IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Los reporteros estuvieron retenidos durante 15 minutos y les hicieron vaciar sus datos personales en una planilla
Giulio García/ Equipo IPYS Venezuela
Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGIM) retuvo al periodista Gregory Jaimes y al camarógrafo Giovanni Molina, ambos trabajadores de Notiminuto y los obligaron a borrar una entrevista que tenían sobre el allanamiento a las oficinas centrales de Odebrecht Venezuela.
Jaimes confirmó a Ipys Venezuela los hechos. Comentó que la tarde del 14 de febrero llegó a la torre Humboldt, ubicada en la Avenida Río Caura del sector Prados del Este, municipio Baruta, junto con su camarógrafo para realizar una entrevista a la consultora jurídica de la firma brasileña. Gregory se percató que varios agentes del DGIM se encontraban en el interior de la sede de Odebrecht. Al momento de retirarse, el camarógrafo Giovanni Molina hizo tomas de uno de los agentes quien al percatarse de que estaba siendo grabado les ordenó entrar en las oficinas para ser interrogados.
El funcionario militar preguntó al equipo de periodistas de Notiminuto qué hacían en el sitio. Luego de una breve explicación del reportero, el agente les dijo: “si ustedes me grabaron tendrán que borrar todo lo que tienen ahí”. Revisó la cámara y les exigió eliminar el material que grabaron, tanto donde él salía como la entrevista a la abogada.
El periodista se negó a eliminar el material registrado alegando que estaba en su derecho y que el agente necesitaba una orden judicial. El militar lo amenazó con obtener una orden de una juez, sin mencionar su nombre, con el fin de eliminar los videos y retener los equipos. Ante esta amenaza, Jaimes decidió borrar su material, debido a que los equipos no estaban asegurados.
Los periodistas estuvieron retenidos por 15 minutos y les pidieron sus cédulas de identidad y el carnet del medio de comunicación para el que desempeñan funciones. A Jaimes, además, le pidieron el “Carnet de la patria”, un documento creado recientemente por el Ejecutivo para censar a la población en los programas sociales del gobierno.
El funcionario obligó al reportero a vaciar una planilla con sus datos personales: nombre completo, cédula de identidad, dirección de residencia, números de teléfono y medio para el que labora.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder Estatal vinculado a funciones de los cuerpos de seguridad del Estado con fines intimidatorios y un ataque contra las herramientas de trabajo.
Esta práctica que involucra a funcionarios del Estado constituye una violación al derecho a la libertad de expresión e información garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y son contrarios a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que plantea que las amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
