IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Alba Perdomo
El 9 de marzo de 2016, un grupo de periodistas y camarógrafos representantes de los diarios El País, El Confidencial, NTN24, Radio Fe y Alegría, Efecto Cocuyo y Diario 2001 fueron amedrentados por oficiales del ejército que estaban en un sector aledaño a la finca Atena en Tumeremo, al nororiente del estado Bolívar, según relató el periodista Odell López en su cuenta de Twitter. El hecho ocurrió en horas de la tarde.
López cuenta que una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), comandada por el funcionario Zahir Amundaray, los estaba acompañando a la mina, pero en el trayecto los acusó de estar enviando información y les dijo que sí seguían, la comisión se iba a devolver.
Al no haber línea telefónica era imposible mandar textos o hacer llamadas, por lo que negociaron la confiscación momentánea de los equipos de trabajo como cámaras, micrófonos y celulares con tal de ver el sitio. Los equipos fueron devueltos argumentando que ya era tarde y que había helicópteros monitoreando el sector.
Cuando retomaron el camino de vuelta, un contingente del ejército obstaculizó el paso, desenfundaron armas y apuntaron al carro donde se transportaban los periodistas. López relató que les gritaban: “¡bájense, bájense, bájense del carro! ¡¿Qué prensa?!”. Uno de los funcionarios, relató López, estaba muy agresivo y portaba gorra de civil por lo que los periodistas pensaron que no eran militares.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder estatal con fines intimidatorios vinculado a una limitación de hecho a la cobertura de asuntos de interés público.
El artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su numeral 5 que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. El numeral 9 señala que los hechos de intimidación, amenaza y agresión violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
Se hará seguimiento.
