IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 15 de julio de 2013, por supuesto delito de difamación e injuria, Yamal Mustafá, dueño y presidente del Primicia, diario privado de tendencia oficialista, demandó ante un tribunal judicial del estado Bolívar, a David Natera, presidente del Correo del Caroní, periódico privado de Ciudad Guayana; y Andrés Velásquez, dirigente político y diputado de la Asamblea Nacional, respaldado por fuerzas partidistas de oposición. En la demanda presentada, también, se acusó a la reportera Clavel Rangel, quien cubre la fuente laboral en el Correo del Caroní. En la acción legal se solicitó a la instancia judicial una medida de censura para prohibir al Correo del Caroní y a los medios locales difundir informaciones sobre las investigaciones legales que están en curso por supuestos hechos de corrupción en Ferrominera del Orinoco (FMO) -empresa estatal que forma parte de las industrias básicas de Guayana- por los que emprendió esta medida legal.
Hasta el momento de la redacción de esta alerta de IPYS Venezuela, las personas involucradas en la denuncia no habían recibido ninguna notificación formal del tribunal que diera cuenta del inicio de una investigación por este caso.
Contexto
Esta situación se generó en el marco de una serie de denuncias de diversos actores de la entidad sobre hechos de corrupción en la gestión de Ferrominera del Orinoco. Esto produjo la destitución de Radwan Sabbagh, presidente de la institución, que se efectuó el 3 de mayo de 2013, conjuntamente con las autoridades de Sidor y Venelum, empresas básicas que operan en el estado Bolívar. Posteriormente, el 12 de junio, el Presidente de la República Nicolás Maduro, en una alocución oficial anunció la detención del funcionario, por orden del Ministerio Público. El ejecutivo nacional alegó que Sabbagh “está involucrado en mafias por todos lados en las Empresas Básicas, inaceptable que se le dé a un funcionario toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”. De igual manera, se registraron una serie de destituciones y señalamientos de diferentes personalidades de la región en el caso.
El 9 de julio de 2013, Andrés Velásquez, presentó ante los medios de comunicación, en Caracas, copias de las actas del expediente N° 47C-16.156-13 -que se consideran como información reservada- de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), cuerpo de seguridad del Estado con las declaraciones que habían ofrecido Sabbagh, y otros funcionarios de la industria básica a por las averiguaciones que adelantan.
En relación al presidente del diario Primicia y con base al expediente, en esa oportunidad Velásquez dijo: “Hay confesiones del ex presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, en las que señala que Francisco Rangel Gómez (gobernador del estado Bolívar) es su amigo y que todas las decisiones que él tomaba las consultaba con el gobernador del estado Bolívar. También se establece que Yamal Mustafá es quien opera una red de extorsión existente en la Ferrominera Orinoco”. Este documento afianzó las denuncias de la presunta vinculación de Mustafá con las irregularidades en este sector, que venía presentando el diputado Velásquez durante 2013. El Correo del Caroní dio cobertura a las evidencias presentadas por Velázquez.
Por su parte, el 18 de junio, Mustafá sostuvo en una rueda de presentar su versión ante los reiterados señalamientos que lo involucraban en los casos de corrupción de Ferrominera. Dijo que no tenía vinculación con estos hechos, y admitió que había asistido en calidad de testigo a la DIM. Dijo que no había sido detenido.
Entre tanto, Clavel Rangel informó a IPYS Venezuela que desde el mes de noviembre de 2013, a través del Correo del Caroní, le han estado dando seguimiento a las irregularidades de que se producen en esta empresa estatal. Aseguró que desde entonces, se ha iniciado una campaña de difamación contra el medio (http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=174&id_articulo=232940&catid=75)
La demanda
En la querella presentada ante el Tribunal, Yamal Mustafá solicitó a la institución judicial de la entidad que inicie una acción penal contra David Natera y Andrés Velázquez “por ser autores culpables y penalmente responsables de la perpetración de los delitos de DIFAMACIÓN e INJURIA AGRAVADAS EN ACCION CONTINUADA, descritos en los artículos 444 único aparte y 446 último aparte, en relación con lo estipulado en el artículo 99, todos del Código Penal”. El presidente del diario Primicia agregó que estos hechos punibles fueron cometidos en su perjuicio (http://www.primicia.com.ve/public/2013-07-11/cluster_43/0d7cadc66fae95218ca2776769f91e4f1307160956194522.pdf).
La acción legal dejó ver que es un asunto personal entre Mustafá y Natera -quien además es presidente del Bloque de Prensa Venezolano, y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa- y que los periódicos que representan y los periodistas que laboran en ellos, no tienen responsabilidad en este asunto.
