
La actitud del mandatario ha sido similar cuando se le cuestiona en trabajos informativos.
Esta alerta a la libertad de expresión representa el uso abusivo del poder estatal vinculado a declaraciones agraviantes con fines intimidatorios por parte de la autoridad en la entidad contra un trabajador de medio.
El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de expresión sin que pueda establecerse censura. De igual manera, el artículo 58 de la normativa nacional consagra el derecho de los ciudadanos a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas.
Las declaraciones agraviantes con fines intimidatorios, así como las presiones directas o indirectas, que pretenden silenciar la labor de los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, de acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre el 1 de enero y el 10 de mayo de 2016, IPYS Venezuela ha registrado al menos 12 declaraciones agraviantes de autoridades públicas en contra de periodistas y trabajadores de medios de información en el país.
