IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 10 de enero de 2015, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, impidieron a un equipo reporteril del diario El Carabobeño cumplir con sus funciones informativas cuando se disponían hacer una cobertura de una fila de personas en los alrededores de un Abasto Bicentenario, ubicado en el Trigal, estado Carabobo.
Andrews Abreu, reportero gráfico del diario regional El Carabobeño, relató a IPYS Venezuela que se disponía a registrar imágenes de una fila de personas, que esperaban comprar artículos para el hogar, a las afueras del supermercado Abasto Bicentenario del Trigal, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Guardia del Pueblo lo abordaron junto con su compañera, la periodista Beatriz Oliva, y les preguntaron hacia donde se dirigían.
Abreu, quien había guardado su cámara fotográfica en un bolso pequeño, debido a que la cola se encontraba en los alrededores del estacionamiento del supermercado, aseguró que los funcionarios se incomodaron cuando pudieron apreciar su carnet de prensa. En ese momento se acercaron al vehículo que los transportaba e inspeccionaron sus pertenencias. “Me revisaron el koala, hallaron la cámara y vieron todas las fotos que realicé durante el día”, dijo.
Aunque el equipo de prensa había hecho un recorrido en varios supermercados, aseguró que no logró obtener imágenes de filas de personas en ese establecimiento en particular porque los funcionarios milites les pidieron retirarse del lugar.
El reportero gráfico afirmó que los funcionarios se llevaron su cédula (documento de identidad) y la credencial que lo certifica para ejercer el periodismo en el país, luego de que le pidieran vaciar sus bolsillos. Recordó que también revisaron la cartera de su compañera, y posteriormente se los dieron de vuelta.
Esta es la séptima alerta que IPYS Venezuela ha registrado en relación con limitaciones de acceso a la cobertura de asuntos de interés público en los alrededores de supermercados del país por parte de funcionarios de seguridad del Estado y funcionarios de seguridad privada.
El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene el derecho de expresar libremente sus ideas y opiniones, y para ello puede hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
Por otro lado, el numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley.
