IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
En horas de la noche del 22 de febrero de 2016, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, intentó detener a Rafael Hernández, reportero gráfico del canal de noticias colombiano, NTN24, cuando se encontraba haciendo cobertura de una protesta en el sector Petare del Área Metropolitana de Caracas.
Desde horas de la tarde del lunes, habitantes de la localidad paralizaron el tránsito automotor de la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Urbina, en protesta por la interrupción del suministro de agua en el sector.
El reportero gráfico de NTN24, Rafael Hernández, relató a IPYS Venezuela que, alrededor de una hora, registró parte de una protesta que se desarrolló en las cercanía del Barrio 5 de Julio, en el sector Petare. “Los funcionarios militares no obstaculizaron mi trabajo, al principio. Inclusive, me dijeron que tuviese cuidado. El problema comenzó cuando empezaron a detener a la gente”, dijo.
El reportero se disponía a tomar fotografías de las detenciones cuando un funcionario militar lo tomó fuertemente por el brazo e intentó ubicarlo en un puente cercano a la protesta que se desarrollaba. “El me hamaqueó para llevarme debajo del puente. Eso estaba oscuro, casi no se veía. Otro militar que estaba arriba del puente, le dijo que me llevara preso”, aseguró Hernández.
Durante la situación, el efectivo ordenó al reportero permanecer debajo del puente, para continuar con el procedimiento. Hernández se fue del lugar. Aunque hizo un registro fotográfico de la primera parte de la protesta, no pudo captar imágenes de las detenciones.
Otra limitación.
A finales de noviembre de 2015, Rafael Hernández, en compañía del reportero Harold Martínez, de NTN24, estuvo retenido dentro de las instalaciones de un Pdval, cadena de supermercados, por sujetos que se identificaron como agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que no portaban identificación, luego de que hicieran cobertura a una fila de personas que pretendían adquirir alimentos. Los presuntos funcionarios llamaron a sus superiores y aseguraron que se los llevarían detenidos.
“Nos llevaron a las instalaciones y nos obligaron a borrar los testimonios y las imágenes que habíamos registrado en la cola. Le tomaron fotografía a los carnets de prensa y nos advirtieron que si las imágenes se publicaban, vendrían a buscarnos”, aseguró Hernández.
Luego de dos horas, un funcionario policial del municipio Libertador, intervino y pidió a los sujetos que liberaran a los reporteros.
“En estos momentos, debemos asegurarnos de sentar precedente sobre estas cosas. No hay que dejar pasar nada”, dijo Hernández a IPYS Venezuela.
Con estas violaciones, IPYS Venezuela registra al menos cinco alertas entre 2014 y 2016 que vinculan al reportero, Rafael Hernández:
5 de enero de 2016. https://ipysvenezuela.org/alerta/caracas-empleado-de-sucursal-de-supermercados-y-motorizados-amedrentaron-a-reportero/
11 de junio de 2015. https://ipysvenezuela.org/alerta/caracas-funcionarios-publicos-y-militares-agredieron-a-reportero-grafico-de-medio-internacional/
12 de febrero de 2014. https://ipysvenezuela.org/alerta/caracas-reportero-grafico-de-revista-exceso-detenido-por-funcionarios-del-cicpc/
Este alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a una limitación a la cobertura de asuntos de interés público con fines intimidatorios por parte funcionarios militares.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que todos tienen derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. Además, su numeral 9 señala que los hechos de intimidación y agresión violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
