IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 24 de mayo de 2015, Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, acusó a los medios internacionales de actuar con impunidad en acciones criminales, como la presunta campaña mediática que se tiene en contra del gobierno venezolano y sus instituciones. Así lo aseguró en una entrevista para el programa, José Vicente Hoy, transmitido por el canal privado Televen.
La canciller, Delcy Rodríguez, declaró para el programa televisivo, que los medios de comunicación tienen “licencia para matar” porque gozan de impunidad en acciones criminales, a través de una presunta política comunicacional con la que se ataca la institucionalidad venezolana. Aseguró que se están analizando acciones judiciales y diplomáticas para actuar en contra de medios de comunicación.
Rodríguez informó que luego de un seguimiento que se hizo sobre medios de información internacionales, durante las diecisiete semanas que han transcurrido de 2015, se “demuestra” que existe una arremetida en contra de Venezuela. Ejemplificó su argumento con el porcentaje de noticias de medios informativos españoles, en los que se evidencia que 71% son noticias negativas; 29%, noticias neutrales; y cero noticias, positivas, en relación con Venezuela.
Por otro lado, afirmó que los medios de comunicación representan “una de las principales trasnacionales que violan los Derechos Humanos”, y por ende, se encuentran estudiando cómo atacar con acciones legales a estos medios desde el punto de vista de que existe una filosofía detrás del poder mediático mundial.
La canciller aseguró que la libertad de expresión no tiene cabida si los derechos de Diosdado Cabello y su familia fueron vulnerado por los medios de comunicación internacionales, como la ABC de España el World Street Journal (WSJ), y medios nacionales, como El Nacional, Tal Cual y La Patilla, que replicaron informaciones en su contra sobre investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Se debe recordar que 22 directivos de medios fueron acusados por difamación agravada continuada, el 12 de mayo pasado, y se les prohibió salir del país luego de que se replicara una información publicada por el diario ABC de España en la que se aseguró que Diosdado Cabello presuntamente era investigado en Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico.
Este hecho se enmarca en uso abusivo del poder estatal vinculado a declaraciones agraviantes en contra de medios de información y amenazas de acciones legales.
