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Diosdado Cabello amenazó con demandar a medios por denuncia de narcotráfico

El 28 de enero de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, amenazó con ejercer acciones legales contra el diario ABC de España, luego de publicar una información en la que señalan que el presidente del Parlamento está siendo investigado en los Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico. Cabello también amenazó a El Nacional, Tal Cual, impresos venezolanos y el portal digital La Patilla, por haber publicado la información de ABC. Estas acusaciones las realizó en su programa de televisión Con el Mazo Dando, Venezolana de Televisión, en el que también criminalizó a activistas de Derechos Humanos.

Diosdado Cabello aseguró que introducirá una demanda contra el diario ABC por la publicación en su portal digital del artículo “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”,  el 27 de enero de 2015, y en la que se reseñaron declaraciones de varias fuentes -incluyendo a Leamsy Salazar, quien presuntamente cumplió funciones como jefe de seguridad del parlamentario- en las que se le involucra con un  cartel del narcotráfico.

Cabello aseguró que ejercerá acciones legales con el apoyo de un grupo de abogados, y argumentó que un diario no debe publicar información de esa naturaleza sin presentar las pruebas que certifiquen tales declaraciones. Aseveró que se apoyará en lo establecido en la ley para defenderse de estas acusaciones.

“Si la justicia española responde o no responde eso es problema de la justicia española. Pero yo estoy obligado a defenderme”, dijo.

Asimismo aseguró que los directivos los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital La Patilla deben demostrar las evidencias que comprueben  lo publicado en sus páginas. “Claro, tienen que demostrarlo, porque ellos no pueden decir así como así que yo soy narcotraficante y me desentiendo del problema, que ahora digan “no, eso lo sacó el ABC” a mí me resbala”, luego aseguró que será “implacable” y que no lo detendrá “nadie”.

Durante una alocución oficial en horas de la tarde del martes de 27 de enero de 2015, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, rechazó las acusaciones en contra de Diosdado Cabello, señalándolas de formar parte de una campaña internacional que pretende desprestigiar al parlamentario y su Gobierno.

El diario ABC publicó una nota de Jaime González, en la sección Internacionales de su portal web, titulada “Otra vez muy honrados, presidente”, y en la que responde al apoyo que dio Nicolás Maduro al presidente de la Asamblea Nacional.

Otras menciones en la edición de Los Mazazos.  El parlamentario nombró a Marino Alvarado y ex coordinador de Provea,  y Marco Antonio Ponce, director de Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y los señaló por adelantar presuntamente un lobby con el Defensor del Pueblo. Inclusive dijo que Alvarado estaría adelantando procedimientos para resolver problemas con su presunta su nacional colombiana, pues al parecer pretende ser diputado.

También leyó una información de suministrada por “Patriota cooperante” en la que se advierte sobre el uso de comunicaciones encriptadas y el reforzamiento de claves de seguridad en correos electrónicos de organizaciones de ONG, pues asegura que existe un “nerviosismo” por menciones hechas desde su programa sobre el uso de financiamientos y acciones en contra del gobierno de Venezuela.

Este hecho se enmarca en una declaración agraviante vinculada a una amenaza de acción legal contra medios de comunicación social, a través de la principal televisora del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida,  a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. Además, su artículo 9 señala que los hechos de amenaza e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

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