IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 13 de agosto de 2015, Espacio Público interpuso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de abstención o carencia en contra de Gustavo González López, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, luego de no responder a la petición de información sobre el índice de criminalidad en Venezuela del año 2001 al 2014. La información serviría para “realizar nuestros Informes de este año con motivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. La petición se envió a su despacho en enero de 2015, y fue reiterada en el mes de marzo.
Oswaldo Cali, abogado de Espacio Público, relató a IPYS Venezuela que esta acción legal surge a partir de la negativa del ministro Gustavo González López de entregar información sobre el número de crímenes sucedidos en el país entre 2001 y 2014. Cali aseguró que la petición de información se hizo en el mes de enero de 2015, con el fin de obtener información estadística oficial para la elaboración de los informes que Espacio Público presentaría ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas durante su participación en las sesiones del cuarto examen periódico de Venezuela en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a finales de junio y principios de julio en Ginebra (Suiza).
La negativa del ministro González López para entregar información de interés público y de su competencia representa una violación al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública, consagrados en los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, este hecho viola los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
La organización también demandó a la ministra de servicios penitenciarios, Iris Varela, por no otorgar oportuna y adecuada respuesta a la petición de información que se envió a su despacho en enero de 2015, sobre el índice de muertes, heridos y atención médica de los privados de libertad en cada región del país.
IPYS Venezuela hará seguimiento a este caso.
