IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 01 de octubre del 2015, Marino Alvarado, ex coordinador general del Programa venezolano de educación- acción en Derechos Humanos (PROVEA) y su hijo de 9 años de edad, fueron secuestrados, atados y robados por tres sujetos no identificados, en su vivienda ubicada en área metropolitana de Caracas.
El hecho se registró aproximadamente a las 5:30 pm cuando Alvarado regresaba de buscar a su hijo en el colegio. Los 3 sujetos que se encontraban dentro del edificio residencial del defensor, lo interceptaron y obligaron a entrar a su vivienda. “Nos ataron, y apuntaron a mi hijo con una pistola”, declaró Alvarado a IPYS Venezuela.
Casa de Marino Alvarado
Los hombres sustrajeron de la vivienda dos laptops, una Tablet, dos teléfonos móviles, una cámara fotográfica y dinero en efectivo. “Me preguntaban por el oro, por las joyas”, dice el ex coordinador. Uno de los secuestradores, en medio de la situación le propinó un golpe con la culata del arma a Alvarado, que le costó tres puntos de sutura en la cabeza.
Los sujetos se marcharon a las 6: 10pm aproximadamente, dejando al defensor de DDHH y a su hijo, maniatados. Así, a las 10:30 pm una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se trasladó al lugar de los hechos, para realizar las pesquisas correspondientes.
Posteriormente, Alvarado rindió declaraciones y formalizó la respectiva denuncia en la comisaria del CICPC de Simón Rodríguez. También ofreció declaraciones el día 05 de octubre del 2015, en la parroquia de la Universidad Central de Venezuela, durante la rueda de prensa de las ONG en contra del ataque a defensores de Derechos Humanos, donde responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello de cualquier ataque a su integridad física, como lo hizo ya lo hizo en un tweet publicado el 22 de agosto pasado.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que hay un discurso de odio desde el Estado contra defensores de DD.HH. “¿Qué si tenemos temor? Sí, mucho temor, porque sabemos de lo que son capaces”, dijo.
Al exponerte, pueden atacarte, dijo Alvarado, haciendo referencia a los continuos pronunciamientos del defensor, en boca del Diosdado Cabello, en su programa semanal transmitido por el canal del estado, Venezolana de Televisión, “Con el mazo dando”. “Cualquiera puede pensar que hace “patria”, al atacar a un “antipatriota”, expresó el miembro de PROVEA.
Así, el Presidente Nicolás Maduro arremetió el viernes 21 de agosto pasado, contra Marino Alvarado, por acusarlo de promover la xenofobia con la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y sus constantes comentarios contra los colombianos.
En una imagen publicada en las redes sociales de Provea, la ONG compara a Maduro con el controversial precadidato republicano a la presidencia de los EEUU, Donald Trump, por los operativos militares conocidos como OLP en urbanismos de Misión Vivienda y en barriadas populares. Por ello, Maduro aseguró que el director de Provea, Marino Alvarado, “es un infiltrado de la Cuarta República por Bandera Roja” que recibe el financiamiento del gobierno estadounidense. “(Provea) es una organización política, que le ponen “ONG” para financiarlo y ponerlos a hablar en el mundo y Venezuela. El partido político Provea, financiado por el gobierno de EEUU y Marino Alvarado, quien trabajó para los servicios políticos de la IV República”. Además, aprovechó la oportunidad para aclarar que “no soy anticolombiano, lo digo y lo repetiré mil veces (…) Estar contra el descuartizamiento, el bachaqueo la guerra económica, el ataque contra la moneda, es ser provenezolano”.
Los discursos de odio contra defensores de derechos humanos se han convertido en una conducta regular de altos funcionarios del gobierno venezolano quienes exponen y criminalizan la actividad de los activistas en el país. Entre 2014 y 2015, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha empleado, de forma recurrente, el sistema nacional de medios públicos para criminalizar la labor de activistas y organizaciones. Esta conducta se ha intensificado a raíz de la participación de las ONG de derechos humanos en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en otros escenarios de evaluación y monitoreo a la situación de los derechos humanos en nuestro país.
La Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, consagra la “necesidad y obligación de los Estados de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor”. Asimismo, en un contexto creciente de amenazas y criminalización de las actividades de las ONG, la CIDH ha expresado su alarma ante los continuos actos de intimidación y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, y ha instado al Estado venezolano a garantizar que las ONG puedan ejercer sus labores en un entorno libre de amenazas y obstáculos.
https://www.youtube.com/watch?v=o7OwcQRtFHA
