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Cicpc allanó radio e interrogó a periodistas en Apure

  • Gobernador incriminó a comunicador en hechos violentos por estar en el lugar de la noticia

Al menos 3 entidades bancarias fueron destruidas en Guasdualito tras las protestas del viernes 16 de diciembre, luego que se reportara la falta de efectivo y la prohibición de cambiar billetes de 100 bolívares. Foto Twitter.

 Miguel Cardoza/IPYS Venezuela
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuerpo de seguridad del Estado, allanaron la sede de Radio Fe y Alegría 620 AM y 101.5 FM en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, la mañana del sábado 17 de diciembre de 2016.

En principio se intentaba ejecutar el procedimiento sin una orden formal, pero ante la solicitud realizada por el equipo de guardia en la emisora, los agentes presentaron una comunicación oficial.

La acción fue justificada en una declaración del dirigente político de Marea Socialista y ex diputado del Consejo Legislativo regional, Freidman Páez, donde hizo un llamado a la resistencia.

Al momento de llegar los funcionarios conminaron a los periodistas Carlos Barco Segura e Isaura Ramos a ir a declarar ante la sede del cuerpo detectivesco, no obstante, ellos se negaron. Luego de más de una hora formalizaron el requerimiento y los reporteros -ambos muy conocidos y queridos en la población- acudieron a la sede del organismo.

La intención del procedimiento era obtener información sobre la cobertura noticiosa de los hechos ocurridos en Guasdualito el viernes 16 de diciembre, día en el que fueron saqueados los bancos Bicentenario, Venezuela y Sofitasa, además de atacadas la sede de la alcaldía.

Un fiscal del Ministerio Público (MP) y el Obispo de Guasdualito fueron garantes de que los comunicadores no fueran detenidos.

Curiosamente, al momento de llegar, los agentes actuantes se presentaron con supuestos “testigos” de los hechos, aunque el trabajo reporteril es público, además estar en el lugar de los hechos –mientras pueda- es la premisa de cualquier periodista en el mundo.

Incriminación y desprestigio

El gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez, publicó este domingo en su cuenta de Twitter @RCarrizalezPsuv una fotografía con círculos rojos, señalando con nombre y apellidos a ciudadanos, dirigentes y al periodista Carlos Barco, cuando se encontraban en el lugar de los hechos, minutos antes de generarse los disturbios.

Pese a que claramente se observa al comunicador hablando por teléfono, sin ninguna actitud ilegal, el mandatario regional lo identificó como miembro de la #Derechamalandra, representando esto una clara incriminación en un hecho punible y sometiéndolo al escarnio público por solo estar presente en el sitio de los sucesos.

Esta no es la primera vez que señalan la radio Fe y Alegría en Guasdualito, y a sus trabajadores, luego de la cobertura sobre hechos de interés público que dan espacio a la crítica gubernamental.

El 3 de julio de 2015, luego de una serie de informaciones difundidas por esta radioemisora sobre las inundaciones ocurridas en el Alto Apure, a finales del mes de junio de ese mismo año, el gobernador Carrizalez amenazó con emprender acciones legales en contra del locutor Carlos Barco  por considerar que emitía mensajes que incitaban a la violencia vinculándolo con el delito de terrorismo mediático. El señalamiento provocó la reacción de Jorge Arreaza, vicepresidente de la República para ese momento, quien también criminalizó la cobertura de los hechos ocurridos.

Un año después, el 6 de julio de 2016, el locutor Barco y el periodista Miguel Cardoza fueron señalados por el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Apure, Orlando Zambrano, de formar parte de una campaña mediática al dar cobertura a los testimonios de expertos y habitantes de Guasdualito ante las lluvias que cayeron para la fecha en el sector.

Libertad de expresión

 Estos hechos representan un uso abusivo del poder estatal que vincula la función policial con hechos de hostigamiento, así como una campaña de agravio promovida a través de cuentas de redes sociales de funcionarios del Estado en contra de periodistas y comunicadores sociales.

IPYS Venezuela expresa su preocupación por el efecto inhibidor que estas acciones pueden originar en directivos de medios, reporteros y fuentes informativas por temor a represalias penales y administrativas.

Entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2016, esta institución registra al menos 35 hechos que vinculan la función militar y policial con limitaciones a la cobertura periodística, así como 24 detenciones arbitrarias contra periodistas en el cumplimiento de sus funciones.

El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de expresión sin que pueda establecerse censura. De igual manera, el artículo 58 de la normativa nacional consagra el derecho de los ciudadanos a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas.

Las declaraciones agraviantes con fines intimidatorios, así como las presiones directas o indirectas, que pretenden silenciar la labor de los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, de acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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