IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La acción judicial se inició luego de que la periodista publicara el 18 de octubre de 2004, en su columna “Factores de Poder”, una fotografía en la que se observa a un funcionario militar con un fusil en la mano al lado del cadáver de un civil. El pie de foto decía: “Jesse Chacón sobre el cadáver del vigilante de Venezolana de Televisión […] Esta parte de su historia seguramente está en el currículum tomado en cuenta para ser nombrado ministro del Interior”. La columna hacía referencia a la toma de la televisora estatal, el 27 de noviembre de 1992, dirigida por el funcionario durante un fallido intento de golpe de Estado.
El ministro reconoció que participó en la toma de VTV pero aseguró que él no es la persona que aparece en la fotografía ya que ese día llevaba un uniforme distinto. El 29 de noviembre de 2004 introdujo una demanda penal contra Poleo por difamación.
El viernes 18 de marzo de 2005 se produjo una audiencia de conciliación, presidida por Barreto, en la que no se logró ningún acuerdo. El juicio oral se inició el miércoles 6 de abril e 2005 y concluyó en menos de una semana.
El abogado de la periodista, Négar Granado, informó al IPYS que en el juicio “no quedó plenamente probada la acusación hecha por el ministro” y que dentro de 10 días ejercerán un recurso de apelación para impugnar la decisión judicial. Entretanto, la periodista permanece en libertad.
Poleo también deberá pagar los costos generados por el proceso judicial y publicar el texto íntegro de la sentencia en El Nuevo País y otro diario de circulación nacional. Aunque la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos (leyes de desacato) atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, el Código Penal de Venezuela establece multas y penas de prisión para los delitos de opinión, como la difamación y la injuria.
Acciones recomendadas:
Enviar comunicado al Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, solicitando que se reconozca en Venezuela las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación con las leyes que penalizan los delitos de opinión.
Dirigirse a:
Isaías Rodríguez
Fiscal General de la República
Teléfono: (+58-212) 5098062
Fax: (+58-212) 5764419
