IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 6 de marzo de 2014, el juzgado vigésimo noveno del Área Metropolitana de Caracas admitió la demanda interpuesta por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, en contra del diario Tal Cual y el articulista Carlos Genatios por la publicación de un artículo de opinión sobre la situación de inseguridad en el país, publicado el 18 de enero, y en el que se le atribuyó la frase: “Si no les gusta la inseguridad, que se vayan del país”. También se dictaron medidas cautelares para la junta directiva del medio impreso, razón por la que pueden salir del país, bajo orden de presentación cada 8 días en Tribunales.
Humberto Mendoza de Paola, abogado defensor del diario Tal Cual, relató a IPYS que la jueza Bárbara César, a cargo del juzgado vigésimo noveno del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional el 24 de febrero pasado. Aseguró que por primera vez en la historia de la jurisprudencia venezolana que un juez admite una demanda de difamación agravada contra un articulista reconocido, como Carlos Genatios, Teodoro Petkoff, director del medio; y los miembros de la junta directiva de la Editorial La Mosca Analfabeta, C.A conformada por ; Manuel Guyana; Francisco Layrisse; Juan Antonio Golía, puesto que estos últimos no son participes del comité editorial ni el comité de redacción, sino que se encargan de establecer presupuestos financieros y el salario de los trabajadores, y de rendir cuenta en la Asamblea Nacional (AN).
Mendoza de Paola también afirmó que la jueza admitió las medidas cautelares solicitadas que prohíben a los demandados salir del país bajo orden de presentación cada 8 días en los tribunales.
Asimismo, considera que con esta medida se pretende amedrentar a la junta directiva del medio de información para procurar el cierre definitivo de Tal Cual o que se cambie la línea editorial del periódico; hecho -aseguró- que no va a pasar en ningún escenario.
La admisión de esta demandan por difamación agraviada, y especialmente la admisión de las medidas cautelares que prohíben a los directivos de Tal Cual y Carlos Genatios viola el derecho constitucional al debido proceso y a la presunción de inocencia garantizados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establecen que “toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”.
Asimismo, la decisión de medida cautelar fue tomada sin que los demandados tuvieran derecho a defenderse previamente y/o presentar pruebas, razón por la que también se viola el derecho de presunción de inocencia, establecido en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal.
Las condenas que privan de la libertad por los llamados “delitos de opinión” son contrarios al derecho a la libertad de expresión e incentivan a la censura, puesto que los mismos pueden ser conocidos o sancionados con penas administrativas, como por ejemplo multas administrativas. Así lo estipula la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en sus numerales 10 y 11:
10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
