IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 6 de junio de 2013, periodistas denunciaron que en reiteradas ocasiones, funcionarios militares del Hospital Pablo Acosta Ortiz (HPAO) en el estado Apure, región sur occidental del país, han limitado el acceso cobertura informativa a los reporteros Susana Pérez, del Diario Visión Apureña, periódico local privado; Alexander Medina, reportero de Radio Fe y Alegría; y Eduardo Galindo Peña, periodista y secretario Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Apure-Amazonas. El hecho ocurrió en la ciudad San Fernando, capital del estado Apure.
Los funcionarios militares forman parte de la Junta Interventora, cuerpo militar asignado por decreto, entre marzo de 2011 y marzo de 2012, bajo la gestión del Gobernador del estado Apure, Ramón Carrizales. Su función, según información oficial, es realizar inversiones para mejorar los servicios del hospital público, puesto que existía la posibilidad de que el centro asistencial cerrara al público por el cese de sus funciones técnicas.
El 5 de junio de 2013, Susana Pérez, reportera del Diario Visión Apureña, se le negó el acceso a la información y posteriormente fue obligada a salir de las instalaciones del centro asistencial por orden de una funcionaria de la Junta Interventora. Pérez denunció que mujer la agredió verbalmente, cuando ella ingresó a la sala de emergencia para investigar un caso de una persona que había recibido varios impactos de balas.
Alexander Medina, corresponsal de Radio Fe y Alegría, informó a Ipys Venezuela que el CNP, Seccional Apure-Amazonas, se encuentra a la espera de una reunión convocada por la Sub-directora del hospital abordar y encontrar soluciones a las limitaciones que se han impuesto para el desarrollo de la labor periodística
Por su parte, Eduardo Galindo Peña relató a IPYS Venezuela, que hace un mes capturó con su cámara unas imágenes para reseñar un bote de aguas negras debajo del centro asistencial que estaría afectando las áreas aledañas el hospital. También, hizo una entrevista al denunciante, José Antonio Gómez, quien le suministró información sobre la condiciones de insalubridad de esa zona. Al cabo de unos minutos, el periodista fue llamado por Gómez, quien le comunicó que funcionarios de la Junta Interventora lo estaban buscando para interrogarlo.
Medina explicó que el impedimento para que los periodistas puedan ejercer sus funciones se da por supuesta orden del Coronel Jiménez Escalona, presidente de la Junta Interventora, puesto que luego de tres meses de gestión y un paro laboral en el hospital, el funcionario comenzó a limitar el acceso a la información.
El reportero de Fe y Alegría recordó que dos meses atrás, se encontraba tomando unas fotografías afuera de las instalaciones de la morgue del centro asistencial, el cual lleva años sin operar, para reseñar el estado de deterioro de las misma; cuando un funcionario militar le ordenó, por presunta instrucción del Coronel Jiménez Escalona, borrar las imágenes que había captado con su cámara. El periodista se negó a hacerlo, por lo que el funcionario le dijo que se lo llevaría detenido. Al cabo de unos minutos, el militar desistió y el periodista pudo retirarse con las imágenes que logró capturar ese día.
A través de un comunicado el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Apures-Amazonas; rechazó la censura a la cobertura periodística que existe en el Hospital Pablo Acosta Ortiz, puesto que califican las acciones de los funcionarios como una limitante el derecho a la información que vulnera la libertad de prensa.
Asimismo, el gremio hizo un llamado de atención a las autoridades de las instituciones de salud de la entidad y al gobernador Ramón Carrizalez, para que intervengan en este llamado de exhortación a la Junta Interventora del centro asistencial, a fin de que cesen los obstáculos a la labor periodística.
Etiqueta: limitaciones a la cobertura de asuntos público, ataque a las herramientas de trabajo, uso abusivo del poder estatal
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Lea la versión en inglés
Apure: reporters hindered access to cover news in a healthcare facility
On June 6, journalists denounced that on several occasions military officers at the Pablo Acosta Ortiz Hospital (HPAO) in Apure state, in the southwest part of the country have limited the access to cover information to reporters Susana Pérez, of the daily Diario Visión Apureña, a local private newspaper; Alexander Medina, reporter of Radio Fe y Alegría and Eduardo Galindo Peña, journalist and secretary of the National College of Journalists (CNP), Apure-Amazonas chapter. This happened in the city of San Fernando, the capital of Apure state.
The military officers are part of the intervening board, a military corps assigned by decree between March 2011 and March 2012, under the management of Ramón Carrizales, the governor of Apure state. Its function, based on official information, was to make investments to enhance the services in the public hospital because there was a possibility that it might shut down since its technical services were not operational.
On June 5, 2013, Susana Pérez, reporter of the daily Diario Visión Apureña, was denied access to information and was later forced to leave the premises of the healthcare center by a female official of the intervening board. Pérez denounced that the woman assaulted her verbally when she entered the emergency room to investigate the case of a person who had received several gun shots.
Alexander Medina, correspondent of Radio Fe y Alegría, informed Ipys Venezuela that the CNP, Apure-Amazonas chapter is awaiting a meeting called by the assistant director of the hospital to broach this issue and find solutions to the limitations imposed for the journalists to do their job.
In turn, Eduardo Galindo Peña told IPYS Venezuela that a month ago he captured some images with his camera showing a ruptured sewer pipe under the healthcare center that was affecting the areas close to the hospital. He also interviewed the whistle blower, José Antonio Gómez, who gave him information on the unsanitary health conditions in that area. After a few minutes, the journalist was summoned by Gómez, who told him that officials of the intervening board were looking for him to interrogate him.
Medina explained that the impediment for journalists to do their job was due to an alleged order given by Colonel Jiménez Escalona, president of the de la Intervening board, since after three months of management and a lockout/strike in the hospital, the officer started to limit access to information.
The reporter of Fe y Alegría recalled that two months ago he was taking some photos outside the care facility morgue -which has been out of service for years – to show how deteriorated it is, when a military officer ordered him under instructions by Colonel Jiménez Escalona, to erase the images he had captured on film. The journalist refused to do so and the officer told him that he would arrest him. After a few minutes, the military ceased to harass him and the journalist was able to leave with the images he managed to get that day.
Through a communiqué, the National College of Journalists (Apures-Amazonas chapter) rejected the censorship to journalistic coverage at the Pablo Acosta Ortiz Hospital, and qualified the actions by the officials as a limitation to the right to information and a breach to the freedom of press.
Likewise, the union called the attention of the authorities of healthcare institutions in that state and Governor Ramón Carrizalez to intervene in this call to exhort the intervening board to cease and desist on placing obstacles for the journalists to do their job.
Label: limitations to covering affairs of public interest, attack on work tools, abusive use of the state´s power
