IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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De acuerdo al testimonio de León había un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y guardias nacionales
Al reportero gráfico Carlos León, del diario regional Primicia, militares le impidieron realizar una cobertura fotográfica de la quema de un vehículo oficial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), a las 6 30 de la tarde del martes 16 de mayo de 2017, en Ciudad Guayana, estado Bolívar.
De acuerdo al testimonio de León a Ipys Venezuela había un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y guardias nacionales alrededor del vehículo que se estaba incendiando, en el semáforo de la avenida Leofling.
Al bajarse del vehículo para tomar las fotos, León cuenta que cuatro guardias comenzaron a correr hacia él para quitarle la cámara, por lo que se vio obligado a emprender la huida, al temer por su seguridad física.
El periodista de Primicia, José Milano, denunció el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que un grupo de manifestantes durante “el plantón” el 15 de mayo de 2017 obligaron al fotógrafo a borrar las imágenes tomadas de la protesta y lanzaron objetos contundentes contra el vehículo donde se movilizaba el equipo periodístico.
#ALERTA Equipo de @DiarioPrimicia, en #Guayana, fue obligado por manifestantes a borrar fotos. Le lanzaron botellas a su vehículo #15Mayo
— SNTP (@sntpvenezuela) May 15, 2017
Esta alerta representa un uso abusivo del poder estatal para limitar la cobertura de las manifestaciones ciudadanas que se desarrollan en todo el territorio nacional y una acción dirigida a intimidar la labor periodística.
Desde el pasado 18 de marzo hasta el 8 de mayo IPYS Venezuela registró 59 casos de agresiones contra periodistas cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. La GNB es la institución que más vulneraciones ha cometido contra la libertad de expresión, seguida de la Policía Nacional Bolivariana.
También se registraron 18 casos de intimidación, hostilidad y agresiones perpetrados por simpatizantes oficialistas y opositores contra reporteros que cubren las protestas.
Las acciones de cuerpos de seguridad y particulares contra los trabajadores de la prensa es una violación a la libertad de expresión y una actuación contraria a los principios de cualquier sociedad democrática.
