IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 18 de mayo de 2016, el periodista Reinaldo Campins y el camarógrafo Guerik Solórzano, fueron fotografiados por dos funcionarios de la Policía del estado Aragua, mientras daban cobertura a una protesta vecinal por la inseguridad, que se llevaba a cabo en la calle Los Sauces con Av. Fuerzas Aéreas de Maracay, en el estado Aragua.
El hecho ocurrió cuando los reporteros del canal Televisora Regional de Venezuela (TRV) recogían los testimonios de los vecinos. Una vez que concluyó la denuncia, uno de los funcionarios interceptó al periodista Reinaldo Campins, en medio de improperios soeces y trató de someterlo a la fuerza tomándolo por un brazo.
El periodista solicitó a los funcionarios una explicación por el trato agresivo e irrespetuoso y del por qué se le realizaban fotografías mientras cumplía con su trabajo reporteril. A decir de Campins, los funcionarios sólo pronunciaban descalificativos e insultos, por lo que los propios vecinos intervinieron para exigirles a los efectivos policiales respeto para el periodista y su camarógrafo.
Luego de varios minutos de altercado verbal, los funcionarios de la Policía de Aragua abordaron la unidad y se retiraron del lugar.
Reinaldo Campins manifestó preocupación por el comportamiento de los funcionarios policiales y por el hecho de que lo hayan fotografiado mientras cumplía con su labor reporteril, pues considera el hecho como intimidatorio y represivo.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a un hecho de intimidación contra los comunicadores sociales en el cumplimiento de sus funciones.
Los derechos a la libre expresión y a estar informado se encuentran contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La normativa nacional establece que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información que sea de su interés, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura.
Los hechos de intimidación a los comunicadores sociales, así como la destrucción de sus materiales de trabajo, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan gravemente la libertad de expresión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