Aunque no solicitaron ninguna medida penal en su contra, en la denuncia también, involucraron a la reportera Clavel Rangel, quien le ha dado seguimiento informativo a las acusaciones y declaraciones por el caso de Ferrominera. Además, se considera una medida de descalificación al trabajo periodístico de la reportera, debido que en la querella se explica: “Es un acto de cobardía del ´editor´ DAVID NATERA FEBRES manipular a jóvenes periodistas para pretender descargar en ellos la responsabilidad de las acciones delictiva que de manera reiterada y agravada están cometiendo. Es un daño que le está haciendo tanto a ellos a quienes pretende utilizar como carne de cañón para eludir responsabilidades, como al periodismo en general, y por esta razón decidí excluir de esta acusación a la joven periodista CLAVEL RANGEL, quien está siendo vilmente manipulada por el editor de esta medio de comunicación en decadencia”.
Medida de censura
En la querella se solicita que el tribunal ordene una medida de censura en la que se prohíba al Correo del Caroní y a los demás medios de comunicación de la entidad la difusión de información sobre las investigaciones que se adelantan en el caso de corrupción en Ferrominera del Orinoco.
Como medida de imposición, se insta al Correo del Orinoco a publicar la sentencia condenatoria, de llegarse a aprobar esta demanda.
La acción legal interpuesta por Mustafá, también, cuestionó la utilización de fuentes anónimas para la publicación de información sobre el caso de Ferrominera, por parte del Correo del Caroní. Se criticó la difusión en el diario Correo del Caroní del expediente de la Dirección de Inteligencia Militar, con las declaraciones de las personas que fueron llamadas en calidad de testigo para ofrecer sus afirmaciones en relación al caso de corrupción en Ferrominera del Orinoco.
Sin embargo, según la legislación nacional los periodistas están en su derecho de resguardar la identidad de sus fuentes de información. Además, Clavel Rangel informó a IPYS Venezuela que en la mayoría de sus trabajos periodísticos identifica sus fuentes, y que la única fuente anónima que se involucra en el caso es la que entregó el expediente al Andrés Velásquez, quien presentó las actas de las declaraciones que se filtraron desde la DIM, a los medios de comunicación. En este sentido, se puede entender que la responsabilidad de que se haya filtrado el expediente no compromete la labor del medio y los periodistas.
Precedente
En la denuncia también se hace alusión al encuentro judicial previo a este caso que han tenido Mustafá, en calidad de abogado, y David Natera en representación de las empresas mediáticas, lo que evidencia que esta acción configura una disputa personal entre los dos dueños de medios, que tiene larga data, y que no está relacionada a asuntos de libertad de expresión. En el documento se nombró el conflicto laboral en el que representó Mustafa en calidad de jurista, a una empleada de la Televisora TV Guayana (canal que era propiedad de Natera).
Las acciones judiciales y las medidas de censura que afecten la labor de los periodistas y los medios de comunicación son contrarias a los estándares internacionales de la libertad de expresión. También son violatorios de los preceptos internacionales de este derecho los delitos por difamación e injuria, a pesar de estar estipulados en el Código Penal de Venezuela.
Ante los incidentes presentados en el estado Bolívar, IPYS Venezuela exhorta a las autoridades venezolanas a resguardar integridad de los periodistas, así como garantizar las medidas para que puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas, ni presiones.
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Lea la versión en inglés
Bolívar: Media owner sued in court and gag order requested for investigating corruption charges
On July 15, 2013, Yamal Mustafá, owner and president of Primicia, a private newspaper with an official party tendency, filed a suit for the alleged crime of slander and injury at a judiciary court in Bolívar state against David Natera, president of El Correo del Caroní, a private newspaper of Ciudad Guayana; and Andrés Velásquez, a political leader and national assembly congressman backed by the opposition party . The suit filed also accuses reporter Clavel Rangel, who covers labor-related issues for EL Correo del Caroní. The legal action requested the legal instance to issue gag order forbidding El Correo del Caroní and the local media from airing information on current legal inquiries on alleged corruption charges at Ferrominera del Orinoco (FMO) -a state-owned company which is one of the basic industries in Guayana- this legal measure was taken on.
As of the time of drafting this alert by IPYS Venezuela, the persons involved in the complaint had received no formal notice by the court that implied the start of an inquiry regarding this case.
The Context
This situation arose within the framework of a series of complaints by several personalities of that state on alleged corruption charges in the management of Ferrominera del Orinoco. This led to the destitution of Radwan Sabbagh, the chairman of the institution, on May 3, 2013, together with the authorities of Sidor and Venelum, basic enterprises operating in Bolívar state. At a later date, on June 12, the President of the republic Nicolás Maduro, in an official allocution announced the arrest of the official, by the office of the government attorney. The national executive power alleged that Sabbagh “is involved in mafias all over the place in the basic industries, at it is unacceptable that an official be given the public´s trust and ends up doing businesses with the companies that belong to the people of Venezuela”. Likewise, various persons were removed from their posts and several personalities from the region offered their viewpoints on this case.
