IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 18 de julio de 2015, el servicio de Internet y telefonía fija en la sede del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, ubicado a más de 800 metros de la población de Guasdualito, estado Apure, fue restablecido luego que la estación radial permaneciera sin servicio eléctrico por nueve horas el 30 de junio pasado, cuando la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de la región ejecutó cortes del servicio eléctrico, como medida de seguridad para evitar heridos y muertes por electrocución, durante las inundaciones que dejaron al menos 9 mil familiar afectadas.
Carlos Barco, locutor de Radio Fe y Alegría 620 AM, relató a IPYS Venezuela que a partir del 18 de junio, los locutores volvieron a utilizar los servicios de telefonía fija para interactuar con sus radioescuchas y con fuentes consultadas. Durante 19 días y con sus teléfonos celulares en modo altavoz, los locutores emitieron al aire los testimonios de autoridades y habitantes de Guasdualito, que hicieron frente a la crisis.
Barco lamentó que el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez, reiterara las amenazas de acción legal que, desde el 2 de junio de 2015, ha hecho al menos en dos oportunidades en su contra y la labor informativa de Radio Fe y Alegría de Guasdualito, por presuntamente alarmar a la población al presentar las denuncias de los vecinos al aire y por señal abierta. “Ellos (las autoridades) dicen que abrirle el micrófono a la gente me hace cómplice de terrorismo”.
IPYS Venezuela corroboró que el noticiero es transmitido entre las seis y las siete de la mañana, con Carlos Barco, como moderador del espacio, y en el que informa sobre los hechos noticiosos de gran interés para los habitantes de Guasdualito y las poblaciones de los estados Mérida y Táchira.
Se debe recordar que el 9 de julio de 2015, Jorge Arreaza, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, acusó de terrorismo mediático al Instituto Radiofónico Fe y Alegría durante la cobertura informativa que se hizo en los momentos de inundación.
Estas amenazas de acción legal en contra de periodistas y medios de información vulneran el derecho que tiene todo ciudadano para expresar sus opiniones e ideas, a través de cualquier medio sin distinción de fronteras, así como el derecho que tiene de estar informado, establecido en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que las presiones directas e indirectas sobre la información difundida, a través de los medios de comunicación, y que tiene la intención de impedir o limitar el flujo informativo, viola el derecho a la libertad de expresión.
