IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 4 de septiembre de 2015, el equipo de prensa de José Ávila, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, publicó un comunicado que recopila las declaraciones del diputado Ávila, en las que vuelve a acusar a César Batiz, editor del portal web de noticias, El Pitazo Informativo y Poderopedia, y al cubano José de Córdoba, corresponsal para América latina del impreso extranjero Wall Street Journal, de haber sido contratados por un grupo de venezolanos, para escribir reportajes que engañen y persuadan al Gobierno de los Estados Unidos (EE UU), con el fin de promover una matriz de opinión que permita ejercer acciones en contra del Gobierno de Venezuela.
A través de una nota de prensa difundida en medios de comunicación, el diputado aseguró que los periodistas fueron contratados por un grupo de venezolanos exiliados en Miami, EE UU, para escribir una serie de reportajes, que formarán parte de la prensa norteamericana, con la intención de vincular a funcionarios del gobierno venezolano, como Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Rafael Ramírez, con delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, y así desacreditar la imagen del Estado Venezolano y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA).
Un día antes, Ávila emitió unas declaraciones en una entrevista en Unión Radio en la que dijo que el “eje Madrid-Miami-Bogotá” seguía activo, a través de los medios de información, y buscan generar un imaginario colectivo, que califica a Venezuela como un estado forajido comandado por una banda de delincuentes.
Cesar Batiz dijo a IPYS Venezuela que estas declaraciones son arbitrarias. Desmiente que reciba remuneraciones salariales que comprometan su labor como periodista. “Yo hago un trabajo independiente, que busca lo que los poderosos quieren ocultar. Defiendo el trabajo del periodismo de investigación, en el que se trabaja en redes nacionales e internacionales para descubrir delitos e irregularidades dentro y fuera de nuestra frontera”.
El artículo 57 de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de expresión sin que pueda establecerse censura.
Las declaraciones agraviantes con fines intimidatorios, así como las presiones directas o indirectas, que pretenden silenciar la labor de los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, de acuerdo con los principios 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
En los primeros siete meses de 2015, IPYS Venezuela ha registrado al menos 36 declaraciones agraviantes de autoridades públicas en contra de directivos de medios, periodistas y trabajadores de medios de comunicación social en el país.
IPYS Venezuela condena este tipo de declaraciones por parte de un funcionario público en contra de periodistas y comunicadores sociales con fines intimidatorios.
