IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 6 de mayo de 2015, la periodista Alexandra Rojas se encontraba supliendo el puesto del conductor de un programa en la emisora local Radio Puerto Cabello, “Mi trabajo es salir a la calle, recolectar las noticias y hacer contactos telefónicos, pero ese día me pidieron que condujera el programa porque no había llegado el periodista asignado y acepté”.
Esa semana en Puerto Cabello —a 131 kilómetros al oeste de Caracas— se desató una contingencia con el suministro de agua. La sequía y los bajos niveles del embalse que surte a la localidad con unos 180 mil habitantes obligó a que el alcalde, Rafael Lacava, decretara una emergencia, relató Rojas.
Las llamadas a la emisora de gente afectada eran “incontrolables”. Rojas, asumiendo el rol de conductora del programa, intentó dar cabida a la mayor cantidad de participantes como fuera posible. “Yo hice mi trabajo y manejé la situación en todo momento. A las personas que estaban protestando con barricadas exigiendo el suministro de agua, les dejé claro que no estaba de acuerdo con esa medida de presión”.
Simultáneamente, en otra emisora local, el alcalde Lacava transmitía su programa de propaganda oficial, un espacio que conduce junto con su equipo político, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Faltando unos minutos para terminar el programa, me hicieron unas señas los controladores: El alcalde te está destruyendo”, comentó Rojas.
De lo que pudo escuchar la periodista, el mandatario estaba ofuscado por la actitud con la que Rojas había dado participación a la gente molesta con el ayuntamiento por la crisis del recurso hídrico. “El alcalde decía que él podía mandar a trancar la calle donde yo vivo. Que yo andaba diciendo cosas por Radio Puerto Cabello”.
REPRESIÓN
Al terminar su participación en el programa, Rojas fue asediada por un grupo de militantes del PSUV. “21 personas fueron hasta la radio. Decían que ‘venían por mi’”. Entre ellos, identificó a José Parada, alto dirigente político de la región y presidente de un instituto oficial de mantenimiento urbano dependiente de la alcaldía. “Me dijo que me había pasado de la raya. Cuando lo único que hice fue darle espacio a la gente que estaba molesta por la situación”.
Una de las mujeres intentó agredir a Rojas. “Iba a golpearme y detuve su mano exigiendo que me respetara”. La periodista aseguró haber recibido numerosos insultos y amenazas por parte del grupo, que estaba bajo la protección de funcionarios de seguridad.
CENSURA
Al día siguiente, Alexandra Rojas no recibió ningún tipo de apoyo de la emisora Radio Puerto Cabello. Lamentó que la dirigencia del medio hubiese preferido no emitir comentarios sobre el incidente. Denunció que se le ha negado un aumento salarial, a pesar que es la única reportera que cumple con varias funciones dentro de la emisora.
La recolección de las pruebas también presentó obstáculos. La radio en la que Lacava intimidó públicamente y desprestigió a la periodista, se negó a otorgarle las grabaciones. “Agradezco que el Colegio Nacional de Periodistas —institución no oficial— porque fue de las pocas organizaciones solidarias”.
Radio Puerto Cabello ha decidido como política editorial no reseñar la crisis de agua en el municipio, perteneciente al estado Carabobo. “Las llamadas de las personas que seguían denunciando fallas en el suministro fueron desviadas”
EXIGE JUSTICIA
Actualmente el caso está siendo procesado en una fiscalía local —Fiscalía 9º de Puerto Cabello—. Hasta el momento Alexandra Rojas, quien denunció a Rafael Lacava y José Parada por violencia de género y sometimiento al escarnio público, no ha obtenido respuesta judicial.
La comunicadora social es egresada de la Universidad Bolivariana—creada por el Gobierno—. Tiene una hija de 10 años y aseguró que teme por su vida. El incidente le ha afectado psicológicamente, hasta el punto que hay veces en las que no puede dormir. “Temo por mi vida y la de mi hija”.
En Venezuela el 91,65% de los casos judiciales que involucran la actuación del Estado o funcionario públicos no proceden, según el informe anual de la Organización No Gubernamental Provea. Rojas exige no ser parte de la estadística y que se haga justicia.
