IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Representantes del movimiento Pro Ciudadanos denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional y la Conferencia Episcopal Venezolana el traslado arbitrario del periodista venezolano Leocenis García a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, ciudad capital, luego que fuese revocada la medida de casa por cárcel, el 4 de julio de 2016. El periodista recibió una boleta en la que se le notificó que la orden de anulación se debía por “incumplimiento de acudir al llamado del Tribunal para el inicio del juicio oral y público” y en su lugar se decretara una “medida judicial preventiva de privativa de libertad”.
Yisel Soares Padrón, representante legal de Leocenis García, informó que se desconocen los motivos del traslado, puesto que el Tribunal solo puede revocar la medida de arresto domiciliario solo si se incumplen tres normas establecidas: 1) incumplimiento de la medida de presentación, 2) negativa de acudir al llamado del tribunal y 3) ausencia del sitio de reclusión.
Soarez afirmó que la orden es absurda al alegar la no comparecencia, debido a que García “tiene una orden de apostamiento y es vigilado constantemente por funcionarios del Sebin y la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”.
Aseguró que el día del traslado acudió a tribunales entre las once de la mañana y las dos de la tarde, con el fin de notificar al tribunal que no se había designado a un fiscal para la causa del periodista, puesto que la fiscal Narda Sanabria fue recusada por la defensa, el 15 de junio pasado, luego de que emitiera públicamente señalamientos difamatorios en contra del periodista @leocenisoficial, a través de la red social, Twitter.
Sanabria habría emitido estos señalamientos luego que Soares denunciara a la funcionaria ante el despacho de Inspección y Disciplina del Ministerio Público (MP), luego de estar presuntamente vinculada con una serie de irregularidades durante la investigación.
El Traslado
Luego de que Soares notificara la recusación de la fiscal, el 4 de julio de 2016, la juez Milagros Herrera Abache ordenó el diferimiento del juicio para la tarde del 25 de agosto de 2016. No obstante, la juez revocó ese mismo día la medida cautelar de arresto domiciliario por medida privativa de libertad, con la que se ordenó la captura y aprehensión de Leocenis García, cuando se encontraba en su residencia con apostamiento policial y vigilia del Sebin.
Diez días después de su detención, el 14 de julio, la abogada pudo tener acceso al periodista. Soares informó que García se encuentra en un sótano incomunicado y sin luz. “Tememos por la salud de Leocenis, debido a que padece de siete patologías del sistema digestivo”, dijo.
Leocenis García fue detenido en 2013, luego que fuese denunciado por el diputado Julio Chávez ante el Ministerio Público (MP) por legitimación de capitales, operación ilícita cambiaria y elusión Fiscal. Por este hecho, el periodista fue detenido y las ediciones de los productos mediáticos del Grupo 6to. Poder, presidido por García, fueron paralizadas. García inició una huelga de hambre para que fuese juzgado en libertad.
El periodista bajó de 90 a 59 kilos y fue trasladado a un hospital para su recuperación. El 9 de abril de 2014, el Tribunal Undécimo procedió, por orden del fiscal, acordar una revisión de medida de arresto bajo detención domiciliaria.
Las ediciones volvieron al mercado en diciembre de ese año.
En 2011, el editor del Semanario 6to. Poder fue acusado por los delitos de instigación al odio, vilipendio contra funcionarios públicos y ofensa a la mujer, tras la publicación de un fotomontaje en el semanario 6to Poder que mostraba los rostros de las titulares de los poderes del Estado, bajo las órdenes del presidente Hugo Chávez, para ese momento, en cuerpos de cabareteras.
Reacciones
El traslado del periodista Leocenis García a El Helicoide fue calificado por representantes de Pro Ciudadanos como parte de las acciones arbitrarias ejercidas contra el periodista, luego de pronunciarse públicamente sobre temas de interés nacional.
A través de una nota de prensa del movimiento se informó que Méndez Fabbiani, vocero principal de Pro Ciudadanos, aseguró que García es perseguido por “difundir un documento sobre el diálogo y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que planteaba violaciones cometidas por el gobierno nacional”.
Representantes de la organización ProCiudadanos se encuentran denunciando, ante instituciones y organismos internacionales, las irregularidades que han seguido el caso del periodista venezolano en los últimos días, entre ellos, la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional (sede de España) y la Conferencia Episcopal Venezolana.
Diego Arria, ex diplomático venezolano, publicó a través de su cuenta de Instagram una carta manuscrita firmada por Leocenis García en la que dice: “Querido Diego: no he necesitado tener informes. Sabía de antemano que estabas luchando como siempre, no por mí, sino por el país y su libertad. Mantengo intactos mis principios. No puede haber diálogo con hambre y persecución política. Hazle llegar mi abrazo al valiente Luis Almagro, convertido en un héroe de los cientos de presos políticos que yacen en este lugar donde reina la sombra”.
La carta fue enviada desde la sede del Sebin, donde el periodista permanece detenido.
Acceso al documento que presuntamente motivó el traslado del periodista Leocenis García a la sede del Helicoide:
Este hecho representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a las funciones del tribunal y de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado.
Basados en la normativa nacional, el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley.
IPYS Venezuela hará seguimiento.
