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El 10 de mayo de 2016, funcionarios militares obligaron al reportero gráfico de El Carabobeño, corresponsalía Aragua, a borrar las fotografías que había registrado durante un procedimiento militar que tuvo lugar en el Terminal de Maracay, ubicado en la ciudad capital del estado Aragua, región central del país.
César Pérez, reportero gráfico de El Carabobeño, tomó varias fotografías de la presunta militarización, luego que contingentes del Ejército, adscritos a la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, bajo la coordinación de la Zona Operativa de Defensa Integral de Aragua (Zodi Aragua), acudieran a la sede del terminal de pasajeros en horas de la mañana.
Pérez recorrió junto a la periodista, Marianela Agreda, las instalaciones del terminal en horas de la tarde para constatar el hecho. Después de varias tomas, tres efectivos militares persiguieron por el pasillo central a los comunicadores, y luego de interceptarlos, obligaron al reportero gráfico a borrar las imágenes, mientras aseguraban que “no podían hacer fotografías”.
“Si no las borras vamos por ti” le dijo uno de los efectivos al gráfico, quien tuvo que borrar el material fotográfico.
La periodista Agreda relató que tampoco pudo acceder a algún tipo de información oficial sobre el procedimiento. Un efectivo militar le notificó que el único autorizado para declarar era el General de División, Jesús Suárez Chourio, Comandante de Zodi Aragua.
Consulte aquí la reseña del G/D Jesús Suárez Chourio, Cmdte. de Zodi Aragua. Cortesía Poderopedia Venezuela.
“No hay información oficial de lo ocurrido esta mañana en el terminal de pasajeros de Maracay, por lo que los periodistas debemos suponer que se trata de una militarización tomando en cuenta el gran despliegue de efectivos y unidades militares dentro y fuera del terminal”, aseguró.
Se presume que el procedimiento militar en el lugar se debió a numerosas denuncias que se han registrado con relación a personas que venden productos regulados con sobre precio en las instalaciones del Terminal.
Esta alerta a libertad de expresión representa una limitación de acceso a la información de interés público, vinculado a un ataque contra las herramientas de trabajo de los comunicadores sociales en pleno cumplimiento de sus funciones y un uso abusivo de poder por parte de efectivos militares.
Entre el 1 de enero y el 10 de mayo de 2016, IPYS Venezuela registra 49 limitaciones de acceso a la cobertura de asuntos de interés público y 14 ataques a las herramientas de trabajo de los comunicadores sociales en el país.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 57 y 58 el derecho que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura. El derecho se encuentra sujeto a responsabilidades ulteriores.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley.
De igual manera, su numeral 9 señala que los hechos de agresión violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
