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Presidente del Parlamento criminalizó a 11 activistas que acudieron a la CIDH

El 26 de marzo de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN) volvió a intimidar a activistas venezolanos que regresaron al país recientemente, luego de haber expuesto la situación general de Derechos Humanos en Venezuela ante la CIDH en Washington, D.C., Estados Unidos. Durante la emisión del programa Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal, Cabello acusó a estas personas de denunciar hechos falsos relacionados con abusos de Derechos Humanos en Venezuela. Además, mostró una fotografía del proceso de inmigración en Venezuela y reveló información de hospedaje y de reuniones que sostuvieron con funcionarios de organismos internacionales de protección de DDHH.

FotoInterna_Diosdado_26.03.2015

Diosdado Cabello,  presidente de la AN, utilizó la información de un “Patriota cooperante”, para acusar  a CarlosCorrea directo de  Espacio Público, Feliciano Reyna, representante de Codevida, Civilis DD HH, Liliana Ortega directora de COFAVIC, Humberto Prado coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Marco Ponce coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Rafael Uzcátegui, coordinador  general de PROVEA, Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello   Marianela Balbi directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), y  el abogado, Carlos Ayala Corao, ex presidente de la CIDH, Quitería Franco, de la Red LGBTI, y Linda Loaiza, quien denunció la violación a sus DDHH.

Durante 6 minutos, el parlamentario acusó a los activistas de hacer denuncias sobre hechos falsos relacionados con abusos de Derechos Humanos en Venezuela entre el 17 y el 20 de marzo de 2015. De igual manera, cuestionó que estas organizaciones denunciaran acciones de espionaje y persecución que se ejerce a través de una red de “Patriotas Cooperantes”, que actúan como un grupo de informantes tácticos, a través de su programa Con el mazo dando.  Se preguntó que quién defiende sus derechos humanos.

Diosdado Cabello nombró los hoteles donde supuestamente se hospedaron los activistas de DDHH y mencionó las reuniones privadas que sostuvieron con organismos internacionales de protección de DDHH. También, mostró una fotografía, supuestamente, de uno de las activistas a su regreso a Venezuela, en el proceso de inmigración en el aeropuerto de Maiquetía. Días antes, los defensores denunciaron a IPYS Venezuela que personas desconocidas les tomaron fotografías y videos, como una forma de hostigamiento.

Este es el cuatro señalamiento  en los últimos dos meses que hace el Presidente del Parlamento contra activistas de DDHH por las denuncias ante el sistema interamericano. Por estas acusaciones, la CIDH exigió al Estado venezolano garantizar la vida e integridad del activista Marco Antonio Ponce, coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad (OVCS). La CIDH instó “a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos”.

En un  comunicado la CIDH expresó para expresar su preocupación por los hechos de intimidación contra las personas que acuden al sistema interamericano de Derechos Humanos.

Estos acusaciones violan el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”.

La ONU ha establecido que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en cualquier Estado “la protección a la reputación debe estar garantizada” en particular, en situaciones, en las que los ciudadanos sean ofendidos por un “funcionario público o persona pública”.

IPYS Venezuela presentó, en enero de 2015, Los mazazos contra los medios y la disidencia, un trabajo periodístico en el que se analizó el programa televisivo, así como la naturaleza de los señalamientos que se hicieron en contra de 165 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que Diosdado Cabello calificó de irregulares entre octubre y diciembre de 2014.

El programa conducido por el presidente de la AN, y transmitido por la principal televisora estatal, ha sido cuestionado por revelar información que compromete el derecho a la privacidad y a la reputación de los señalados, como reseñas de presuntas reuniones cerradas, rutas e itinerarios de viajes, estados de cuentas bancarias, transacciones de propiedades, conversaciones telefónicas, visitas a lugares y eventos públicos.

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