IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Durante las protestas que se generaron en el núcleo de la Universidad Central de Venezuela en Maracay, el 19 de mayo de 2016, funcionarios de la Policía del estado Aragua retuvieron cámara de video del equipo reporteril del canal de televisión regional TRV, que se encontraba dando cobertura a la situación.
De acuerdo a lo señalado por el periodista Gianni Amador, jefe de fin de semana del diario El Periodiquito, medio que forma parte del grupo comunicacional RR y al que también pertenece el canal TRV, los periodistas Almary Gil, Rhoxana Carrasco y el camarógrafo José Vásquez, ante la violencia generada en las instalaciones de la UCV-Maracay, los estudiantes conminaron a los reporteros a ingresar a la universidad para resguardarlos ya que los policías intentaban ingresar al recinto universitario disparando.
En medio de la delicada situación, algunos funcionarios de la Policía de Aragua obligaron al camarógrafo a entregar su equipo manifestándole que podía retirarlo en la sede de la comandancia general. Los reporteros se mantuvieron resguardados dentro del recinto universitario por más de dos horas, hasta que la protesta culminó.
La situación se generó en horas de la mañana del jueves y no fue sino en horas de la tarde cuando al canal le fue devuelto el equipo, pero sin la memoria donde estaban registrados los hechos de protesta que se originaron en la UCV-Maracay.
El artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su numeral 5 que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. El numeral 9 señala que los hechos de intimidación, amenaza y agresión violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
Se hará seguimiento.
