IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Entre el 9 y el 13 de noviembre de 2013, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha emitido en alocuciones oficiales reiteradas amenazas de acción legal contra medios digitales privados que difundieron valores especulativos sobre el precio del dólar. El primer mandatario nacional también cuestionó medios impresos privados que reseñaron informaciones sobre la escasez de alimentos e hidrocarburos en el país.
El 9 de noviembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional en radio y televisión, de obligatoria transmisión, el bloqueo de siete páginas web, presuntamente por difundir información falsa sobre el precio del dólar en relación con el bolívar (moneda nacional). Dijo que los portales www.dolartoday.com, www.tucadivi.com, www.lechugaverde.com, www.dollarparadovenenezuela.com, www.dolarparalelo.org, www.preciodolar.info y www.dolarparalelo.tk presentaban el precio “falso” (especulativo) del dólar en relación con el bolívar (moneda extranjera).
En otra alocución oficial, el 10 de noviembre, Maduro acusó a los trabajadores de El Universal, medio impreso privado, de ser “manipuladores y enemigos de la patria”, y previamente mostró el titular: “Rebaja de precios crea caos en los comercios”. La información se refería a los de hechos de saqueo reportados en la tienda de electrodomésticos Daka, en Valencia, estado Carabobo; donde un grupo de personas se llevó sin cancelar 80% de los productos que estaban en exhibición. Por esta información, el Presidente calificó de mentiroso al editor de El Universal, Andrés Mata Osorio, al tiempo que criticó la información que reseñaba un incremento del 62% de inflación en los precios de los equipos del hogar en los últimos 10 meses en el país.
Maduro también rechazó el titular del diario Últimas Noticias “Gentío arrasó con aparatos”, y los títulos de El Nacional “Colas, caos y saqueos por orden de bajar precios” y “Medida sobre electrodomésticos generó colas y saqueos”; en referencia a los conflictos e incidentes de desorden registrados en Valencia y otros estados del país. “Esto demuestra el desprecio que tiene la burguesía por la gente, por el ciudadano de a pie. Vean cómo los califica la prensa burguesa y de derecha en este país”, dijo.
En la cadena nacional del 11 de noviembre de 2013, cuestionó el tratamiento informativo que la Televisora Española y CNN, medios extranjeros, dieron a los hechos de los días 9 y 10 de noviembre cuando se presentaron varios saqueos e intentos de saqueo. Afirmó que estas televisoras pretenden iniciar una campaña mediática mundial contra Venezuela. En la misma línea, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó que “los medios de comunicación del país se encuentran al servicio de los que quieren acabar con la paz, la democracia y el orden que establecen las leyes y la constitución en Venezuela”.
El presidente Nicolás Maduro, pidió a los ciudadanos que no adquirieran los medios impresos de capital privado El Universal, El Mundo y 2001. El Presidente hizo el llamado el 13 de noviembre de 2013, después de que estos diarios publicaran titulares que informaron sobre la inflación y la intervención de los comercios por parte del gobierno.
Después de leer el titular del titular del diario El Universal “La escasez en Caracas es la más alta en 46 meses”, Maduro dijo: “Yo llamo a un boicot contra estos periódicos en la calle, que el pueblo no los compre para demostrarle a ellos dónde está la conciencia, la dignidad y la vergüenza de un país que está dispuesto a levantarse por encima del boicot económico, de la guerra, del robo”.
También criticó el titular del Diario El Mundo, que decía: “Orden de dominar inflación agita al país”, y la primera página del Diario 2001 que reseñaba: “Empleados temen quedar en la calle”, en referencia a los trabajadores de los establecimientos intervenidos. Maduro acusó a estos medios de anunciar golpes de Estado y reiteró a los venezolanos a no comprar estos periódicos “porque –alegó- estos son los periódicos que defienden a la burguesía parásita que lo está robando a usted”.
Constantes descalificaciones Funcionarios de otras instancias del poder ejecutivo se han sumado a las acusaciones del presidente Nicolás Maduro en contra de los medios de comunicación para criticar la presunta guerra psicológica para desfavorecer del gobierno nacional.
El 11 de noviembre de 2013, Delcy Rodríguez, ministra para el Poder Popular de Comunicación e Información señaló en su cuenta de red social Twitter @DrodriguezMinci que los “¡medios impresos privados se colocan al margen de la ley y someten al país a una guerra sicológica sin precedentes!”.
Entre tanto, el 12 de noviembre de 2013, el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), institución adscrita a la Vicepresidencia de la República, Pedro Maldonado, anunció el bloqueo de 50 páginas web anónimas que difundieron valores especulativos sobre el precio de monedas extranjeras con relación al bolívar (moneda nacional). Maldonado aplicó la medida después de que Nicolás Maduro ordenó el 9 de noviembre de 2013, abrir procedimientos administrativos sancionatorios contra 8 proveedores de Internet. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, el 13 de noviembre de 2013, aseveró por su cuenta de red social Twitter @jaarreaza que “la prensa de la derecha demuestra los intereses que defiende, al emprender campaña contra el gobierno y defender a los especuladores”.
Guerra económica Esta situación se viene registrando desde el 6 de noviembre de 2013, cuando Nicolás Maduro afirmó en Cadena Nacional que los titulares de los medios impresos Diario 2001, El Universal y Nuevo País forma parte de una guerra psicológica para generar zozobra en los ciudadanos y desestabilizar la economía del país.
IPYS Venezuela rechaza las acciones de CONATEL en contra las páginas web que fueron bloqueadas por considerarlas como medidas de censura que violan el derecho a la información de los ciudadanos. De igual manera, las averiguaciones contra los proveedores de Internet, y los señalamientos contra los medios impresos privados, representan acciones intimidatorias. Estos incidentes se enmarcan en un sistemático discurso oficial que pretende criminalizar la labor de los medios nacionales e internacionales.
