IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el estado Aragua y efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, impidieron el acceso de periodistas y reporteros gráficos de la región a las instalaciones del ente electoral, en donde se lleva a cabo la jornada de validación de firmas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
La denuncia fue formulada el martes 21 de junio de 2016 por varios periodistas que acudieron a dar cobertura al segundo día de la jornada y que se encontraron con la negativa de los funcionarios electorales y efectivos militares en permitirles ingresar a la sede del CNE, ubicado en la zona industrial de San Jacinto en Maracay.
De acuerdo a lo señalado por los comunicadores contactados para esta denuncia, se les alegó que por medidas de seguridad y ante el congestionamiento que se ha presentado en el ente comicial por la masiva asistencia de firmantes que acudieron a validar sus rúbricas, la directora del CNE Aragua, Neyra López, había girado instrucciones de no permitir el ingreso de los medios de comunicación social.
La corresponsal de IPYS Venezuela en la región intentó infructuosamente contactar a la directora Neyra López para conocer de primera mano las razones por las que se les impidió a los periodistas de la región acceder al ente comicial y dar cobertura al evento que se desarrolla en todos los estados del país.
Igual gestión realizó el Colegio Nacional de Periodistas seccional Aragua a través de su secretaria general Amira Muci, pero resultó imposible establecer comunicación directa y telefónica con la directora del CNE en la región.
Efectivos militares y funcionarios electorales alegaron ante los periodistas, que luego del lanzamiento de una granada de mano en la sede del diario El Aragüeño, ubicado a escasos 100 metros del CNE Aragua, las medidas de seguridad se habían reforzado y restringido el acceso al ente electoral.
Luego de la insistencia de los reporteros y periodistas, se les permitió acceder solo hasta las carpas dispuestas para la atención médica, ubicadas frente a la sede del CNE y desde allí realizar el trabajo reporteril.
El hecho se enmarca en el uso abusivo del poder estatal vinculado a una limitación arbitraria de acceso al lugar que impide la cobertura a periodistas y trabajadores de medios de asuntos de interés público.
Los derechos a la libre expresión y a estar informado se encuentran contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La normativa nacional establece que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información que sea de su interés, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura.
El numeral 4 de la Declaración de Principios sobre libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”. De igual manera, el numeral 5 señala que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida con la ley.
