IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 22 de noviembre de 2013, la Defensoría del Pueblo, órgano del poder ciudadano, demandó ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en contra del diario El Universal, de capital privado, alegando que la publicación en primera página de una fotografía que mostraba el cuerpo sin vida de un ciudadano tirado en el suelo, supuestamente son inadecuadas y afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La denuncia que consignó la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes refiere que la fotografía publicada en la edición del 20 de noviembre de El Universal, sobre la muerte de una víctima de secuestro, viola el artículo 74 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), que establece que las imágenes que puedan vulnerar la integridad psíquica de los niños deben tener un sello que advierta sobre su contenido.
“La libertad de expresión no puede ser utilizada como patente de corso para vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reconocidos tanto por la legislación de nuestro país como por la Convención de los Derechos del Niño, siendo que el ejercicio de dicha libertad entraña deberes y responsabilidades especiales, en virtud de lo cual, quien la ejerce se encuentra en el deber básico de respetar los derechos de los demás y hacer frente a las consecuencias que se derivan del uso abusivo de este derecho”, argumentó la Defensoría del Pueblo.
La denuncia fue emitida por la Defensoría del Pueblo luego de que el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres afirmara, el 20 de noviembre de 2013, en una entrevista en el canal privado Venevisión, que la publicación de las fotografía ameritaba el inicio acción legal contra el diario (Ver video)
En 2010, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que la publicación de una fotografía en la primera página del diario El Nacional y Tal Cual en sus ediciones del 13 y 17 de agosto de 2010 sobre el estado de la morgue de Bello Monte, supuestamente violaba los derechos de la infancia estipulados en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna). En 2013, el TSJ desestimó la apelación interpuesta por la defensa de ambos diarios, y por ende determinó que deben cancelar el 1% de su producto interno bruto durante 2009 al Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En 2012, el diario La Prensa de Barinas fue demandado por la Defensoría del Pueblo, por supuestamente violentar los derechos de los menos al publicar fotografías de sucesos. De igual manera, en julio de 2013, la Defensoría del Pueblo demandó al diario La Mañana, del estado Falcón por un caso similar.
Estos casos de demandas han sido acompañados por medidas de censura previa dictadas por los tribunales que prohíben la prohibición de imágenes referentes a hechos de violencia.
Estas acciones se enmarcan en sistemáticos procesos judiciales que amenazan la expresión y la información en Venezuela, de acuerdo a las investigaciones realizadas por IPYS Venezuela.
Este tipo de acciones son contrarias al derecho a la información garantizado en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que afectan el libre ejercicio de la libertad de expresión, y limitan la posibilidad de los ciudadanos de recibir información pertinente y oportuna.