On July 9, 2013, Andrés Velásquez presented to the media in Caracas copies of the minutes of file N° 47C-16.156-13 -confidential information- of the Military Intelligence Agency (DIM for its acronyms in Spanish), a state security corps, with declarations offered by Sabbagh and other basic industry officials on the inquiries taking place.
According to the file regarding the president of the Primicia newspaper, at the time Velásquez said: “There are confessions made by the ex-president of Ferrominera, Radwan Sabbagh, stating that Francisco Rangel Gómez (the governor of Bolívar state) is his friend and that all the decisions he made had been consulted beforehand with the governor of Bolívar state. It was also established that Yamal Mustafá is the head man operating an extortion network at Ferrominera Orinoco”. This document reinforced the suspicion on Mustafá´s presumed link with the irregularities taking place in this sector, that congressman Velásquez had been disclosing in the course of 2013. El Correo del Caroní published the evidence presented by Velázquez.
In turn, on June 18, Mustafá held a press meeting to present his version on the repeated allegations involving him in the corruption charges at Ferrominera. He said that he had no links to these events, and admitted that he had appeared as a witness at the DIM. He said that he had not been arrested.
Meanwhile, Clavel Rangel informed IPYS Venezuela that since November 2013, the Correo del Caroní has been following up on the irregularities which are taking place in that state-owned company. He stated that since then, a slander campaign has been ongoing against this media (http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=174&id_articulo=232940&catid=75)
The lawsuit
In the complaint filed at court, Yamal Mustafá requested that the judiciary institution of that state start a criminal suit against David Natera and Andrés Velázquez “for being the culpable and criminally liable authors of the perpetration of the crimes of SLANDER and CONTINUED AND AGGRAVATED INJURY, described in the single paragraph of article 444 and the last paragraph of article 446, as per article 99 of the Criminal Code”. The chairman of the Primicia newspaper added that these punishable events were committed in his perjury (http://www.primicia.com.ve/public/2013-07-11/cluster_43/0d7cadc66fae95218ca2776769f91e4f1307160956194522.pdf).
The legal action showed that this is a personal affair between Mustafá and Natera –who is also the chairman of the Venezuelan Press Block and representative of the Inter-American Press Society- and that the newspapers they represent and the journalists working in them have no responsibility in this matter whatsoever.
Although no criminal charges were filed against her, the complaint also mentioned reporter Clavel Rangel, who has followed up on information on the accusations and declarations in the Ferrominera case. This is deemed as a disqualification to the journalistic work of the reporter, since the complaint states: “It is an act of cowardice by the ´editor´ DAVID NATERA FEBRES to manipulate young journalists and pretend to discharge in them the responsibility of the aggravated criminal actions they are repeatedly committing. It is harmful what they are doing to those they use as cannon fodder to elude their responsibilities, as well as to journalism in general, and for this reason I have decided to exclude the young journalist CLAVEL RANGEL from this lawsuit, who is being vilely manipulated by the editor from this decaying printed media”.
Gag order
The accusation requests that the court order a gag order prohibiting the Correo del Caroní and other media of that state from publishing information on the inquiries advanced in the corruption case at Ferrominera del Orinoco.
A gag measure urges El Correo del Orinoco to publish the verdict of guilty, if this lawsuit is approved.
The legal action filed by Mustafá also questioned the use of anonymous sources for the publishing by El Correo Del Caroní of information on the case involving Ferrominera. The Correo del Caroní newspaper published the military intelligence agency´s file with the statements of persons called as witnesses to offer their statements regarding the corruption charges at Ferrominera del Orinoco and this was highly criticized.
However, according to the national legislation, journalists have a right to protect the identity of their information sources. Besides, Clavel Rangel informed IPYS Venezuela that in the majority of his journalistic work he identifies his sources and that the only anonymous source involved in the case handed in the file to Andrés Velásquez, who presented the minutes of the statements which were leaked from the DIM to the media. In this respect, it can be surmised that the responsibility for the leaks does not compromise the work of the media and the journalists.
The background
Allusion is made in the complaint to the judiciary encounter prior to this case between Mustafá, acting as an attorney, and David Natera in representation of the media companies, which evidences that this action represents a longstanding personal dispute between the two media owners, not related to issues involving freedom of expression. The document named the labor conflict in which Mustafa as an attorney represented an employee of Televisora TV Guayana (a TV channel which was owned by Natera).
Criminal lawsuits affecting the work of the journalists and the media run counter to international standards on freedom of expression.
In light of these incidents which arose in Bolívar state, IPYS Venezuela urges the Venezuelan authorities to safeguard the integrity of the journalists, and guarantee the necessary measures for them to do their job free from risks, threats and pressures.
Label: legal action, intimidation
